La realidad abierta por el coronavirus favorece la reestructuración unilateral de la deuda
POR HORACIO ROVELLI
El coronavirus, que es mortal y sumamente contagioso, generó el derrape de los precios del petróleo y de los commodities por la menor demanda de China y después del resto de las naciones. Esto castiga de doble manera a nuestro país, en primer lugar por la recesión mundial misma, que no se sabe cuánto tiempo va a durar. La pandemia impacta además sobre el nivel de actividad, cuando nosotros exportamos básicamente alimentos. En segundo término, porque se tienen fundadas expectativas en la extracción de petróleo y gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta y sus 30.000 kilómetros cuadrados que abarcan las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. La baja en el precio del petróleo en torno de los 34 dólares el barril y el gas entorno de 1,98 dólares el millón de BTU, arrastra al resto de las producciones energéticas a escala mundial en general y más a la no convencional, cuyo costo de extracción es incluso mayor que el precio referido.
En esas condiciones, la Argentina se encuentra en plena negociación con sus acreedores de una deuda que creció en forma sideral durante la gestión de Cambiemos y empoderó a grandes fondos de cobertura o inversión financiera como BlackRock, Fidelity, Pimco y Franklin Templeton, entre otros. Estos fondos crecieron tras la crisis internacional del año 2008 en torno de los bonos de securitización, reemplazando en la administración de activos a grandes bancos por un lado y gestionando aportes de capitalización de jubilaciones y pensiones privadas e ingresos de capitales por el otro.
La proyección del Ministro Martín Guzmán de alcanzar un superávit fiscal primario para el año 2023 y comprar los dólares que generarían las exportaciones creciendo una tasa del 4,5 al 5% anual, se torna más difícil ante el derrape del comercio internacional y las barreras proteccionistas que naturalmente se adoptan ante la paranoia de la pandemia.
Es cierto también que, logrado un acuerdo con el pago de la deuda, el país podría destinar parte de lo que no vende al exterior al consumo y a la actividad interna. De ese modo aumentaría el PIB, como históricamente se demostró cada vez que la Argentina se vio obligada a una política proteccionista. El gobierno nacional aseguró que solo va a pagar cuando el país crezca, descartando imponer políticas de austeridad para hacer frente a las cancelaciones mientras los niveles de pobreza se mantengan altos.
Asociación ilícita e inmoral
Los grandes fondos de inversión administran capitales que provienen de todo el mundo, incluso de la Argentina. Allí reside el quid de la cuestión.
BlackRock administra activos financieros por varias veces el PIB argentino (equivalente a 352.300 millones de dólares), teniendo acciones de Monsanto-Bayer, BASF, Netflix, Coca Cola, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, General Electric, etc., y es uno de los principales tenedores de títulos de deuda del Tesoro de los EE.UU., país que es el principal deudor de la tierra con un pasivo de 22 billones de dólares (62,5 veces el PIB argentino).
Estos grandes fondos representan al capital financiero internacional y tienen clara influencia sobre los Estados y sobre importantes palancas de producción y comercialización de la economía mundial.
Arturo Illia solía decir que “no temía al de afuera que nos quiere comprar, sino a los de adentro que nos quiere vender”. El conflicto interno se desató cuando el Presidente Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo de 2020 dijo: “El Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”.
En grandes números, el Tesoro de la Nación Argentina se endeudó por 129.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, de los cuales 85.000 millones fueron en bonos y 44.000 millones con el FMI.
Cuando asumió Mauricio Macri las reservas internacionales del BCRA ascendían al equivalente a 25.092 millones de dólares. Cuando se fue eran solamente 45.190 millones. Quiere decir que, de los 129.000 millones ingresados por deuda, 108.902 millones que, una fracción se destinó a pagar servicios de la deuda en moneda extranjera, pero de la otra parte no sabemos quiénes compraron esas divisas al BCRA.
El Tesoro de la Nación se endeudó para pagar intereses de la deuda en divisas, pero en su mayor parte para pagar a los jubilados y pensionados. Deuda en pesos, trabajadores públicos, licitaciones y demás erogaciones en pesos, por lo tanto, las divisas tomadas en deuda se las vendió el Tesoro al BCRA al tipo de cambio oficial y el BCRA, a su vez, al ser banco de bancos por la Ley 24.144 de su carta orgánica, le vendió esas divisas a las instituciones financieras autorizadas a operar en cambio. El BCRA sabe día por día quién le compró esas reservas. Lo que debe hacer ahora por mandato presidencial es ver quiénes le dieron la orden de compra a esa entidad (o si compraron por cuenta propia).
Fácil es deducir que los que pueden adquirir esas divisas por su magnitud son los sectores más ricos de la sociedad y, entre ellos, obviamente, las 50 familias residentes en la Argentina que aparecen en la revista Forbes entre las 2.000 personas más ricas del mundo: los Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc, Roemmers, Galperín, Sigman, Werthein, Eurnekian, Pagani, Coto, Madanes, Macri, Mindlin, Magnetto, Urquía, Braun, Vicentin, entre otros, más las 211 familias y sociedades que son dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios que poseen 11.158.368,9 hectáreas en la provincia de Buenos Aires (entre ellos los Grobo, los Martínez de Hoz, los Ayerza, los Blanco Villegas); o los Benetton; los Joseph Lewis; los Hiriart; los Walbrook; los Soros, entre otros grandes latifundistas de este país. Igual podríamos decir de los demás dueños de bancos, petroleras, mineras y grandes comercios que operan en el país.
