El lunes por la noche el país se informaba directamente de la
Presidenta del envío de un proyecto de ley que permitará hacer profundas
reformas en el mercado de capitales. A grandes rasgos, la intención del
Ejecutivo es reconvertir dicho mercado para alinearlo a los estándares
internacionales y aproximarlo a mercados que siempre fueron referentes
para los jugadores locales. Parecería que desde el Gobierno no está bien
visto que el mercado de capitales, tal como está, mantenga las
características y especificidades de cara a las demandas de
financiamiento que requiere la economía real.
Con un mercado de capitales chico, concentrado, de poca profundidad,
poco alcance y con muchas y altas barreras de ingreso, el objetivo del
Gobierno es transformarlo en prácticamente lo opuesto. Que sea
accesible, mucho más amplio, diverso, inclusivo, que participen más
jugadores, con más instrumentos financieros, mejores opciones en moneda
local y que tome volumen con menores requisitos para hacerlo mucho más
asequible.
Como no es viable cursar créditos en los mercados internacionales por
los castigos que las calificadoras de riesgo internacionales les
aplican a las notas de deudas soberanas de países que no ofrecen otras
variedades de negocios que les representen considerables ganancias, nos
queda la aséptica decisión de redoblar los esfuerzos que nos permitan
desarrollar, con moneda nacional, opciones crediticias y financieras que
estén orientadas al mercado productivo.
En Europa están acusando recibo de los manejos discrecionales y
dirigidos que las calificadoras más renombradas, como Standard&
Poor’s, Fitch y Moody’s, le dan a sus calificaciones. El Banco Central
Europeo (BCE) publicó un informe este mes titulado “Working Papers
Series. No. 1484/October 2012. Bank ratings: What determines their
quality?”. En el mismo se examina la calidad de las calificaciones
crediticias asignadas a los bancos en Europa y Estados Unidos por las
tres mayores agencias de calificación durante las últimas dos décadas.
“Nuestros resultados sugieren que las agencias calificadoras asignan
calificaciones más positivas a los grandes bancos y las instituciones
con más probabilidades de proporcionar negocios adicionales”.
Estas
distorsiones competitivas son económicamente significativas y
contribuyen a perpetuar la existencia de bancos “demasiado grandes para
quebrar”. También se muestra que, en general, las ponderaciones de
riesgo diferenciales recomendados por los Acuerdos de Basilea para
bancos con grado de inversión no tienen ninguna relación significativa
con probabilidades empíricas de incumplimiento. El estudio en cuestión
fue elaborado con una muestra de casi 40.000 casos en más de veinte años...
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