El CELS reclamó a Provincia de Buenos Aires "políticas activas" contra la violencia institucional
Es a raíz de la condena a diez años de prisión para el policía Julio Torales, hallado culpable por torturar a Luciano Arruga antes de su desaparición. "Es necesario que este fallo tenga consecuencias concretas en las políticas públicas", reclamó.
El comunicado reflejó que el fallo que condenó a Torales "ratifica las denuncias: el joven era víctima de hostigamiento y violencia policial" y habló de una centralidad de la valoración del fallo para la lucha contra la impunidad cuando se denuncia violencia institucional, casos en los que con frecuencia el sistema judicial desacredita los testimonios de las víctimas y sus familiares, tal como ocurrió con la familia de Luciano durante muchos años.
"Es necesario que este fallo tenga consecuencias concretas en las políticas públicas de seguridad que garanticen la no repetición de estas prácticas", afirmaron desde el organismo, y reclamaron con énfasis a las "máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires" que no pasen por alto que "en el curso de una semana, dos tribunales de la provincia condenaron por tortura a 5 ex funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense".
"En el caso del asesinato de Patricio Barros Cisneros, y a un ex integrante de la Policía Bonaerense en el caso de las torturas a Luciano Arruga. Se trata de decisiones judiciales que dan cuenta de que la tortura y los tratos crueles e inhumanos son una realidad en los lugares de privación de libertad y de que las víctimas de estas violaciones son los sectores populares", añadieron.
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