30 años : la inflación durante el retorno a la democracia

Variación del tipo de cambio, emisión monetaria y gasto público son los tres tristes latiguillos más revisitados por el conservadurismo político, social y económico para explicar el proceso inflacionario, se trata de eslogans que para creerlos hay que ser básicamente burr@. 

No es esta la visión de Horacio Rovelli, que repasa el proceso inflacionario desde la recuperación democrática y ahora mismo leemos, no? :

“Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, 
todo gobierno (y todo ministro de Economía) 
lo primero que promete es combatir la inflación. 
Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación 
va dirigido al incremento de los costos, 
o sea al aumento de sueldos y salarios. 
Jamás se ha combatido la inflación diciendo 
que se debe al crecimiento de las ganancias (...) 
nadie se ha preguntado: 
si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”. 
Enrique Silberstein

La inflación es el crecimiento generalizado de los precios, y es también el deterioro del poder adquisitivo del dinero.

El dinero es el medio de pago creado por el Estado a través del Banco Central, por ende la inflación perjudica a los que tienen ingresos fijos, generando una puja entre los que pueden fijar precios y los que no, afectando a la población, y paralelamente, a la capacidad de ese Estado de contar con un medio de cambio idóneo, y que sea medio de ahorro a la vez, combinación esencial para generar lo que en economía se llama “señoreaje”, que no es otra cosa que el financiamiento del gasto público con emisión monetaria.

Por ende la inflación, en diversos grados, genera quienes se perjudican con ella (los que tienen ingresos fijos y el Estado), y los que se benefician, que son los formadores de precios.

En una economía como la Argentina, fuertemente concentrada en pocas empresas y pocos y grandes productores y comercializadores, sobre todo tras la dictadura militar, el límite que tienen para fijar precios es la convalidación de la demanda (que alguien se lo pague)

La inflación es el mecanismo que tienen los formadores de precios para apropiarse de una mayor productividad del trabajo, de otro modo debería aumentar el salario real, cosa que puede llegar a suceder pero, siempre, en menor proporción que el aumento de la tasa de ganancia, y que es de lo que “nunca se habla”, como nos enseña Enrique Silberstein en el epígrafe de la nota.

Una vez enmarcado el concepto y las causas, es fácil entender porque el proceso inflacionario en la Argentina se desata con el primer peronismo, que incrementó fuertemente el gasto estatal (y su financiamiento vía emisión monetaria), y al industrializar al país dejó que se fijaran libremente y en paritarias los salarios. Toda esa expansión de la demanda agregada, que implicó el fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno, también significó una mayor inclusión social y una mejora en la distribución del ingreso. La defensa “natural” de los intereses de los formadores de precios fue y es la inflación.

El modelo que encerraba el peronismo (y el viejo radicalismo de Illía y de Bernardo Grinspun) es el de una alianza de hecho entre los trabajadores y los productores que venden al mercado interno, de manera tal que se crece en base al fortalecimiento del mercado local por mayor remuneración al trabajo, pero el límite proviene de que el país no puede producir todo lo que necesita y debe importar insumos y técnicas indispensables para su desenvolvimiento, con lo que la tasa de incremento de las importaciones es mayor a la del producto y con ello se produce el “estrangulamiento del sector externo” (Las exportaciones son insuficientes para pagar las importaciones).

Pese a los varios gobiernos militares, el modelo económico sobrevivió hasta el 24 de marzo de 1976 en que cambió integralmente la lógica que articulaba la producción y la sociedad, para reemplazarlo por una estructura productiva con un bloque de poder hegemónico y una dinámica de funcionamiento diferente en la reproducción del circuito económico. Orientado y dependiente del exterior, su instrumento clave fue el endeudamiento y la valorización financiera del capital, la apertura externa irrestricta al comercio y los capitales y la acumulación rentística y financiera.

Traducida en congelamiento de salarios, liberación de precios, atraso cambiario, fomento a la competencia externa así como altas y confiscatorias tasas de interés. El previsible resultado fue una caída sin precedentes del nivel de vida de la población (con una inflación promedio del 193% anual de 1976 a 1981), con ello del mercado interno, y con ello del PIB.

Terminadas en catástrofe la dictadura sin embargo dejó como legado la destrucción de eslabones de la cadena productiva, una fuerte concentración y extranjerización económica, y una impagable deuda externa.

El primer gobierno democrático encabezado por Raúl Alfonsín confiaba en que la orfandad política de amplias capas de la sociedad haría que se encolumnaran detrás del ideario de crecimiento económico con justicia social y de un gobierno que diera fin con un Estado que transfería recursos de la población a la casta de privilegiados que lo usufructuaban. La primera gestión la condujo Don Bernardo Grinspun quién aumentó los salarios por decreto y controlo los precios, y paralelamente, trató vanamente de que funcione una comisión investigadora de la deuda y de constituir un “Club de Deudores”, pero se pudo muy poco o nada, y en diciembre de 1984 el IPC creció un 40%, para cerrar el año con una inflación anual de 688%

Tras haber echado de su despacho a Joaquín Ferrán que era el representante del FMI en la región, Alfonsín le pidió la renuncia. Su reemplazo por Juan Vital Sourrouille y su plan Austral, fue el retorno a los mercados internacionales y a la política de ajuste, con el reconocimiento del total de la deuda externa heredada de la dictadura, que fueron las principales razones de la furiosa oposición empresarial, política y hasta de la burocracia sindical.

