El prestigioso abogado Maximiliano Rusconi afirmó en una entrevista con Infobaires 24 que el gobierno puede tomar diferentes tipos de decisiones para evitar que el lawfare continúe en la Argentina. «Puede enviar una verdadera reforma judicial al Congreso», explica Rusconi quien además sostiene que también sería una opción convocar a expertos para que den su opinión sobre el sistema judicial argentino y analicen las causas de los últimos años.
«La causa contra Boudou es nula desde sus inicios», enfatizó el abogado y agregó que la Corte Suprema debería abocarse a resolver las condenas ilegales. «Pero solo resuelve los problemas vinculados a sus intereses», agrega.
– ¿Qué opinión tiene acerca de la causa contra Amado Boudou por la venta de Ciccone?
La causa tiene muchas irregularidades. Entre ellas que Nicolás Ciccone primero fue citado como testigo y que declaró bajo juramento. Luego fue declarado imputado y debió prestar declaración indagatoria. La irregularidad es que un imputado no está obligado a decir la verdad, ni a declarar en su contra. Esa misma declaración es usada para incriminar a Boudou. Esta causa es nula desde un inicio. La segunda irregularidad en esta causa es que no generó un perjuicio económico para el Estado. Que yo sepa, el Estado se quedó de forma gratuita con una imprenta millonaria en costo y en infraestructura. La empresa fue expropiada por el Estado con la votación del Congreso. Entonces ¿cuál es el perjuicio contra el Estado? Los medios siempre buscan los supuestos perjuicios de las causas por presunta corrupción, qué digan cuál es este.
-¿La Corte debió haber actuado?
Sí. Hay mucha más irregularidad del Estado como sistema de control que del propio Boudou. La Corte Suprema tendría que haber tomado cartas en el asunto y evidenciar las irregularidades. El Máximo Tribunal de la Argentina sólo se encarga de los intereses corporativos, de la familia judicial, pero de los grandes temas del país esta Corte no se ha ocupado nunca.
-¿Qué puede hacer el poder Ejecutivo para desarmar el lawfare?
En nuestro país existe un sistema eminentemente presidencialista y el poder Ejecutivo puede hacer mucho para cambiarlo. El presidente puede enviar un proyecto de ley enserio, no como el enviado anteriormente. Si lo que denunció Alberto Fernández en campaña lo corrige con este proyectito de ley, entonces la situación no eran tan grave. En la Argentina se han violado los derechos básicos: se cierran causas sin que generen las pruebas necesarias, no se permitió a los imputados defenderse correctamente, no se les permitió sumar pruebas, se los extorsionó y les echaron los abogados. Se dictaron prisiones preventivas increíbles como por ejemplo a Lázaro Baez que lo detuvieron mientras iba en el avión para declarar. Hubo sindicalistas que se los detuvo en la misma escalera del estrado de Comodoro Py.
-¿Qué otras medidas puede tomar el poder ejecutivo?
Tenemos un presidente por primera vez con formación en derecho penal. La verdad que uno espera un cambio importante, como por ejemplo que se cite a organismos internacionales, a agrupaciones de Derechos Humanos y a juristas de todo el mundo, para debatir acerca del sistema judicial argentino. Que se analicen a fondo las causas de los últimos años y que una comisión haga un informe sobre el funcionamiento judicial. Con esas precisiones, el poder Ejecutivo tiene la capacidad de tomar algunas decisiones como el indulto que el Presidente podría justificar al decir que no aceptará condenas que violen derechos humanos. Si Argentina viola las garantías constitucionales, puede recibir sanciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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🔴 Denunciamos Lawfare en el gobierno de Macri, en el de Bolsonaro contra Lula. En el gobierno apropiado x Añez contra Evo. En el gob del tránsfuga @Lenin Moreno contra Correa. Sufrir Lawfare en nuestro gobierno nacional y popular parece inadmisible #LibertadALosPresosPoliticos https://t.co/rnFNAuSps8
— Alicia Castro (@AliciaCastroAR) December 13, 2020
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