Leemos:
El capital financiero más concentrado de la Argentina intenta producir un escenario de megadevaluación para licuar el poder del Gobierno y arrancarle una multimillonaria transferencia de recursos a su favor.
por Marcelo De Angelis
En menos de dos meses, el Gobierno argentino tuvo que enfrentar una rebelión policial en varias provincias, una crisis por los cortes eléctricos ante la llamativa inoperancia de las distribuidoras privatizadas, una inédita -por lo intensa y virulenta- campaña mediática para instalar la idea de vacío de poder, y ahora un intento de golpe de mercado vía estallido en la cotización del dólar para forzar a una megadevaluación. ¿Queda alguna duda de quiénes son sus enemigos?
Todo el arco político opositor ha elegido el papel de meros espectadores hipercríticos, ajenos a la feroz disputa que se está librando entre el Gobierno y sectores facciosos que aspiran a doblegar la voluntad política de Cristina Fernández para imponer las condiciones a su favor en la redistribución de riquezas.
La Presidenta volvió a la arena pública advirtiendo que en su proyecto las riquezas se reparten con sentido de justicia social: anunció la creación de Progresar, una prestación económica universal de $ 600 por mes para que los jóvenes que no trabajan, lo hacen de manera informal o tienen un salario menor al mínimo –y que su grupo familiar esté en iguales condiciones-, inicien o completen sus estudios en cualquier nivel educativo.
Son unos 11.000 millones de pesos al año del Tesoro Nacional que el Gobierno decidió invertir en un millón y medio de jóvenes de entre 18 y 24 años. Esa es la franja etaria con mayor índice de desempleo y que integra el decil con menores ingresos de toda la sociedad, de los cuales el 35 por ciento no terminó el secundario, el 11 por ciento no completó la primaria y 500 mil no estudian ni trabajan.
“Estos chicos son los hijos del neoliberalismo, que necesitan de la presencia del Estado para salir adelante”, señaló Cristina Fernández durante la presentación del plan y agregó: “Lo pudimos hacer porque contamos con los recursos de la recuperación de la administración de los fondos de los trabajadores”.
Esta última definición marca la relación entre su Gobierno y el capital financiero. Este sector, altamente concentrado y netamente especulativo, está esperando la oportunidad de revancha por la decisión política de terminar con el sistema privado de administración de fondos jubilatorios.
El 20 de noviembre de 2008, el Senado convirtió en ley el proyecto presentado por la presidenta argentina para recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones, transfiriendo a las arcas del Estado la administración de unos 90 mil millones de pesos de los trabajadores, que hasta entonces eran manejados por diez AFJP creadas en la década del ´90 y que les cobraban comisiones del 33% de sus aportes.
Esta recuperación no solo le permitió al Estado Nacional recomponer el sistema jubilatorio y producir aumentos bianuales luego de 15 años de congelamiento y reducción de los haberes de los trabajadores pasivos, sino que los fondos permitieron invertir en proyectos productivos, obras públicas, energía y créditos para la vivienda, en lugar de destinarlos a la especulación financiera internacional.
Este modelo es inadmisible para las facciones del capital financiero especulativo, que incluye a los bancos y a los grandes jugadores agroexportadores, entre ellos las principales cerealeras y las entidades representativas del capital agrofinanciero.
La estrategia consiste en estrangular el flujo de dólares y empujar su cotización hasta niveles de estampida cambiaria, no sólo para crear una psicosis colectiva en la cultura dolarizada de los sectores medios argentinos, sino para agotar las reservas del Banco Central, empujar los precios hacia un escenario de hiperinflación y forzar al Gobierno a una megadevaluación que finalmente licue su poder y transfiera multimillonarios recursos a esos sectores financieros. Recuperar lo que les pertenece, según sus criterios.
Esta maniobra no es nueva en la Argentina. Por el contrario, se ha probado muchas veces y ha demolido a varios gobiernos. Es el conocido movimiento pendular argentino. Después de un ciclo de acumulación de recursos públicos, las oligarquías locales e internacionales producen un golpe –por las armas o de mercado- iniciando un ciclo de ajuste, saqueo, vaciamiento y crisis.
Sin embargo, los gobiernos kirchneristas han demostrado capacidad de resistencia e iniciativa, aún a pesar de tener que enfrentar varias maniobras especulativas para provocar corridas cambiarias, maniobras sincronizadas con momentos electorales y de conflictividad social.
