brasil: protestas y motivos sociales que continúan

Modelo para izquierdas y derechas regionales, con capitalización financiera dura, desindustrialización creciente, reprimarización económica , asistencia social masiva  y un esquema de liderazgo regional en crisis, el gobierno de  Brasil sufre presiones sociales inéditas que desbordan su capacidad de reacción, por ahora. Leemos al respecto

 Por Makieze Medina (*)

El detonante de las protestas sociales que sacuden a Brasil fue el aumento en la tarifa del transporte colectivo de la ciudad de São Paulo. Y aun cuando el gobierno dio marcha atrás a esa alza, las manifestaciones siguen: los políticos, la política, la corrupción, los gastos excesivos para el Mundial 2014, las Olimpiadas 2016 son los principales blancos de crítica, a los que les suman, la insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos, entre ellos los de transporte, salud y educación.

Las movilizaciones y protestas sociales surgen en un momento en el que Brasil mantiene el paso para consolidarse como pilar regional, cuando intenta volverse potencia global y se reconocen internacionalmente los avances sociales de los dos gobiernos de Lula: 250% de aumento del salario mínimo, reducción de la desigualdad a su nivel más bajo desde los 60´s, expansión de una nueva clase media baja ( 54% de su población total), reducción significativa de la pobreza (35 millones de personas menos), acciones afirmativas para población afrodescendiente e indígena y la lucha por la discriminación racial.

Los avances sociales son innegables. Lo trascendente es que conviven con varios factores que motivan las protestas: crisis de representación política, hartazgo por la corrupción, incremento en la inflación de intereses y de precios, y particularmente, una realidad urbana crítica que además de representarles importantes causas de insatisfacción, lacera los niveles de bienestar y ciudadanía.

Temas como el encarecimiento del costo de vida, mala calidad de los servicios públicos de salud,falta de acceso a la educación para jóvenes, transportes colectivos insuficientes, precarios y de los más caros del mundo, son motivos de indignación.

El transporte colectivo a discusión

Las protestas sociales lograron que gobiernos de varias ciudades redujeran sus tarifas y empezaran a hablar de cambios para mejorar su funcionamiento, su financiamiento (entre los sectores público y privado), y analizaran la propuesta del Movimiento Pase Libre (MPL): reconocerlo como un derecho ciudadano que debe ser gratis (“Tarifa Zero”).

Las críticas señalan los padecimientos cotidianos: el lento desplazamiento de autobuses que circulan a 13 km/h en pistas exclusivas; la sobresaturación de pasajeros sin aumentar la flota de autobuses; el reajuste discrecional de las tarifas en periodos postelectorales, los amplios tiempos y distancias para trasladarse y el intenso tránsito motivado por la venta masiva de automóviles

Un estudio sobre movilidad urbana en Brasil del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA),mostró en el 2011 que el 65% de la población de las capitales y el 36% de ciudades que no son capitales usaban el transporte público para trasladarse, y el 55% de de las personas usuarias estaban insatisfechas considerando el servicio “malo” y “muy malo”.

La Asociación Nacional de Transportes Públicos reveló los altos costos que tiene este sistema para el gobierno y para las personas usuarias. El valor medio por pasajero que el gobierno transfirió a las empresas concesionarias en São Paulo creció 15% por encima de la inflación entre 2006 y 2013 ante el constante incremento de las tarifas que estipulan las empresas.

Además del alto costo de la tarifa del transporte que pagan por 3 reales (equivalente a 1.30 dólares), los servicios públicos los brasileños también los pagan muy caro vía impuestos. En el 2012 Brasil recaudó el 36.2 por ciento del PIB, uno de los porcentajes más alto en Latinoamérica y similar al de países con altos niveles de recaudación pero buenos servicios públicos.

Con la intención de reducir en un 15% los precios de las tarifas de autobuses, metro y trenes urbanos, el gobierno federal y el Senado propusieron un sistema donde los tres niveles de gobiernos no deberán cobrar impuestos a las empresas por la adquisición de insumos para el transporte, como gasolina, diesel, energía eléctrica y bienes capitales. Propuesta que sorprende frente a la gran movilización social que existe y las críticas que recibió el gobierno al continuar privilegiando a la industria automotriz y a las empresas de transporte sin cuestionar -hasta ahora si representa el mejor esquema de funcionamiento.

