reglamentación de los piquetes: el fin de un curro de la izquierda conservadora

Leemos a Felipe Yapur:

Un grupo de diputados del Frente para la Victoria (FPV) presentó el martes un proyecto de ley para regular las protestas sociales. La iniciativa, que responde a la solicitud realizada a todos los bloques parlamentarios por la presidenta Cristina Fernández durante la inauguración de las sesiones ordinarias, tiene como fin regular la convivencia en las manifestaciones públicas. El diputado Juan Manuel Pedrini, autor de la iniciativa, aseguró que la iniciativa "no criminaliza, no aplica penas ni sanciona pero sí regula" la demostraciones callejeras. 

El caos vehicular que suele producirse mientras se desarrolla una manifestación en las calles de una ciudad, como sucede en la Capital Federal, suele ser motivo de reclamos y exigencias de solución por parte de sectores sociales y partidos de la oposición y hasta caballito de batalla de monopolios mediáticos

La medida impacta sobre una de las modalidades principales de confrontación y toma de visibilidad de la izquierda opositora y la reacción es consecuente, tal como se lee en Clarín:.

Los referentes de la izquierda serán los principales opositores a cualquier regulación: ya lo había dicho Jorge Altamira el martes, en el Congreso del PO, y ayer lo ratificaron los diputados. “Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario. Es increíble que los progresistas del Gobierno nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no”, apuntó Nicolás del Caño.

Por qué reacciona la izquierda conservadora? Tal como señalamos en Ramble y como se observa en el gráfico de la derecha - click para ampliarlo - el piquete constituye hoy la cuarta frecuencia medida como modalidad específica de reclamo independizado de toda condición laboral y social espontánea, transitado por organizaciones "sociales" y en particular grupos de izquierda opositores al gobierno. 

Persistir en la caracterización de esta modalidad de reclamo de izquierda opositora, asumiéndola hoy como un formato de protesta social y/o laboral es un error conceptual notable y una ingenuidad política.

Por otra parte no sorprende esta extemporaneidad. Es tradicional en la izquierda argenta cooptar las modalidades de organización popular para articularlas con sus intereses político - partidarios.

Lo hicieron con las asambleas populares del año 2001 que terminaron abortadas en su despliegue representativo y organizacional por el desembarco de la burocracia partidaria de la gauche festive. 

Años más tarde han hecho lo mismo con los piquetes , aquella modalidad de reclamo comunitario frente al desempleo, surgida durante los años 90 tardíos y la crisis del año 2001 , transformados hoy en herramientas de oposición político-partidaria de izquierda , ya sin componente alguno de reclamo social genuino.

Tomar nota para , al menos, abandonar la ternura conceptual frente al piquetaje realmente existente y evaluar los efector reales de la reglamentación de esta práctica ritual de la izquierda opositora.

También en esta dimensión de metamorfosis y esterilización de las organizaciones populares , la izquierda argenta resulta profundamente retrógrada , representante de los intereses conservadores de manera plena.

La iniciativa presentada ayer establece una categorización básica que distingue entre protestas "legítimas" e "ilegítimas". 

Para que una manifestación sea considerada legítima, los organizadores deben encuadrarla en los siguientes requisitos: 

-No impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas.

-No impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada.

-Permite la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros.

-Los manifestantes no cometen delitos previstos por el Código Penal durante la protesta.

-Es notificada en los términos de la presente ley.

Cuando estos elementos no se encuentren reunidos, se considera que la manifestación es ilegítima. En el proyecto, se advierte que una demostración de esta naturaleza "que afecte derechos de terceros" podrá ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizarlos, "pero siempre sometiéndose la actuación de las fuerzas a los procedimientos y límites previstos en la propia ley, entre ellos, la prohibición del uso de armas de fuego, la intervención previa del mediador, y el principio de legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso, entre otros.

NOTIFICACIÓN: La iniciativa establece que los organizadores de la manifestación deben informar su realización ante la autoridad policial con 48 horas de anticipación. En la notificación deberá consignarse el lugar en el que se llevará a cabo, el tiempo estimado de duración, el objeto de la protesta, y el manifestante delegado. 

Esta figura será la encargada de interactuar con el otro protagonista clave de la ley: el mediador, quien deberá ser personal civil del Ministerio de Seguridad y tendrá, entre sus funciones, pactar las condiciones del cese de la perturbación a derechos de terceros y canalizar las demandas al área correspondiente. La mediación no podrá superar las 2 horas, y una vez concluida, quedará plasmada en un acta.