antes que seguir sumando policías, hay que atender las demandas de los que tenemos

 

Sindicalización policial en Argentina: un debate pendiente

Mariana Lorenz

Hace unas semanas, miles de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron por aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo. Un grupo de policías uniformados y armados rodearon con sus patrulleros la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente. La situación vivida llevó a discutir la posible sindicalización policial, pero también el accionar de esas fuerzas dentro de la democracia.

Hace unos días, miles de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA) se manifestaron por aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo. El epicentro de las protestas fue el lugar conocido como Puente 12, en la localidad de La Matanza, donde están ubicados el Centro de Coordinación Estratégica de la Policía y las oficinas del ministro de Seguridad de la provincia. Durante las jornadas subsiguientes se ensayaron algunos anuncios que buscaban resolver el conflicto, pero los funcionarios consideraron que sus demandas no estaban siendo debidamente atendidas y la situación escaló. Un grupo de policías uniformados y armados rodearon con sus patrulleros la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente. Solo el anuncio del presidente Alberto Fernández por cadena nacional señalando que alteraría la distribución de la coparticipación federal de impuestos para asegurarle a la provincia los fondos para aumentar los salarios policiales logró calmar las aguas.

Durante tres jornadas asistimos a un panorama muy poco convencional, en el que integrantes de una fuerza de seguridad protagonizaron la protesta en vez de controlarla o reprimirla. Estos funcionarios se representan su quehacer profesional como particularmente riesgoso, permanente y vocacional y, en este sentido, lo consideran como un servicio, una misión. No trabajan de policías: son policías. Las propias instituciones fundan ya desde la formación inicial –a través de símbolos, ritos y una historia en común– esta configuración que busca borrar la diversidad y heterogeneidad de los individuos que la integran y crear una imagen monolítica que los defina y diferencie. Es esta construcción identitaria la que buscaba reforzar Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, en su arenga a los miembros de la fuerza que conduce, a los pocos días de declararse la pandemia de covid-19 y decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio. En esa ocasión, el funcionario les recordó el juramento que habían realizado a la bandera en el que prometieron defenderla hasta perder la vida e invitó a quienes «no sienten el llamado del servicio» o «perdieron el calor de la llama sagrada de la vocación» a dar un «paso al costado», reactualizando el sentido sacrificial y vocacional de la función policial.

Por esta particular forma de representarse su quehacer profesional, los integrantes de las fuerzas de seguridad consideran que no les sería lícito expresar demandas salariales, ya que alegan un compromiso que no escondería interés económico alguno. No habría sueldo que pueda compensar la entrega total y permanente que realizan de su tiempo e incluso de la propia vida. Sin embargo, los policías entienden que la remuneración recibida es escasa. En el caso del conflicto que protagonizó la Policía de la Provincia de Buenos Aires recientemente, no es menor el hecho de que su salario perdió 33% de poder adquisitivo en los cuatro años de gestión de la coalición Cambiemos, ubicada a la derecha del espectro político. Para desactivar el conflicto, fue necesario un aumento del salario mínimo de 34.000 a 49.000 pesos (450 a 647 dólares, al valor oficial), además de un aumento de 5.000 pesos (66 dólares) de compensación por el uniforme (que deben comprar los propios policías) y de las horas extras.

Por otro lado, más allá de las limitaciones de corte subjetivo, existe una restricción normativa, ya que en Argentina los miembros de las fuerzas de seguridad tienen vedada en su reglamentación interna la posibilidad de reivindicar derechos colectivos. Por su parte, el Código Penal incluye figuras como amenazas, coacciones y sediciones que podrían aplicarse a aquellos funcionarios que decidan protestar. Se les exige a los policías –puesto que es parte central de sus tareas– que sean los primeros en defender los derechos de todos los ciudadanos, mientras que los suyos les son cercenados. Eso les permite, ya que no pueden verlos como a iguales, reprimir a otros trabajadores que se manifiestan por sus derechos laborales, como también les impide pensar en reclamar los propios. La forma en que conciben su quehacer profesional y las restricciones normativas han imposibilitado a los policías pensarse como trabajadores y, por ende, recurrir a métodos de expresión de reclamos propios del resto de los asalariados.

Sin embargo, en los últimos años, hemos asistido a algunas protestas de los miembros de las fuerzas de seguridad. En octubre de 2012 se desató una protesta conjunta de dos fuerzas federales: la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El conflicto se desencadenó por el Decreto Presidencial 1307/2012, elaborado por el Ministerio de Seguridad para regularizar las distorsiones en los salarios del personal de estas fuerzas producidas por la incorporación de suplementos salariales denominados «en negro» o «no remunerativos», que implicó en muchos casos una significativa reducción en los haberes. El 3 y 4 de diciembre de 2013 se inició Córdoba un ciclo de protestas por parte de los efectivos de las policías de 21 provincias en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. A partir de octubre de 2016 asistimos a expresiones de descontento de algunos de los miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) traspasados a la nueva Policía de la Ciudad (de Buenos Aires).

