La Fiscalía General de la Cámara Federal se pronunció por la "constitucionalidad" y "validez" de las leyes de amnistía Punto Final y Obediencia Debida, que han favorecido a centenares de presuntos ex represores de la dictadura militar.
El dictamen del fiscal Ricardo Sáenz fue presentado a la Corte Suprema de Justicia, que tiene pendiente expedirse sobre la vigencia o no de ambas normas en la causa en que más de una decena de militares y policías retirados están procesados y con prisión preventiva.
Precisamente los familiares de desaparecidos en la dictadura y organismos humanitarios vienen realizando manifestaciones frente al Palacio de Justicia, en reclamo al máximo tribunal para que ratifique los distintos fallos que hubo en el país declarando la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida). La presentación del representante del Ministerio Público se hizo el pasado 15 de abril, pero recién se conoció hoy.
En esta causa, en que se investiga el secuestro y desaparición en 1980 de una veintena de militantes de Montoneros, el juez federal Claudio Bonadío y la Sala II de la Cámara Federal habían dictado la nulidad e inconstitucionalidad del Punto Final y Obediencia Debida a la hora de procesar al ex dictador Leopoldo Galtieri más otros ex jefes castrenses.
Pero la defensa del procesado último jefe del Ejército en la dictadura, general retirado Cristino Nicolaides, apeló ambas resoluciones ante el tribunal de alzada. Al momento de los hechos, Nicolaides era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas.
En su pronunciamiento -basado sobre que ambas normas son anteriores a la reforma constitucional de 1994 que incorporó los acuerdos internacionales contra delitos de lesa humanidad- Sáenz sostuvo que las leyes mantienen su vigencia y deben respetar el principio de irretroactividad de la legislación.
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