“Por favor não nos machuque, não temos hospitais”

“Por favor no nos lastime, no tenemos hospitales”. Rezaba una pancarta que -ante la brutalidad y violencia de la policía militar en los primeros días de manifestaciones- satirizaba la insuficiente infraestructura pública para la atención pública de la salud.

En Brasil el Sistema Único de Salud (SUS) instituido en 1988 para garantizar pública y universalmente este derecho cubre al 80% de la población a través de los servicios provistos en clínicas y hospitales públicos, y también, por medio de aquellos que contrata con establecimientos y hospitales privados con y sin fines de lucro, modalidad que es la predominante.

Pese a su amplia cobertura, el índice de desempeño 2012 que elaboró el gobierno para medir el acceso de la población a todo tipo de servicio y la eficiencia de la salud mostró que el mayor problema es conseguir el acceso, principalmente en los hospitales y para los procedimientos más complejos, seguido por las dificultades y tiempos de demora.

Estas problemáticas para obtener atención médica se corroboran con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que revelan que el 58% de los establecimientos de salud pertenecen al sector público y 41% al privado; en cuanto a la disponibilidad de camas, la participación del sector privado (66%) es mayor que la del público.

La necesidad de incrementar la infraestructura, el personal, mejorar la atención, son constantes señalamientos de especialistas y de investigaciones que enfatizan también los problemas que surgen cuando el gobierno terciariza los servicios y delega la atención de la salud al sector privado, reduciendo progresivamente la responsabilidad estatal a un papel de regulador,financiador y comprador de servicios.

“Mais escolas, mais vagas não mais estádios”

“Más escuelas, más lugares, no más estadios” es una de las consignas en las manifestaciones.

Pese a que en la última década Brasil tuvo un proceso de expansión educativa, aún continúa marcado por sesgos clasistas y racistas, y por muy bajas coberturas de acceso en los niveles más altos.

Datos del IBGE del 2011 muestran que el 91% de infantes y jóvenes entre 6 y 14 años cursaba la educación fundamental; el 51% de entre 15 y 17 años el nivel medio; y solo el 14% de entre 18 y 24 años la educación superior.

El problema más grave en la educación lo viven las personas jóvenes a partir de los 15 años.

Existe un acceso muy restringido para los niveles más avanzados, dificultad que se potencializa al cruzarlo con otras desigualdades previas: ingreso en la familia, raza de la que provengan, color con el que se autodeclaren y región del país en la que residan. Dimensiones importantes a considerar cuando el 51% de la población brasileña es negra y las mayores necesidades socioeconómicas su ubican en el norte y noreste del país.

En el 2011, del 51% de jóvenes entre 15 y 17 años que cursaba el nivel medio, el 36% pertenecía al primer quintil (el más pobre) y el 74% al quinto quintil (el más rico); el 60% de esta población eran blancos y poco más del 40% negra o parda. Igualmente, el 21% de jóvenes blancos entre 18 y 24 años cursaban la educación superior, en contraste con el 9% de la población parda o negra de esa edad. Estas tendencias se repiten en las oportunidades de conclusión educativa, el promedio de años estudiados, las escuelas públicas o privadas en las que estudien y las oportunidades de obtener un mejor empleo y un mayor salario.

La falta de calidad en la educación es una de las exigencias sociales más escuchadas. En los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos en lectura, matemáticas y ciencias, Brasil presentó en el 2000 el peor desempeño medio en lectura entre los 32 países participantes.

En el 2009, quedó en el lugar 53 de 65 países, y en otro indicador que evalúa la desigualad de desempeño en las escuelas públicas y privadas, fue uno de los 26 países analizados con mayor desigualdad donde las instituciones públicas tuvieron un peor desempeño. Desigualdades que se confirmaron en el 2011 con las que presentó el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) de Brasil en los distintos niveles educativos públicos y privados y que tienen un peso en la trayectoria educativa, más aún, cuando en los niveles fundamental y medio el 87% estudia en escuelas públicas, y el 13% en privadas; y en el nivel superior el 24% lo hace en públicas y el 76% en privadas.