En todos estos casos, los funcionarios trascendieron las limitaciones subjetivas y normativas que restringían la protesta y expresaron sus demandas en la escena pública. Para que esto suceda se deben dar situaciones excepcionales que lo habiliten. En el caso de la protesta de la policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los motivos que parece haberla desencadenado es que en el contexto de pandemia los funcionarios se convirtieron en la primera línea de batalla, tuvieron que poner el cuerpo, para hacer cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio y evitar la propagación del virus covid-19 en la población. El riesgo de su tarea se potenció y se convirtieron en trabajadores esenciales. Como consecuencia de la pandemia, por otra parte, los funcionarios vieron reducidas las posibilidades de realizar servicios adicionales para complementar su salario por la suspensión de actividades como espectáculos deportivos, musicales, etc. Pero también, digamos todo, se redujo la oportunidad de continuar con su recaudación ilegal producto de su connivencia con actividades ilícitas. Por otro lado, el anuncio del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Gran Buenos Aires, que contemplaba la incorporación de miles de efectivos y patrulleros de las fuerzas federales a las calles, la construcción de una docena de nuevas cárceles y una fuerte inversión en obras de infraestructura, equipamiento y tecnología, nada decía de una mejora en los salarios policiales. Algo que, lógicamente, cayó muy mal en las filas de la policía provincial.

La protesta policial hizo resurgir el debate sobre la sindicalización de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. En Argentina la libertad sindical policial es obstaculizada por el poder político aduciendo la matriz militarizada de las policías, el temor a la politización y la consideración de la seguridad como un servicio público esencial. La negación del derecho colectivo, además, fue avalada por la Corte Suprema en un reciente fallo judicial. Producto de estas restricciones, existen en el país algunas asociaciones de hecho. En la provincia de Buenos Aires la más importante es el Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA), nacido al calor de la crisis hiperinflacionaria de 1989 pero sin personería jurídica. Lo que quedó evidenciado con el conflicto reciente es que quienes componen las fuerzas de seguridad deben tener alguna forma de tramitar sus demandas a través de canales institucionales. De lo contrario, el poder político se queda sin representantes claros con quienes negociar y hay quienes pueden aprovechar un reclamo legitimo para desestabilizar. Un organismo autónomo e independiente de la cadena de mando serviría además para que los funcionarios puedan realizar sus denuncias de hechos de corrupción o abusos (de índole laboral, sexual, etc.) sin miedo a represalias por parte de sus superiores jerárquicos. En este sentido, el mensaje del ministro Berni al que aludí anteriormente reforzaba la relevancia del respeto al orden vertical imperante en las fuerzas de seguridad y recordaba a los policías la importancia de respetar las órdenes emanadas de la superioridad con frases como: «Nadie está autorizado a realizar ninguna operación que no sea ordenada de su cadena de mando natural» y «en este momento no hay lugar para los librepensadores».

Existen algunas experiencias de sindicalización de los funcionarios policiales alrededor del mundo (en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y, en nuestra región, en Brasil y Uruguay). En general, todas tienen en común las limitaciones al derecho a huelga y la necesidad de sostener guardias mínimas de un servicio considerado esencial como la salud y el trasporte. Quisiera detenerme en dos de estos casos para remarcar sus aspectos positivos y negativos. Con mis colegas Santiago Galar y Sabrina Calandron analizamos el proceso uruguayo. Allí, el modelo sindical habilitado desde las esferas políticas –que dista de ser el del sindicato «único y por rama»– posibilita la fragmentación y diversificación de organizaciones que conviven, se asocian o se disputan el poder de acuerdo con las circunstancias y el posicionamiento político frente al gobierno de turno. En Uruguay coexisten dos grandes colectivos sindicales policiales. Por un lado, está el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIPFOM), un actor de peso en el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central única de trabajadores del país. Pero por fuera de este armado nacional se encuentra el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU). Estas organizaciones ofrecen distintos servicios destinados a mejorar el bienestar de sus miembros: asesoría legal para la recusación de sanciones internas recibidas por agentes policiales y defensas de carácter penal, acompañamiento emocional o de contención al personal (y su familia) luego de intervenciones traumáticas, asistencia social –como la entrega de comida y medicamentos para aquellos funcionarios con mayores dificultades económicas– y, por último, servicios financieros como el acceso a tarjetas de crédito y descuentos en diferentes comercios.

En el caso de Estados Unidos, existen más de 140 sindicatos y varias federaciones que representan los intereses laborales de sus aproximadamente 800.000 agentes de policía. Aunque las organizaciones policiales de asistencia mutua existen desde principios del siglo XX, recién en los primeros años de la década de 1960 se reconoció a las fuerzas de seguridad el derecho a la agremiación. Las protestas ocurridas recientemente en contra de la discriminación racial y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad pusieron de manifiesto las limitaciones y los problemas generados por el modelo de sindicalización policial de ese país. En momentos en que se cuestiona la actuación de estos funcionarios, los gremios que los agrupan actúan como mecanismos de defensa corporativa, limitando las sanciones y dificultando la expulsión de aquellos que hayan incurrido en casos más graves de violencia institucional. Por otro lado, por su carácter conservador, estas organizaciones han bloqueado sistemáticamente los intentos de reforma y limitación de las atribuciones de los funcionarios que buscan evitar el uso abusivo de la fuerza. Algunos sindicatos se han involucrado en la política partidaria local e incluso ahora apoyan y financian la reelección de Donald Trump. Por último, como ha demostrado una investigación del New York Times, la conducción de los sindicatos policiales en la ciudad de Nueva York –blanca, suburbana y republicana– es muy poco representativa de una fuerza policial cada vez más diversa.

Si queremos avanzar hacia una policía más democrática y respetuosa de los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores a la protesta, debemos empezar por evitar que los suyos sean vulnerados. Para ir hacia un modelo securitario que en vez de imponer el orden gestione el conflicto inherente a nuestra sociedad antes que seguir sumando policías, hay que atender las demandas de los que tenemos.