Y es allí donde la Mesa de Enlace, funcional a esos intereses, convoca a un paro agrario por 96 horas, iniciando un desgaste del gobierno que quieren debilitar en plena discusión con los fondos acreedores.
El aumento de los tres puntos de las retenciones (derechos de exportación) no alcanza a ser unos 350 millones de dólares por año. El complejo sojero exportó en el año 2019 por 16.943 millones de dólares. Por otro lado, la suba de las retenciones sólo alcanza a los que producen más de 1.000 toneladas de soja por año y su recaudación se redistribuye en otros productores de soja (que no alcanza a cosechar 1.000 toneladas por año) y a otros cultivos, esencialmente los regionales.
Un ejemplo claro de lo que decimos, de unión entre fuga y deuda, es tal vez la aceitera Vicentin SAIC de la familia Vicentin, que aparece con obligaciones externas sobredimensionadas por 1.350 millones de dólares. (Beneficiada, incluso, con un préstamo por el equivalente a 300 millones de dólares con el Banco de la Nación Argentina.) Bien podría ser que los mismos socios dueños de Vicentin tengan depósitos y acciones en los supuestos bancos y firmas acreedoras más colocaciones de activos en los grandes fondos internacionales mencionados. De otro modo no se explica la convocatoria de acreedores del segundo exportador de aceite del país, que tiene puerto propio sobre el Río Paraná.
Es también obvio que existe una comunidad de intereses entre los accionistas de Bayer-Monsanto y la compra y aplicación a mansalva del glifosato, así como seguramente Black Rock y otros fondos administran recursos de los ricos de nuestro país.
El frente externo
Parte de la deuda externa total, equivalente a 324.300 millones de dólares, está en moneda y en jurisdicción extranjera, razón por la cual con fecha 10 de marzo de 2020 el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 250/20 para reestructurar 68.842 millones de dólares, que son los bonos emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020, confiriéndose al Ministro de Economía, Martín Guzmán, la autoridad para efectuar la renegociación con los acreedores y reestructurar la deuda.
El decreto del Poder Ejecutivo también lo faculta a que prorrogue la jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres, y Tokio, como fue en su emisión original. La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana es exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen, pero no implica renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes que posee en el exterior.
La exigencia de parte importante de los tenedores de esos bonos era que la Argentina presentase junto a su reestructuración un plan de pago. Ese plan debería nacer de los supuestos de superávit comercial y fiscal necesarios para comprar divisas y afrontar las obligaciones que, dadas las condiciones imperantes, son imposible de precisar.
Los grandes fondos de inversión o de cobertura como los nombrados son tenedores de parte importante de los títulos de deuda del decreto 250/20, y no van a estar dispuestos a esperar tres años para cobrar parte de los intereses. Tampoco van a esperar para cobrar la amortización del capital ni aceptarán quitas en el capital adeudado, que son las tres variantes de la reestructuración planteada. Esos fondos tuvieron reuniones en estas últimas semanas con el Ministro Guzmán. La prueba de que no se ha arribado a un acuerdo es la baja sistemática del precio de esos títulos en los mercados internacionales y el aumento de la tasa de Riesgo País.
El marco internacional desfavorable y el conflicto interno con los privilegiados de siempre tornan difícil la situación. Por eso no sería raro que en varios títulos de deuda la Argentina reestructurase, y en forma unilateral, el capital adeudado, los plazos y la tasa de interés, que en el caso de los títulos comprendidos en el decreto 250/20 implicará por parte de sus tenedores la correspondiente presentación judicial. Otra vez se agiganta la sombra del fallecido juez Thomas Griesa y su fallo a favor de los acreedores del país.
Pero no hay otro camino posible. Sabemos lo inútil que fue acatar el fallo del juez Griesa para el país: solo benefició a los que formaron parte de esa estafa, gobierno de Macri incluido.
El camino a seguir
Es imprescindible hacer conocer el estado real de situación a todo el pueblo argentino. Que se sepa quiénes son los que fugaron divisas bajo el amparo legal del macrismo. Lo que seguramente es ilegal es de dónde extrajeron las ganancias, que no declararon o lo hicieron muy parcialmente al fisco argentino. La fuga es una apropiación indebida de recursos que se generaron en nuestro territorio y que no se invirtieron en él. La pobreza, la falta de fuentes de trabajo, de máquinas y equipos nace de esa fuga, por lo que deben ser penados y deben pagar impuestos.
Benjamín Franklin, gran inventor y gran patriota estadounidense, decía: “Debemos hacer una Nación donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos”. En la Argentina con la primera no pudieron, pero evitar el pago de impuestos y fugar esos recursos lo han convertido en su actividad principal.
El gobierno debe imponer severos límites a esas prácticas, en nombre del pueblo argentino.
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