Continuando con el análisis de los efectos que supondría una baja en la edad de imputabilidad de menores, leemos en Página 12 un reportaje a la Defensora General Stella Maris Martínez , cuyo fundamento penal transita el plexo de la doctrina Zaffaroni.
Su perspectiva estadística coincide con el de la socióloga Alcira Daroqui que , como se eschucha en el audio al pie, considera el universo de menores de 14 años, estable en materia de comisión de delitos y estadísticamente irrelevante a la hora de explicar la robustez de la tasa que tanto preocupa a la dirigencia en , llamémosle, "campaña".
Integrante destacada de Justicia Legítima, la defensora general pide un nuevo régimen penal juvenil sólo para los mayores de 16. Dice que debe ser con sanciones limitadas y restrictivas y funcionar en combinación con políticas sociales más activas.
Por Martín Granovsky
En marzo del 2014 cumplirá 40 años de carrera judicial. Maestra, abogada, licenciada en Criminología, Stella Maris Martínez es la defensora general de la Nación desde 2006. Profesora adjunta de Elementos de Derecho penal y procesal penal en la cátedra de Raúl Zaffaroni, encabeza el Ministerio Público de la Defensa, un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera que –dice su página oficial– se encarga de “asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas”.
–¿Una nueva ley debe bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14?
–No. Y de paso digo que hay que buscar un sistema mejor también para los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años. No podemos seguir con la ley de la dictadura. A poco del comienzo de la dictadura, en junio de 1976, Videla bajó la edad de imputación posible a 14 años.
–Videla bajó la edad. ¿Quién la subió?
–La propia dictadura, mediante una ley que es sumamente defectuosa. Ya lo era en ese momento, y es más defectuosa 30 años después, porque no registra ninguno de los avances mundiales y nacionales.
–¿Cuál es el principal de esos avances?
–La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 2005. Es un instrumento de concepción moderno que sí tiene que ver con la protección legal de los niños porque considera sus derechos. Sin embargo, en el ámbito penal no se hizo la reforma necesaria para acompañar ese avance. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de mayo último, condenó al Estado argentino y le dijo que debe cambiar esa ley. Lo hizo porque en 1999 un tribunal condenó a perpetuidad a tres personas que al momento de cometer un crimen eran menores de 18.
–¿Menores de 14?
–No. Menores de 18 pero mayores de 14. La Defensoría llevó el fallo al sistema interamericano y por eso la CIDH nos dio la razón. Efectivamente las condenas violaron la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. Esas condenas se pudieron dictar por la existencia de una ley muy defectuosa que permite todo. Permite no imponer penas pero también imponer cualquier castigo. Es la Ley 22.278 de la dictadura.
–¿Por qué la dictadura redujo la edad a 14 años en 1976?
–Estas cosas siempre obedecen a la misma razón. Es el mismo discurso de mano dura que esgrimieron algunos en la época de Juan Carlos Blumberg. Es fácil decirle a la gente que uno lucha seriamente contra la inseguridad y por eso quiere bajar la edad. Casi no hay delitos graves cometidos por chicos de entre 14 y 16 años, pero cuando ocurre alguno la trascendencia resulta enorme. ¡Es duro ver que un chico mata a alguien! Pero cuantitativamente es un fenómeno intrascendente.
Entrevista en Nac and Rock con Alcira Daroqui, socióloga UBA, investigadora del Instituto Gino Germani, especialista en Control Penal Juvenil. (Ver CV)
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