2/12/2020

con tlc ... como te fué?



Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea

Alfredo Calcagno

El Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea es mucho más que un acuerdo comercial. Al lado de disposiciones que reducen las tarifas de importación y otros obstáculos al comercio, hay otras que limitan de manera drástica nuestra posibilidad de aplicar políticas macroeconómicas e industriales. Para determinar si tal acuerdo es conveniente para la Argentina, hay que ver si lo que se gana en términos de acceso al mercado europeo más que compensa la pérdida de ventas por el aumento de las importaciones desde Europa, y sobre todo si renunciar a instrumentos de políticas no afecta de manera indebida nuestra estrategia de desarrollo. ¿Mejorará con este Acuerdo nuestra especialización comercial? ¿Evolucionará nuestra estructura productiva hacia formas más intensivas en tecnología y en mano de obra calificada? ¿Aumentará la integración nacional de nuestros bienes y servicios, y disminuirá nuestra vulnerabilidad externa? En este Cuaderno explicamos por qué pensamos que no.

En lo que hace a los aspectos comerciales:

- Este Acuerdo mejora sólo de manera modesta nuestro acceso al mercado de la UE, en donde el arancel promedio es de solamente 4,1%, frente a los 15,4% del MERCOSUR.

- Las mayores trabas a nuestras exportaciones son los subsidios que la UE otorga a sus productores agropecuarios y las restricciones cuantitativas que se fijan sobre nuestras ventas de carne, arroz, azúcar, etc. El tratado no resuelve ninguno de esos problemas: los aumentos de los cupos son ridículamente bajos, y se reafirma el derecho europeo a fijar subsidios, sin límite de tiempo.

- Mientras los europeos toman recaudos para que sus sectores “sensibles” no se vean afectados por un aumento de las exportaciones del Mercosur, no se fijan cuotas para las importaciones de manufacturas al Mercosur, se limita el uso de cláusulas de salvaguarda y se prohíben las licencias no automáticas para las importaciones.
- Las reglas de origen son laxas, lo que haría posible que manufacturas provenientes de África o Asia con apenas alguna transformación en la UE puedan ingresar al Mercosur libre de derechos.

- Se liberaliza el comercio de servicios, en particular el de los servicios financieros. Esto supone levantar limitaciones a los flujos de capital extranjero y abrir el mercado local a instrumentos financieros que todavía no existen en el país. De este modo se renuncia a establecer controles sobre flujos especulativos e “innovaciones financieras”, con fuerte potencial desestabilizador.

En cuanto a los aspectos extracomerciales:

- El Acuerdo prohíbe controlar los flujos de capitales, salvo en “circunstancias excepcionales”, pese a que la necesidad de aplicarlos ya ha sido reconocida hasta por el FMI. Limitar los controles a situaciones de crisis de la balanza de pagos vacía tales controles de sentido, ya que su función es la de prevenir esa crisis.

- Según el Acuerdo, la Argentina debe eliminar las retenciones a las exportaciones, salvo las que se aplican al complejo sojero, que quedan con un tope de 14%. Es una insólita intromisión en la estructura fiscal argentina.

- Se abandona la posibilidad de usar las compras gubernamentales y de las empresas públicas con un sentido de desarrollo. Así, se prohíbe introducir en las licitaciones “medidas que alienten el desarrollo local o que mejoren las cuentas de la balanza de pagos mediante el requisito de componentes locales, la transferencia de tecnología, la introducción de requisitos de inversión o de compensación en los flujos de comercio”. Tampoco se puede dar preferencia a un proveedor nacional por sobre uno europeo.

- Pese a que el gobierno de Macri anunció que la UE brindaría un apoyo crediticio para que las Pymes del Mercosur pudieran adecuarse al nuevo marco, no hay nada en la sección correspondiente en el Acuerdo que corrobore tal promesa.

En síntesis, para que un Acuerdo comercial como éste ayude al desarrollo, es preciso adaptar el aparato productivo, expandir su capacidad de producción y su competitividad. Para ello es indispensable hacer lo que todos los países que fueron exitosos en su industrialización hicieron, y siguen haciendo: aplicar políticas públicas de apoyo a los sectores estratégicos, que refuercen la inversión, la tecnología y las exportaciones, que desarrollen proveedores locales y generen empleo de buena calidad. Pero precisamente, este Acuerdo nos prohíbe utilizar instrumentos de la política industrial. También nos limita el manejo macroeconómico, al prohibirnos controlar los flujos de capital y fijar retenciones a las exportaciones primarias; de este modo nos sería difícil establecer un tipo de cambio competitivo para la industria, los servicios y las economías regionales.

Una eventual renegociación de este Acuerdo debería apuntar, primero, a establecer algún equilibrio en su parte comercial, para que los resguardos frente a una competencia destructiva no existan solamente del lado europeo, y se eliminen o amplíen las cuotas que frenan nuestras exportaciones. Segundo, es preciso eliminar las trabas que impedirían llevar a cabo una política soberana de desarrollo. Si es importante abrir nuevos mercados, no menos importante es aplicar una política industrial.

Sin esos cambios, este Acuerdo consagraría nuestra renuncia a desarrollar, diversificar y modernizar nuestro aparato productivo, y nos condenaría a una economía primarizada, incapaz de emplear en actividades bien remuneradas a la mayoría de nuestra población.

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