El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios, y un cambio de moneda (pesos por un austral).

Con fecha 1 de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, reconocido en el libro “El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos” firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer , donde dicen textualmente:

“La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83 % en 1985”

Paralelamente significó la licuación de la deuda externa privada a través de la aceptación de títulos de deuda externa como pago de redescuentos, on lending, y avales caídos , de esa manera la deuda externa privada se transformó en pública.

Esa monumental transferencia de ingresos no podía ocasionar más que un déficit fiscal y cuasi fiscal del 8% del PIB, y al ser la emisión monetaria la principal fuente de financiamiento convalidó aumentos de precios por 3.079% en 1989, donde el dólar de valer 37,62 australes el 6 de febrero de ese año, en abril pasó el valor de 100 australes, cuando asumió Menem el 9 de julio de 650 australes, y continuó de tal manera que el 1 de abril de 1991 se fijó el tipo de cambio convertible en 10.000 australes el dólar.

Los dos primeros años de la gestión de Menem en un marco hiper inflacionario, consistió en confiscar los depósitos y canjearlos por BONEX (Bonos de Deuda Externa), privatizar activos públicos con el pretexto de reducir el déficit fiscal, y merced a un tipo de cambio alto, reconstituir las reservas internacionales del BCRA vía superávit comercial, preparando el camino para lo que fue el Plan de Convertibilidad.

Con la Convertibilidad solo se podía aumentar la Base Monetaria si aumentaban las Reservas Internacionales del BCRA, lo que se denomina “monetización de la Balanza de Pagos”, con lo cual nuestra moneda era un “vale” por un dólar que es la reserva de valor. El mecanismo contuvo la inflación, pero causó otros desequilibrios, como la sobrevaluación del peso, la desindustrialización y destrucción del aparato productivo y una triplicación de la deuda externa.

“Desde el punto de vista social produjo, con la crisis de 2001, los mayores índices de desocupación, pobreza e indigencia de la historia argentina, junto a una inédita redistribución regresiva de los ingresos y una apropiación de los ahorros bancarios de vastos sectores de la población. Esa estabilidad buscaba, apañada por los organismos financieros internacionales, la compra barata de los activos públicos, asegurar la rentabilidad en divisas de empresas locales, transnacionales y especuladores y posibilitar la fuga de capitales, garantizando la estabilidad del peso para la entrada y salida de capitales, su principal objetivo” .

El gobierno de la “Alianza”, preso de la convertibilidad con tipo de cambio fijo de un peso igual a un dólar “de aquí a la eternidad”, terminó de la peor forma, con las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre 2001, con déficit fiscal y comercial, con niveles de pobreza y exclusión como nunca antes se registró y con el pueblo en la calle pidiendo que “se vayan todos”, y sin embargo ese año hubo deflación (el IPC fue de – 1,1%).

Los alarmantes niveles de cierre de empresas, de reducción de personal, de pobreza y de exclusión social, que habían dado lugar a sistemáticas muestras de repudio de la política económica por parte de la población, parecieron no importarles a la clase dirigente (empresarios y políticos de acuerdo con el modelo de valorización financiera), quienes siguieron adelante con el plan hasta que la situación externa impidió que continuara. Como dato descriptivo de valuación del trabajo y de los bienes, podemos decir que el dólar estadounidense valía en nuestro país en diciembre de 2001 un peso, y en abril del año 2002 (cuatro meses más tarde), en el mercado paralelo, cuatro pesos .

La devaluación del año 2002 fue para superar la crisis económica producida por el estrangulamiento del sector externo, y los altos niveles de endeudamiento, que dieron fin al modelo de valorización financiera del capital, y su sustitución por otro de valorización productiva, a la par que se abandonaba la orientación y dependencia del exterior, para priorizar el mercado interno y el mercado regional latino americano.

Es en ese marco caótico del fin de la convertibilidad y del gobierno de De la Rua, en que se produce la reconversión de los grupos económicos que no pueden seguir obteniendo beneficios con la valorización financiera, y donde los acreedores deben aceptar el “default” primero y una fuerte quita de la deuda después. Los mayores ingresos por las ventas externas, y una decidida política de “desendeudamiento” realizada por el gobierno de los Kirchner, que significó la quita de la deuda y el pago de los servicios, permitieron superar el límite externo, generando un ahorro interno que financiaba con creces la inversión.

Es claro que del año 2003 al año 2008 se creció y sin inflación, porque se utilizaba la capacidad ociosa (fábricas cerradas, máquinas paradas, trabajadores desocupados), pero cuando, sobre todo los grandes empresarios, tenían que ampliar la capacidad instalada, lo hicieron muy parcial y deficientemente, prefiriendo ante la demanda sostenida, aumentar los precios en lugar de aumentarla producción.

La demanda sostenida permitió la inclusión social por el crecimiento del empleo con una evolución que permitió recuperar el poder adquisitivo de la población y convertirse en el principal sostén del crecimiento del mercado interno. Eso se consiguió con la recuperación de herramientas como son el Salario Mínimo, Vital y Móvil y las negociaciones paritarias , principalmente, pero al no aumentar la inversión se desata un nuevo proceso inflacionario, que si bien no logra impedir el crecimiento del PIB, si cercena permanentemente el poder adquisitivo de los que tienen ingresos fijos, con ello los que producen y venden para dicho sector que es el más amplio de la población, y atrasa el tipo de cambio, y ese es el conflicto en que nos encontramos.