“Durante las presidenciales de 2007, solo en agosto, se fueron 1800 millones de dólares. En el lockout de 2008, otros 3200 millones. Luego de la nacionalización de las AFJP, 3900 millones. En las legislativas de 2009, cerca de 2800 millones de dólares. En el conflicto del Banco Central con Martín Redrado, unos 1700 millones de dólares. Y, con la reelección de Cristina, 3300 millones de dólares.”, enumeró a Página/12 el Ministro de Economía, Axel Kicillof.
La movida más reciente se realizó el jueves 23 de enero, cuando el presidente de la petrolera Shell, Juan José Aranguren, salió a comprar u$s 6 millones ofreciendo más de $ 8 por dólar, mientras que la cotización en ese momento rondaba los $ 7,15. La compra, realizada a través de los bancos internacionales Citi, HSBC y Francés, terminó empujando el precio de la divisa norteamericana por encima de $ 8 y obligó a la intervención del Banco Central para bajar las cotizaciones. Fueron pocos minutos, pero suficientes como para instalar a través de las usinas mediáticas grandes titulares que anunciaban una corrida cambiaria.
Aranguren no es un actor neutral en la economía argentina. Su enfrentamiento con el Gobierno viene desde el marzo de 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner llamó a boicotear la compra de naftas ante un aumento en el precio de los combustibles anunciado por la compañía angloholandesa. A fines de 2006, el gobierno le aplicó la Ley de Abastecimiento por desabastecer al mercado y le impuso a la petrolera multas por $ 23 millones.
El otro brazo de esta maniobra es el sector agroexportador que, al igual que Aranguren, añora un modelo económico de libre exportación sin pago de retenciones al Estado, y con un dólar muy alto. En 2013, el Presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, -uno de los representantes del capital financiero agropecuario-, interrogado acerca de la búsqueda de una devaluación, anunció que “se está reteniendo cosecha, que debe estar entre las 15 y 20 millones de toneladas de soja, que a razón de 500 dólares la tonelada, son 10.000 millones de dólares, que está en manos de productores grandes, acopios, y que no se está comercializando porque en este momento hay una dificultad de compra de dólares, y de conciencia cierta de que hay un retraso cambiario”.
Luis Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, anticipó el juego de ese sector: “Conviene más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar, que producir o industrializar productos”.
A dos años de las próximas elecciones presidenciales en las que Cristina Fernández no será candidata, los sectores más concentrados de la economía y el capital financiero han decidido su estrategia: debilitar al actual Gobierno y arrancarle una multimillonaria transferencia de recursos en desmedro del salario, la inversión social, las jubilaciones y la obra pública.
No es casual que la última maniobra devaluatoria se haya dado en el contexto de un acuerdo de precios entre el Gobierno y las cadenas de supermercados para frenar la inflación en los alimentos y cuando comienzan a encaminarse las rondas de negociaciones paritarias por aumentos salariales. Dejan así preparado un escenario para una puja mucho más intensa por la distribución del ingreso, ante el que los sindicatos opositores ya anunciaron que pretenden discutir aumentos de 30 % como mínimo.
“El tipo de cambio de 8 pesos es un nivel adecuado, pero quieren llevarnos a un dólar de 13 pesos que tendría un efecto devastador sobre la producción, el empleo y los salarios. No lo vamos a permitir”, afirmó Kicillof. El Gobierno se ha plantado en un tipo de cambio que considera competitivo y está dispuesto a defenderlo de los ataques especulativos.
Para ello cuenta con varias herramientas y factores a favor, entre ellas las variables macroeconómicas, como un comercio exterior con superávit, bajo nivel relativo de endeudamiento público, presupuesto equilibrado y situación internacional que tiende a mejorar. La otra es el nivel de reservas del Banco Central, que ronda los u$s 29 mil millones y le permite intervenir ante cualquier intento de corrida cambiaria.
Si el Gobierno consigue que la actualización de la cotización redunde en liquidación de divisas producto de las exportaciones y aumente el flujo de dólares, mientras sostiene los acuerdos de precios y las expectativas inflacionarias, habrá ganado la batalla y se podrá mantener un modelo distributivo que tenga como prioridad la producción, el empleo, el salario y la inclusión de los sectores más postergados. Si en cambio el capital financiero gana la pulseada induciendo una megadevaluación, será el comienzo del camino hacia una nueva crisis devastadora.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario