La necesidad de reforma policial surge de manera insoslayable tras las asonadas desestabilizadoras de las policias provinciales de esta última quincena.
Leemos al respecto dos modelos de reformas policiales exitosas e inconclusas: Venezolana e Irlandesa:
En junio de 2000, luego de un año de trabajo, la Comisión Patten estableció un plan de ejecución de la reforma. Las 175 recomendaciones fueron agrupadas en las siguientes categorías temáticas: derechos humanos, rendición de cuentas, policía con la comunidad, policía en una sociedad pacífica, mantenimiento del orden público, gerencia y manejo de personal, tecnologías de la información, estructura del servicio policial, talla (tamaño) de la policía e integración y reclutamiento.
Una Comisión de Seguimiento, integrada por 5 profesionales externos, cuatro de ellos provenientes de la policía y uno de la universidad, desarrollaron 772 indicadores de desempeño policial, luego de consultar detalladamente con el Servicio Policial de Irlanda del Norte, a fin de evaluar, en un lapso de 5-6 años, mediante informes sucesivos, el grado de adecuación de los cambios propuestos conforme a los indicadores desarrollados (Independent Commission on Policing for Northern Ireland, 1999: 105-106).
En el segundo informe de esta Comisión de Seguimiento (OOC, 2001: 7) se señala que los indicadores son solo un instrumento para comenzar la evaluación de los adelantos, suministrando una guía de las mejores prácticas policiales que se espera sean adoptadas, que la falta de adecuado apoyo económico podría ser aun más adversa que la falta de voluntad política para adelantar la reforma, y que el proceso de seguimiento sería apolítico, totalmente objetivo, riguroso y cumpliría con los más altos estándares de integridad.
La evaluación de los indicadores para el cambio operaría a través de tres estimaciones: a) adecuación de directivas, manuales, instructivos y órdenes como expresión de acatamiento administrativo a los lineamientos de la reforma; b) resultados de las prácticas administrativas a través de entrevistas con los funcionarios y equipos clave para la implementación de la reforma; c) inspección in situ de la adopción de recomendaciones específicas en aspectos puntuales, para comprobar si están siendo efectivamente aplicadas (OOC, S/F: 3).
En el décimo sexto informe de la Comisión de Seguimiento (OOC, 2006: 6) se reporta que se han adoptado 124 de las 175 recomendaciones iniciales de la Comisión Patten, aunque se requiere supervisión adicional para que no “resbalen”, lo cual sugiere que no están firmemente ancladas en la práctica policial. Entre los temas de particular preocupación destacan la rendición de cuentas y la participación que en este proceso tiene el Consejo de Supervisión de la Policía y los Comités de Participación Distrital, una instancia de discusión comunitaria sobre las prioridades y procedimientos policiales (OOC, 2006: 9). Destaca también la necesidad de reducir el perfil intimidativo de la policía (OOC, 2006:11), el problema de transferir funciones de seguridad a grupos de élite (OOC, 2006: 12) y las perspectivas de contar en las calles con visibilidad policial a través de funcionarios de soporte comunitario que no cuentan, sin embargo, con plenos poderes policiales, como el arresto (OOC 2006: 13).
Este proceso de implementación y seguimiento de la reforma norirlandesa muestra que, por una parte, es fundamental contar con la participación de la policía en la reforma, a través del concepto de desarrollo de buenas prácticas policiales, que la adopción y estabilización de estándares es un proceso largo y no necesariamente lineal, y que los vaivenes políticos y los cambios de perspectiva sobre la problemática delictiva pueden significar demoras e incluso retrocesos en el proceso de reforma. No podía ser de otro modo, pues la policía es la agencia de control estatal más sensible y de más inmediata repercusión en cuanto a las políticas públicas de seguridad.
En Venezuela, por otro lado, el proceso de implementación de la reforma ha sufrido los vaivenes de la política. La Comisión designada el 10 de abril de 2006, realizó un esfuerzo sin precedentes para caracterizar, abordar y consultar a la población en relación a 123 cuerpos de policía estadales y municipales, presentando los resultados consolidados en cuatro volúmenes: uno sobre los talleres de expertos nacionales e internacionales convocados para definir cuestiones conceptuales de la materia policial, dos sobre la caracterización y diagnóstico institucional policial mediante instrumentos cuantificables y uno sobre el análisis temático y cualitativo de la gran consulta nacional. (Achkar y Gabaldón, 2006; Gabaldón y Antillano, 2007, Achkar y Riveros, 2007).
