una mirada panorámica

Reflexiones en torno a la mitigación del impacto económico de la pandemia COVID-19 y el rol de la política industrial 

Hernán Morero

Profesor Adjunto en “Economía Industrial” (FCE, UNC. Argentina). 

Investigador Adjunto de Conicet (CIECS, Conicet y UNC). 

Asistimos a una crisis de carácter mundial debido a la pandemia del COVID-19. La Cepal prevé que tendrá efectos dramáticos sobre la economía global, incluso más intensos que la crisis de 2008, estimando una caída del 1,8% en el PBI de América Latina y el Caribe, pudiendo elevar las tasas de desempleo en 10 puntos para la región y con ella los niveles de pobreza extrema [1]. 

Sus efectos recesivos operan por mecanismos tales como la ruptura de la cadena de pagos y de comercialización, los desajustes producto de la interrupción de las cadenas globales de valor, la prácticamente eliminación de la demanda de servicios de turismo, la caída de los precios de los commodities y su impacto en los países exportadores de materias primas; y especialmente por la merma productiva en la industria manufacturera y de servicios, resultante de las medidas de aislamiento social y cuarentena, y su impacto en los niveles de producción. Desde ONUDI se nos ha invitado a miembros de LALICS a aportar reflexiones en torno a políticas, industriales y de innovación, que ayuden al proceso de recuperación económica una vez superada la fase más crítica de la pandemia de COVID-19 que asedia al mundo, así como formas de mitigar su impacto económico y productivo actual. 

Esta corta nota de opinión, trata de resumir tres preocupaciones y pensamientos en construcción alrededor de este disparador, que en nada pretenden agotar las aristas económicas, sociales, psicológicas, políticas, éticas y hasta existenciales, que deben ser atendidas como producto de lo que constituye un colapso sanitario de carácter global en las economías capitalistas. 1. La política industrial en el plano inmediato debe subordinarse a la reactivación económica, vía políticas fiscales y monetarias expansivas con foco social. El impacto económico y productivo asociado al paro del aparato productivo requerirá un impulso de recuperación fiscal y monetaria bastante agresivo. En lo inmediato la salida económica es conocidamente keynesiana. La historia del capitalismo ha dejado suficientemente demostrado que ante esta clase de eventos catastróficos, la reactivación en el corto plazo viene desde los Estados, no desde los mercados. 

Las economías se levantan de una situación de desastre a través de un fuerte impulso de demanda y de reconstrucción de las unidades productivas dañadas. En el corto plazo, para contribuir a mitigar los efectos económicos nocivos, recomienda para la política industrial medidas de corte horizontal con un especial cuidado a los establecimientos productivos más débiles, esto es con prioridad a las mipymes. Según datos de Cepal, en la Unión Europea las mipymes representaban hace algunos años el 56,2% del valor agregado y el 69,45% del empleo; mientras que en América Latina la heterogeneidad productiva es mayor: las mipymes concentran el 24,6% de la producción, el 61,2% del empleo y el 99,5% de las empresas [2]. Los tipos de medidas son diversos, van desde moratorias impositiva para mipymes, liquidez ilimitada a través de préstamos con garantía de la banca pública, provisión de facilidades para el pago de los salarios de las empresas, así como consideraciones especiales para el pago de servicios públicos, entre otros. Huelga repetir, que estas son solo algunos puntos a considerar en compañía de una recuperación del poder adquisitivo de la población, con un aumento en el gasto público social y una especial atención a todo el segmento informal de la economía. 2. La política industrial en un mediano plazo debe colaborar en una restitución progresiva de las funciones desmanteladas del Estado de Bienestar. 

El proceso de desmantelamiento de los Estados de Bienestar que viene operando en los países capitalistas desde mediados de los 1970s ha mostrado su estrepitoso fracaso al no poder garantizar el derecho a la salud. Los sistemas de salud mixtos han mostrado su vergonzosa incapacidad de responder ante una gripe, forzando a la sociedad a una situación de aislamiento social inhumano. Se torna necesario repensar las funciones esenciales que garanticen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, hacia un Estado de Bienestar del Siglo XXI, para los países que democráticamente elijan salidas capitalistas a esta crisis. Y las políticas industriales de carácter vertical en el mediano plazo deben estar al servicio de la restitución de estas funciones bienestaristas esenciales, hoy nos toca pensarlo en torno a la salud. 

La salud pública debe ser protegida de la intromisión de la fría lógica de mercado y de la miopía de los análisis costo-beneficio y de “eficiencia” que la caracterizan. Especialistas en economía de la innovación en el área de la salud han señalado reiteradamente que existen sistemas de incentivos alternativos a la obtención de ganancias y la rentabilidad, tan o más eficaces para inducir la I+D, generar nuevos desarrollos y avances tecnológicos en este campo. Las políticas industriales selectivas relacionadas al sector de la salud, relativas a sectores tales como farmacéutica, así como servicios, infraestructura, equipamiento e insumos médicos, deben subordinarse a los derechos y necesidades sociales y no permitir más la intromisión de la lógica de “eficiencia económica” en su interior. Evidentemente hace años contar con decenas de miles de camas de terapia intensiva y respiradores “ociosos” ha sido evaluado por parte de los sistemas de salud mixtos como inversiones ineficientes; mientras actualmente afrontamos los resultados penosos de esas decisiones. 

