La Nueva República terminó. Cualquier análisis honesto de la situación brasileña actual debería partir de esta constatación. El modelo de redemocratización brasileño, que duró 30 años, se basaba en un cierto equilibrio producido por el inmovilismo.
Desde el momento en que Fernando Henrique Cardoso (FHC) se sentó con Antônio Carlos Magalhães /1/ (ACM) y el Partido del Frente Liberal (PFL) /2/ para establecer la “gobernabilidad”, la suerte de la Nueva República estaba sellada. Frentes heteróclitos de partidos deberían ser montados acomodando antiguos tránsfugas de la dictadura y políticos venidos de la oposición en un gran pacto motivado por trueques fisiológicos, loteo de cargos públicos y violencia social brutal.
El resultado fue un sistema de frenos que transformó a los dos mayores grupos opositores de la dictadura (el PT y el núcleo más consistente del PMBD, es decir, lo que dejó el PSDB) en gestores de la inercia. Con una “gobernabilidad” como esa, las promesas de cambio sólo podrían generar resultados muy por debajo de las expectativas despertadas.
Pero la Nueva República tenía también un cierto principio de contención por visibilidad. En el auge de la era FHC, José Arthur Giannotti acuñó la expresión “zona gris de la amoralidad” para hablar de aquello que entendía ser un espacio necesario de indeterminación de las reglas al interior de la llamada democracia con su “gestión de recursos escasos”.
Esa zona de amoralidad, incluso tácitamente aceptada, debería saber respetar una cierta “línea de tolerancia”, presupuesta en la opinión pública. Había cosas que no debían aparecer, bajo pena de provocar la indignación nacional.
Gianotti creía hablar de la esencia de la democracia, pero estaba, en realidad, ofreciendo involuntariamente el modo de funcionamiento de las miserias de la Nueva República: un acuerdo fundado sobre una zona gris de moralidad resultante de disfunciones estructurales y democratización limitada.
Eso mismo, sin embargo, es cosa del pasado. El primer síntoma del fin de la Nueva República es la pura y simple gansterización de la política y la brutalidad de las relaciones sociales. No hay más “línea de tolerancia” que respetar, pues no es ya necesario un “pacto por el inmovilismo”.
Pacto presupone negociación entre actores que tienen fuerza y quieren cosas distintas. Pero todos los principales actores políticos de la Nueva República ya están neutralizados en su riesgo de cambio. Los que no quieren la misma cosa no tienen como transformar su deseo en acción.
Así, como no hay más línea de tolerancia a respetar, lo otrora impensable puede ser mostrado, en tanto que sirva para desestabilizar el gobierno de turno.
Por ejemplo, fue como en un sindicato de mafiosos que el Congreso Nacional y su presidente actuaron la semana pasada al convocar para una CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de fantasía, a la abogada defensora de los denunciantes de la Operación Lava Jato /3/, con el propósito de intimidarla.
De todas formaras, sólo una política mafiosa pude aceptar que el presidente de la Cámara sea acusado de usar su cargo para, pura y simplemente, intimidar a la Justicia, como si estuviese en la Chicago de los años 1930.
Dilma creía estar en la Nueva República al rifar su gobierno entre los economistas liberales. Su cálculo era: “Si yo garantizo que no habrá ningún cambio drástico de ruta, seré preservada en el gobierno”. Ese razonamiento, sin embargo, no sirve más.
Como es ahora indiferente saber quién está en el gobierno, porque todos saben que ningún cambio drástico de ruta vendrá, la rifa de Dilma no garantiza su supervivencia.
En un contexto de crisis de esa naturaleza (y antes de ser económica, la crisis brasileña es política, es la señal del fin de una era política) la única solución realmente posible sería caminar a lo que podríamos llamar el “grado cero de la representación”.
No hay hoy, más actores políticos en Brasil. Los principales fueron probados y fallaron, y es deshonestidad intelectual creer que un simple cambio de presidente cambiará algo. Por eso, el poder instituyente precisa representarse directamente, con el mínimo de representación posible. Al presentarse en tanto tal, el poder instituyente puede impulsar un proceso de constitución de nuevos actores y nuevas formas.
El parlamentarismo tiene la posibilidad de convocar a elecciones generales en situaciones de crisis. El presidencialismo brasileño requeriría de cierta flexibilidad para, en el caso, convocar a elecciones generales teniendo en vista, entre otros objetivos, la disolución de este Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente capaz de refundar la institucionalidad política nacional.
Asamblea para la cual podrían presentarse candidatos independientes, fuera de los partidos políticos, con control estricto del poder económico., La salida de la crisis no se dará por medio de conchabos entre bastidores, sino por la radicalización de la democracia. Como ya dije antes, hay horas donde se necesita dejar que los muertos entierren a sus muertos y seguir otro camino.
Notas:
1. Antônio Carlos Magalhães, senador y gobernador de Bahía por largos períodos y caudillo conservador de gran influencia nacional
2. PFL, Partido del Frente Liberal, es el principal partido de la derecha brasileña.
3. Operación Lava Jato es la investigación promovida por Dilma Russeff de la corrupción en torno a Petrobras.
Vladimir Safatle es profesor da Facultad de Filosofía de la Universidad de San Pablo y autor del libro A esquerda que não teme dizer seu nome.
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