Frente al 14% de jóvenes que acceden a la educación universitaria, La Presidenta Dilma Roussef planteó una meta mínima: incorporar sólo al 33%. En los gobiernos de Lula este problema tampoco

se atendió prioritariamente ni con el fin de expandir este derecho ya que no se crearon universidades públicas ni se ampliaron significativamente las coberturas en las existentes. Por el contrario, se priorizó el financiamiento al sector privado reforzando el sesgo clasista en la educación con Programas como “Universidad para Todos” (ProUni), en el que el gobierno ofrece becas del 100% o del 50% -según la renta familiar- para que jóvenes estudien en universidades privadas y en caso de que no puedan pagar el porcentaje restante, la beca se convierte en un crédito para el que debe contratarse un financiamiento bancario.

La exclusión escolar que viven grandes porcentajes de jóvenes -posiblemente muchos que se están inaugurando en las protestas sociales- genera impactos graves para su desarrollo y bienestar. Los bajos niveles educativos tienen relación con el mayor porcentaje de trabajos precarios y salarios inferiores. Para el 21% de jóvenes entre 16 y 24 años que no trabajan ni están dentro del sistema educativo, se incrementan las posibilidades de migrar y los riesgos para ser cooptados o involucrarse en actividades delictivas, las cuales guardan mayor relación con bajos niveles de renta familiar, baja escolaridad y disponibilidad con la que cuenten los jóvenes.

El involucramiento con drogas (como comerciantes o usuarios) es la actividad delictiva en la que más se envuelven. Si entran al narcotráfico aumentan significativamente las posibilidades de una muerte temprana En Rio de Janeiro, un levantamiento del programa “Soldado nunca más” mostró que el 80% de jóvenes menores de 18 años involucrados en el narcotráfico mueren antes de los 21 años.

El mapa de la violencia 2011 de Brasil reveló que el 39% de jóvenes que mueren entre 15 y 24 años es por homicidio, representando la principal causa de muerte en esa edad. 

Ésta es la media nacional, la situación se agrava en algunos estados donde más de la mitad de las muertes de jóvenes fueron provocadas por homicidio, como Alagoas (60%); Espíritu Santo (56%); Pernambuco  (57%). A nivel internacional, Brasil ocupa el cuarto lugar en tasas de homicidio de adolescentes de10 a 14 años y de jóvenes de 15 a 19.

“Brasil investe no povo não na COPA!”

“Brasil invierte en el pueblo no en el Mundial”. Para miles de personas que se manifiestan en las calles, las grandes inversiones para el Mundial 2014 son uno de los principales motivos de indignación.

El costo de los 12 estadios para el Mundial se presupuestó en la prensa brasileña en 7,200 millones de reales (3,400 millones de dólares); lo que el gobierno reconoce que ha gastado hasta ahora son cerca de15,000 millones de reales (casi 7,000 millones de dólares) y lo que tiene presupuestado gastar aumentó hasta los 28,000 millones de reales (14,000 millones de dólares), casi tres veces el costo del campeonato mundial de Alemania en 2006.

Algunas de estas obras que ahora se construyen serán posteriormente elefantes blancos, como los estadios “Arena de Amazônia” en Manaus (costó 274 millones de dólares) o el “Mané Garrincha” en el Distrito Federal 477 millones de dólares). Ambos situados en capitales donde no cuentan equipo local de primera división que atraiga posteriormente a personas aficionadas pero que albergarán a 44 mil y 71 mil espectadores, respectivamente.

En las construcciones y remodelaciones la relación público-privado está también presente, no al invertir recursos públicos y delegar su construcción a empresas particulares, sino al concesionarles su administración, gestión y ganancias, como en el estadio “Maracaná”, en Rio de Janeiro, que durante los siguientes 35 años lo administrará un consorcio integrado por la constructora multinacional brasileña Odebrecht (90%), la empresa IMX (5%), y la estadounidense AEG (5%).

Obras, servicios y recursos públicos en diferentes áreas sociales que importa observarlos en su contexto social y político porque evidencian la disputa por los recursos públicos para intereses privados y no necesariamente para el bienestar de la ciudadanía. Que incrementan el actual descontento y protesta social cuando su funcionamiento es deficiente e insuficiente, y cuando escenario actual les recuerda a los brasileños que grandes inversiones se dirigen a la construcción de estadios, instalaciones deportivas y modernos entornos turísticos que en muy poco tiempo han pasado a ser una prioridad gubernamental.

(*) Makieze Medina es maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Activista y vocal de la sección mexicana del BIEN, Ingreso Ciudadano Universal.