Al igual que al buenazo del motonauta "pre candidateado si es que Cristina no camina", al pelado Bonfatti también le saltan a la yugular frente a la reforma tributaria que impulsa en Santa Fe.
Las fuerzas vivas están más avivadas que nunca diría el viejo Generalote. Mejor leemos a Schueri que se frota las manos y escribe:
Las siete entidades que componen la Mesa de Entidades Productivas de Santa Fe coincidieron en criticar la reforma tributaria que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento.
Melchor Amor Arranz, Vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto a sus pares en diálogo con la prensa hizo notar que existe un “criterio unánime” en observar aspectos de la reforma tributaria, aunque se preocupó por dejar en claro que “no estamos en pie de guerra” (con el gobierno), asegurando que no se trata de una reforma tributaria, sino un “aumento de impuestos” para “cerrar el déficit de la Provincia” que deviene desde el 2008.
Arranz insistió en que desde ese período a la fecha “los ingresos de la Provincia aumentaron considerablemente, pero mucho mas lo hizo el gasto público”, aduciendo que “si esta reforma terminaría con el problema (del déficit fiscal) sería un sacrificio y lo aceptamos, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana”. El directivo de la Bolsa de Comercio de Santa Fe admitió que “desde el mes de febrero estamos verificando un parate en la economía provincial”, concluyendo que lo mismo ocurre a nivel nacional: “estamos en una etapa paulatina de quietud”, afirmó.
El Vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Santa Fe aceptó existen impuestos “que podrían ser tocados”, pero “no en la magnitud que se pretende”. Y se refirió concretamente al impuesto Inmobiliario urbano y rural, sosteniendo, en el caso del campo, que es lisa y llanamente un “impuestazo”, poniendo como ejemplo que un campo de 500 Has hoy paga veinte mil pesos de impuesto inmobiliario anual y pasaría a pagar mas del doble”. Arranz ilustrò diciendo que el campo hoy dia “es un bien especulativo, y se lo grava por valores sobrevaluados por estas circunstancias. Dijo que la soja por ejemplo en el último año perdió un 26% de rentabilidad; y que se terminará pagando Bienes Personales, “que es un dinero que va a la Nación y después no vuelve a la Provincia”.
Melchor Arranz añadió que antes de encarar la reforma prevista debería reclamarle a la Nación lo que le corresponde que, según un estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe representa unos tres mil millones de pesos por año; pero inmediatamente reconoció que “si vemos como están las Provincias que son afines al gobierno nacional es ilusorio decir que nos van a dar lo que merecemos”.
A su turno, el Presidente de la UISF Norberto Velazco hizo notar que Ingresos Brutos es un impuesto regresivo al que históricamente se opuso la entidad, a la vez que pidió a los legisladores que van a tratar el proyecto que los convoque para hacerles saber sus opiniones sobre el mismo. Sin dar precisiones exactas Velazco afirmó que lo enviado por el gobierno es un aumento de impuestos, no una reforma impositiva.
Por su parte, el titular del Centro Comercial de Santa Fe, Tomás Vallejos, ante la pregunta de LA OPINION sobre si habían sido convocados por el gobierno para recibir explicaciones y detalles de la reforma confirmó que si entidad fue invitada, a lo cual el resto de las entidades respondió que no.
Prudente, Vallejos dejó en claro que “esto no es un acto de objeción o cuestionamiento al gobierno provincial”, reconociendo que la Nación “tiene herramientas” para paliar situaciones de déficit que no posee la Provincia, de la cual dijo que “probablemente emita un bono de cancelación de deuda”.
Tomás Vallejos destacó que aumentar la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del actual 3% al 3,5% produciría “un efecto contractorio en el movimiento económico”; a lo cual aseveró el Velazco de la UISFasegurando que si esto ocurre (el efecto “contractorio de la economía) “no se tomará mas personal”, hecho que ya está ocurriendo, según el dirigente.
El Ing. Adrian Dip de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Santa Fe, tras informar que el proyecto prevee grabar a las empresas constructoras que hagan obras privadas (estarán exentas quienes realicen obras públicas), subrayó su preocupación por el posible éxodo de empresas a otras Provincias como Entre Rios, Córdoba o Buenos Aires.
El documento
Luego de señalar que “los recursos tributarios con los que cuenta la provincia para afrontar su gasto público estuvieron integrados en 2011 en un 64% con tributos nacionales y 36% por provinciales; remarcando la fuerte dependencia de la coparticipación federal de impuestos como fuente de financiamiento provincial”, las Mesa de Entidades Productivas concluye en que “actualmente la actividad económica se encuentra en un período de marcada desaceleración, con probabilidades de transitar una nueva fase recesiva en su ciclo económico y ello genera indefectiblemente dificultades financieras en el sector público tanto a nivel nacional como provincial y municipal”.
El documento sostiene que “consideramos necesario encontrar soluciones basadas en el diálogo y la búsqueda de consensos para lo cual, expresamos nuestra disposición permanente”, haciendo hincapié en que Ingresos Brutos es un tributo distorsivo, de carácter regresivo que afecta a los sectores de menores ingresos de la economía”, y que “la mayor carga recae sobre el consumidor final, pero toda la cadena paga, obviamente más a medida que se acerca al producto final”.
Con respecto del Impuesto Inmobiliario Rural, las entidades aseguran que “la modificación de los avalúos fiscales tendrá fuerte impacto en la rentabilidad en el largo plazo. Los predios rurales no son utilizados con fines inmobiliarios sino productivos, con lo cual sería importante considerar que sus avalúos tengan relación con los precios de lo producido en ellos. Los productores soportarán una carga adicional de casi $ 390 millones en 2012”.
En particular para el sector de la construcción, el documento señala que “de obras privadas ejecutadas por empresas cuyos ingresos resulten superiores a $ 1.500.000.-, de aplicarse la alícuota básica del 3,5% o según facturación 3,8% o 4,2%, tal circunstancia, en momentos en que se está contrayendo la actividad, causará perjuicios de impredecibles consecuencias, no solamente en forma directa sino también colaterales, como la reducción de mano de obra, compra de materiales, etc.
A manera de conclusión y “como alternativa paliativa de la delicada situación financiera que enfrenta hoy nuestra administración provincial, la Mesa de Entidades de la Producción de la ciudad de Santa Fe, sugiere al Poder Ejecutivo Provincial y a los Legisladores “autorizar la emisión de bonos por un importe tal que permita de modo previsible la atención de las obligaciones ya comprometidas, estipulándose plazos amplios para el pago de los mismos (cabe señalar que Mendoza emitió un Bono por U$S 1.300 M a devolver con afectación de parte de la coparticipación); estableciendo
“un plan de desendeudamiento, estableciendo previo a su emisión el destino para el que serán utilizados los recursos financieros que se obtengan de las mismas”.
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