Leemos a Julio Burdman:
El gobierno nacional argentino y los ambientalistas de Gualeguaychú están preparados para subirse, otra vez, al ring. La papelera UPM, ex Botnia, solicitó una autorización al presidente Mujica para aumentar producción de pasta celulosa, de los 1,1 millones de toneladas que produce al año, a 1,3 millones. Y Mujica les firmó un permiso, en forma.unilateral, para aumentar la mitad, a 1,2 millones. Esto puso a los dos países, nuevamente, a la vera de un conflicto bilateral.
Una versión desde Uruguay sostiene que Mujica solicitó una reunión con Cristina para obtener un visto bueno de la Argentina a esta decisión, y que le habrían respondido que no se podía incluir en la agenda diplomática un asunto tan ríspido en pleno año electoral. Y que, en consecuencia, decide actuar en forma "inconsulta" , aunque para Uruguay, ellos estarían en derecho de hacerlo.
Hay más. Según informa el medio británico Mercopress, poco antes de esta decisión conflictiva los uruguayos dispusieron la creación de un "puesto fluvial" militarizado en el puente San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, para "mejorar el patrullaje del río, apoyar operativos de rescate y proteger el ambiente". Y un ejercicio militar conjunto, denominado "Río Turbulento", con la participación del ejército, la marina y la fuerza aérea, además de fuerzas especiales policiales.
Hay que recordar que hubo un escándalo cuando el entonces ex presidente Tabaré Vázquez, hoy precandidato presidencial favorito, reconoció públicamente que el corte del puente fue para Uruguay una "alerta militar" y se había contemplado la posibilidad de una guerra. Tan shockeante había sido la revelación de Vázquez, que luego de difundido el video anunció su "retiro de la política", cosa que no cumplió.
La Argentina, a través del canciller Héctor Timerman, comunicó su decisión de volver a llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya, sosteniendo nuevamente que Uruguay toma decisiones inconsultas pese al tratado bilateral existente -cosa que la Corte advirtió en su sentencia anterior.
Y también, decidió difundir en forma unilateral los resultados de los estudios ambientales que confirmarían que la papelera estaría contaminando el río por encima de los niveles permitidos. Esto anticipa una nueva fase de un diferendo, que irá para largo e involucrará a los tramos finales de ambos gobiernos.
El gobierno nacional argentino y los ambientalistas de Gualeguaychú están preparados para subirse, otra vez, al ring. La papelera UPM, ex Botnia, solicitó una autorización al presidente Mujica para aumentar producción de pasta celulosa, de los 1,1 millones de toneladas que produce al año, a 1,3 millones. Y Mujica les firmó un permiso, en forma.unilateral, para aumentar la mitad, a 1,2 millones. Esto puso a los dos países, nuevamente, a la vera de un conflicto bilateral.
Una versión desde Uruguay sostiene que Mujica solicitó una reunión con Cristina para obtener un visto bueno de la Argentina a esta decisión, y que le habrían respondido que no se podía incluir en la agenda diplomática un asunto tan ríspido en pleno año electoral. Y que, en consecuencia, decide actuar en forma "inconsulta" , aunque para Uruguay, ellos estarían en derecho de hacerlo.
Hay más. Según informa el medio británico Mercopress, poco antes de esta decisión conflictiva los uruguayos dispusieron la creación de un "puesto fluvial" militarizado en el puente San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, para "mejorar el patrullaje del río, apoyar operativos de rescate y proteger el ambiente". Y un ejercicio militar conjunto, denominado "Río Turbulento", con la participación del ejército, la marina y la fuerza aérea, además de fuerzas especiales policiales.
Hay que recordar que hubo un escándalo cuando el entonces ex presidente Tabaré Vázquez, hoy precandidato presidencial favorito, reconoció públicamente que el corte del puente fue para Uruguay una "alerta militar" y se había contemplado la posibilidad de una guerra. Tan shockeante había sido la revelación de Vázquez, que luego de difundido el video anunció su "retiro de la política", cosa que no cumplió.
La Argentina, a través del canciller Héctor Timerman, comunicó su decisión de volver a llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya, sosteniendo nuevamente que Uruguay toma decisiones inconsultas pese al tratado bilateral existente -cosa que la Corte advirtió en su sentencia anterior.
Y también, decidió difundir en forma unilateral los resultados de los estudios ambientales que confirmarían que la papelera estaría contaminando el río por encima de los niveles permitidos. Esto anticipa una nueva fase de un diferendo, que irá para largo e involucrará a los tramos finales de ambos gobiernos.
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