La incapacidad de estos sistemas de reaccionar, donde las lógicas eficientistas definen lo que se invierte, lo que se investiga, el personal, equipamiento y medicamentos que se disponen; hoy nos sume en esta crisis sanitaria global, que lleva a países a nacionalizar su sistema de salud pública, cuando ya los decesos se suman de a miles y miles. No pueden existir ni "medicamentos huérfanos", ni insuficiencia de médicos o enfermeros, ni falta de camas de hospital ante una pandemia gripal; en las modernas economías de la ostentación y el despilfarro consumista que asistimos desde inicios del siglo XX. No efectuar cambios sobre la lógica de funcionamiento de los sistemas de salud es una negligencia que nuestras sociedades no deben permitir, porque pone en riesgo el ejercicio de sus derechos humanos esenciales. Hoy asistimos a esta negligencia en el campo de la salud, pero no es la única función de los Estados de Bienestar que deben ser recuperadas antes que otro tipo de colapso vergonzoso nos encierre nuevamente en nuestras cavernas adornadas de tecnología y conectividad. 3. Los costos y apropiación de los beneficios de una transición forzada hacia el teletrabajo. El COVID-19 pasará, dejando tras de sí tremendos costos sociales y económicos que deberemos afrontar como sociedad, pero las prácticas de teletrabajo y los regímenes establecidos para esta modalidad de trabajo que se muestren como “exitosos”, permanecerán en el mundo de la producción. 

Debemos ser conscientes de que estamos asistiendo a una transformación, forzada por las circunstancias, de los procesos de trabajo cuyos costos, especialmente psicológicos y organizacionales, pero también de infraestructura; han sido impuestos compulsivamente al sector asalariado formal. Los hogares deben reconvertir sus espacios de vivienda, desde adecuarlos a las condiciones de trabajo, a disponer el mobiliario, los equipos informáticos y de conectividad, hasta reconvertir los tiempos del hogar, internalizar el stress laboral al ámbito familiar. En sí, como resultante de esta crisis sanitaria, están siendo trasladados de manera compulsiva buena parte de los costos de la transición hacia formas de teletrabajo, al interior de los hogares cuyos ingresos provienen del segmento asalariado formal. Son formas de trabajo que constituyen herramientas importantes en una transición hacia lo que se ha dado en denominar "industria 4.0". 

Una transición que se mostraba por el momento más como un discurso con escasa contracara empírica, pues realmente la proporción de empresas de este tipo resulta ínfima a nivel mundial, y suele acotarse a algunas actividades de algunas grandes multinacionales [3]. En su momento, buena parte de los costos de la transición hacia los procesos de trabajo de la producción flexible fue trasladada desde los eslabones productivos más poderosos (como las empresas multinacionales, a través de sus filiales) a los establecimientos más débiles (como las pymes locales). Las circunstancias actuales imponen parcialmente esta transformación de manera cruel a las organizaciones y trasladan la mayor parte de los costos a los hogares de los trabajadores. 

Este fenómeno resultante es un foco de intervención específica para la política industrial en el mediano y largo plazo, pues la distribución de las ganancias de productividad que puedan surgir de la implementación futura de modos de teletrabajo en el sector productivo que sobreviva a la crisis, cuando retorne a sus niveles de actividad, no necesariamente responderá a esta distribución de costos. Ello sin contar la medida en que la profusión de estas formas de trabajo impactará sobre la precariedad del trabajo asalariado formal, y el efecto disciplinador y ejemplificador que pueda tener sobre el trabajo informal. 

Además, estos cambios en las formas de organización social y del proceso de trabajo desafían a lo planteado en el punto anterior pues, al debilitar la posición negociadora de las empresas más pequeñas y fundamentalmente de la clase asalariada formal, contribuyen al debilitamiento de las políticas características de los Estados de Bienestar Social. 

Una mirada panorámica sobre estos tres puntos condensa en que la política industrial actualmente debe cumplir un rol subordinado a la política social, de salud y de empleo a nivel de las naciones; tanto en el plazo inmediato, como el mediano y largo plazo. Con el tiempo, tras la recuperación social, podrá retomar su rol protagónico en las economías periféricas, de impulsor del cambio estructural y de emancipación económica y productiva con inclusión social. 

Referencias 

[1] Comunicado de Prensa de Cepal 19/03/2020. "COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América Latina y el Caribe". Disponible en https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactarapaises-america-latina 

[2] Dini y Stumpo (2018). Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. CEPAL, Chile. Cap. 1. “Mipymes y heterogeneidad estructural en América Latina”, F. Correa, V. Leiva y G. Stumpo. 

[3] Motta, Morero y Ascúa (2019), “Industria 4.0 en mipymes manufactureras de la Argentina”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/93), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).