nueva ley para combatir el trabajo en negro

Por Julio Burdman:

El miércoles pasado, con apoyo de buena parte de la oposición en la votación en general, el oficialismo logró por amplia mayoría (57 votos) la media sanción en el Senado para un proyecto de ley del Ejecutivo (más concretamente, del Ministerio de Trabajo) sobre promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. Al igual que otros instrumentos creados en tiempos recientes, como el régimen para trabajadores de casas particulares y el Estatuto del Peón Rural, el objetivo de este proyecto es estimular el trabajo en blanco introduciendo facilidades a los empleadores para que lo hagan. En este caso, se apunta a pymes y micropymes.De acuerdo al proyecto, se creará un régimen para las empresas con hasta cinco trabajadores, que no pagarán más contribuciones patronales. Las que empleen entre 5 y 15 trabajadores, tendrán un descuento de 100% en contribuciones patronales durante un año por cada empleado nuevo que incorporen al sistema, uno de 50% para las empresas de 16 a 80 trabajadores, y del 25% para las de más de 80 trabajadores, en este caso durante los primeros dos años.

Por otra parte, a partir de la nueva ley, los convenios de corresponsabilidad gremial, que hasta ahora solo regían para las actividades rurales, se podrán extender a otras áreas. Los CCRG son acuerdos entre gremios y empleadores para garantizar el acceso a la seguridad social de los trabajadores y sus familias, sobre todo en las actividades estacionales: en vez de hacer un pago mensual de aportes y contribuciones, el empleador se compromete (en presencia del sindicato correspondiente) a un pago diferido en el “momento más adecuado del proceso productivo” -es decir, cuando vende su producción.

Paralelamente a las facilidades de la nueva ley, se incorporan más sanciones contra el trabajo en negro. El Ministerio de Trabajo dispondrá de un plantel de 400 inspectores (hasta hace unos años, no llegaban a 20) que irá creciendo y que se concentrará en supervisar el empleo en negro e infantil. Y se crean nuevos castigos. Por ejemplo, se excluirán de los subsidios a los servicios públicos, exenciones impositivas, y otros beneficios financiados por el Estado nacional a los empleadores que violen las leyes de contrato de trabajo, y se creará un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, que será colgado en la web del Ministerio.

Los aspectos sancionatorios de la ley fueron la principal objeción de la oposición en el Senado, ya que hubo muchos opositores que acompañaron el proyecto en general pero se opusieron en particular a algunos artículos. El conocido senador Alfredo De Angeli le dio repercusión mediática al debate parlamentario, al pedir que se excluya del Registro Público y las sanciones a las actividades agropecuarias que empleen trabajo infantil.

Las facilidades al empleador no deberían desfinanciar a la seguridad social, ya que el impacto global de las micropymes es bajo y las exenciones a las empresas medianas se compensan positivamente en el largo plazo. Lo que el gobierno busca es un efecto positivo -difícil estimar de cuánto será- en los indicadores de empleo registrado, que han mejorado pero no lo suficiente. La iniciativa viene con empujón político: tras la media sanción del Senado, la intención del oficialismo es convertirla en ley en poco más de dos semanas. El martes 13 de mayo habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Laboral parta discutir el texto, que contará con la visita del ministro Carlos Tomada, y el plan del Frente para la Victoria es dar dictamen favorable al pliego ese mismo día, con el ministro presente. Y, si todo sale bien, se enviaría inmediatamente al recinto para votación el miércoles 21.