La Cámara Federal revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito al empresario y su hijo
La Cámara Federal porteña revocó hoy los procesamientos dictados contra el empresario Alfredo Coto y a su hijo Germán, por las armas hallados en una sede de su supermercado, en el barrio de Caballito, en 2017.
Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones dictaron la falta de mérito para Coto y su hijo porque entendieron que, dado el tamaño de la empresa que manejan, podían no estar al tanto de los temas vinculados con la seguridad comercial de la firma.
“El 'riesgo seguridad' de la empresa presidida por los imputados no es sino parte de un organigrama mercantil cuyas actividades, para ser debidamente cumplidas, requieren de cierta cuidado y custodia mediante la delegación de funciones en aquellos competentes en la materia”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
“Resultaría inexigible e inimaginable que en una estructura de ese tipo de casi 20.000 personas y un sinnúmero de sedes en funcionamiento en todo el país, fueran su presidente y vicepresidente los encargados de llevar adelante los procesos vinculados a esa clase de actividad”, remarcaron en el fallo judicial.
En octubre, el juez federal Sebastián Ramos había procesado y embargado, sin prisión preventiva, a los Coto luego de que fueran halladas en su empresa decenas de armas sin autorización.
En mayo de 2017 los fiscales Jorge Di Lello y Franco Picardi denunciaron el hallazgo de un arsenal en un supermercado Coto de la calle Paysandú 1800.
En el lugar fueron halladas 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego y 2 de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y 9 escudos antitumultos.
Buena parte del armamento hallado pertenecía a la Policía Federal y a la Prefectura. Había además armamento con los números de serie adulterados, otro con la numeración limada y otros tantos con permisos vencidos.
Coto y su hijo fueron acusados de tenencia ilegítima de explosivos y otras armas que estaban en dicho supermercado "sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia".
En la misma causa fue procesado, con un embargo de 500 mil pesos, el prefecto principal Cristian Javier Oscar González, por incumplimiento de los deberes de funcionario público; pero esa decisión judicial también fue revocada.
Para los jueces de la Cámara Federal la causa no cuenta aún con elementos suficientes para dictar el procesamiento o el sobreseimiento de los imputados, lo que justifica la decisión de dictarles la falta de mérito.
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