el kirchnerismo se institucionaliza

Leemos Julio Burdman en Analytica:

"Que nadie espere de este gobierno medidas diferentes o contradictorias con el corazón mismo del modelo, que rechaza todo lo que signifique transferencias de ingresos compulsivas", dijo esta semana Cristina Fernández de Kirchner sobre la hipótesis de una devaluación. El modelo político y económico del kirchnerismo parece estar lejos de una re-examinación. Más bien, el trasfondo político de las tensiones por el blue y del debut público del equipo económico ampliado que sale a defender las medidas cambiarias es el proceso de consolidación de las políticas públicas del kirchnerismo.

Se trata de un momento demorado y, sin embargo, inexorable. Estamos frente a un kirchnerismo que, cumpliendo una década de gobierno y encontrándose en su tercer mandato consecutivo, es la experiencia política de mayor duración y estabilidad en Argentina desde 1930. Un proceso político de estas características, tiende a querer regularizar y rutinizar sus políticas públicas. Busca, en definitiva, una institucionalización.

La institucionalidad es una materia pendiente de la democracia argentina. Y muchos de los que hablan de instituciones (palabra que, cabe destacar, tiende a desaparecer sigilosamente de algunos vocabularios) con frecuencia no saben bien de qué están hablando. No se trata de la vigencia de normas antediluvianas, ni mucho menos de consensos divinos que mágicamente se imponen sobre la política. Tampoco, hablar de instituciones implica referirse a los contenidos de las mismas. Las instituciones políticas son arreglos, en general con forma de leyes, que surgen de la política misma, y la Argentina carece de instituciones sólidas porque careció, durante mucho tiempo, de una política sólida.

El alfonsinismo y el menemismo desaprovecharon oportunidades de crear instituciones políticas y económicas. Alfonsín tuvo poco tiempo y apoyos, y la era Menem se caracterizó por introducir un andamiaje demasiado dependiente en una fórmula que no duró: caída la convertibilidad y los pilares del modelo menemista, el marco legal de los noventa sucumbió en 2002. Y la administración kirchnerista no se caracterizó, en su impulso inicial, por la institucionalización de sus políticas. Buena parte de su gobernabilidad fue implementada a partir de un conjunto heterogéneo de decisiones administrativas. Las incertidumbres de la sucesión plantean una nueva agenda metodológica, con fuertes incentivos para institucionalizar políticas.

YPF, reforma electoral, ley de medios, "democratización de la justicia" y el consejo de la magistratura, y otras iniciativas de ley surgidas desde el Ejecutivo, apuntan a reforzar la influencia del Ejecutivo y a consolidar sus herramientas para intervenir y regular la economía política. El kirchnerismo busca dejar su impronta en leyes, regímenes, burocracias y mecanismos. Tal vez, a eso estamos asistiendo a partir del 2012. Los grandes debates vienen girando alrededor de reformas institucionales que plantea el kirchnerismo, y de la resistencia, en formato populista, de la oposición partidaria y la sociedad civil antipolítica. Los términos del conflicto parecen haberse invertido.