En enero de 2007 el Vicepresidente de la República anunció la conformación de una Comisión de Implementación del nuevo modelo, o segunda fase, sin que tal propósito se realizara durante dicho año. En enero de 2008, tres antiguos miembros de la Comisión de Reforma Policial fueron convocados por el nuevo Ministro de Interior y Justicia para asesorar en la redacción de un proyecto de Decreto Ley sobre Policía Nacional y Servicio de Policía que desarrollase el modelo propuesto por la Comisión, tarea que culminó con un proyecto presentado al Presidente de la República en Consejo de Ministros el 12 de febrero de 2008.
El 9 de abril de 2008 fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto Ley, que introdujo modificaciones importantes en el Consejo General de Policía, el Comité de Asistencia Técnica y los mecanismos de habilitación, intervención y suspensión, que reducen la participación plural y concentran poder en el Ministerio del Interior y Justicia, con posible compromiso de la legitimidad requerida para implementar todo el proceso de reforma.
La Secretaría Técnica de la Comisión de Reforma Policial presentó en marzo de 2007 un plan estratégico de implementación de la reforma para cinco años, con particular énfasis en las tareas a desarrollarse en el primer año, comprendiendo la difusión del modelo, el desarrollo de estándares para desempeño, uso de fuerza, formación, acreditación, rendición de cuentas y contraloría, conformación del sistema nacional integrado de policía y sistema de asistencia técnica, así como las bases para la creación de una policía nacional y del desarrollo de un sistema concurrente de competencias en función de criterios de territorialidad, distancia social y vulnerabilidad, complejidad situacional y sofisticación y experticia en la resolución de problemas.
Perspectivas:
En muchos países se han intentado reformas policiales, frecuentemente fallidas. Hemos querido destacar los casos de Irlanda del Norte y Venezuela porque, a diferencia de otros contextos, aquí se emprendieron diagnósticos y se realizaron propuestas con base en estudios sistemáticos y mediante amplios mecanismos de consulta pública. Esta consulta es fundamental no solo en cuanto a la legitimación misma del proceso de reforma sino en cuanto a la recepción de expectativas de la población sobre la policía.
En el caso norirlandés, la participación activa de la policía en su reforma, un cuerpo único con cuadros profesionales, jerárquicos y tradicionales bien establecidos y con un pasado tormentoso en cuanto a la segregación, el abuso de los derechos humanos y la politización, puede explicarse como una estrategia de sobrevivencia ante un cambio político inequívoco.
En el caso venezolano, la relativa opacidad de la presencia policial en el proceso de reforma, con muchos cuerpos de diverso cariz organizacional, menor profesionalización y tradición, dentro de un marco de confrontación política y de reformas constitucionales, es de alguna manera explicable. Esta opacidad debe ser superada.
Ninguna reforma llegará a ningún punto sin la activa participación de la policía. La estrategia en este momento es difundir, discutir y consolidar un modelo democrático de policía que cubra a todos los venezolanos, sobre los principios de la publicidad, el respeto de los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas y el aseguramiento de la presencia estatal en el arbitrio de los conflictos entre los ciudadanos, con credibilidad, ponderación y profesionalismo.
El esfuerzo que sobre información y concientización fue adelantado en Venezuela en 2006 no puede perderse, pues se trata de un valor agregado de nuestro pueblo y nuestra sociedad para el desarrollo de políticas públicas de seguridad en beneficio de toda la población..
1 comentario:
Y, el Peronismo no debiera sacarle el culo a la jeringa y por lo menos empezar por generar los mecanismos de consulta. Por lo menos a nivel federal y cualquier gobernador que adhiera a un pacto federal con presupuestos mínimos para los estatutos policiales de seguridad democrática (qué se yo, pienso en voz alta).
No me parece que sea loco... ley de medios, media sanción del nuevo código civil y hoy es noticia que se presenta el proyecto de nuevo código penal... todas cuestiones que solo pueden hacer los que son conscientes de que "progresistas somos nosotros..."
Abrazo V
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