coronavirus: hoy, todavía, no se sabe cuándo se podrá salir...

Los desafíos de la gestión pública frente a la pandemia

Arturo Trinelli

Integrante del área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina

Frente a la pandemia del Coronavirus el gobierno argentino fue impulsando una serie de medidas activas que, al mismo tiempo, plantean retos de gestión pública para el desarrollo de corto y mediano plazo, donde deberán sortearse y desplegarse en simultáneo capacidades estatales y de respuestas en los frentes internos y externos. A esto se adicionan interrogantes entorno a cómo cohesionar una sociedad caracterizada por procesos más individualistas y que actualmente nos convocan a actuar de manera solidaria y colectiva. Este articulo intenta abordar estos aspectos.

Las principales medidas frente a la Pandemia del Coronavirus

Casos de coronavirus por país, excepto China.

Estados Unidos se encamina en algunos días a ser el país con mayor cantidad de contagios. pic.twitter.com/DXh0oLjEwf

— Sergio Chouza (@SergioChouza) March 26, 2020

Un rápido repaso por las principales medidas anunciadas recientemente permite poner en foco la premisa de “empezar por los de abajo” que el Gobierno decidió evocar al inicio de su gestión y que la pandemia obligó a reenfocar, luego de la primera fase de entregas de tarjetas alimentarias, precios cuidados, congelamiento de tarifas y organización de la canasta alimentaria que fueron las iniciativas iniciales para combatir el hambre en el país.

En ese sentido, se destaca el pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la Asignación por Embarazo (AUE), como primeros intentos por disuadir los efectos regresivos que sobre las economías de los más vulnerables tendrá la cuarentena.

También, fue anunciado un pago por única vez de $10.000 destinado a cuentapropistas- monotributistas de las categorías más bajas y trabajadores informales- lo cual implicará una inyección total de aproximadamente $36.747 millones, destinada a unas 3 millones y medio de familias que representan el 30% de los hogares del país. Lo propio trabajadores domésticos, aunque se desempeñen en blanco. Se considera que en esa actividad el nivel de formalidad es bastante bajo (según el INDEC, alrededor de 1.200.000 sobre un total de poco más de 1.700.000) y donde la ocupación femenina asciende a más de un 95%. No hay dudas que los efectos de la crisis recaen en todos pero más preponderantemente sobre quienes persisten desigualdades sistémicas y que son su principal cara: mujeres trabajadoras precarizadas, niños y niñas.

Con todo, el estancamiento de la actividad económica equivaldrá a una caída de alrededor de 4% del PBI, algo que complica las perspectivas de recuperación proyectadas a inicios de la gestión de Alberto Fernández, ya exiguas a consecuencia del fuerte endeudamiento externo heredado, una recesión económica de años y aumentos generalizados de precios solo comparables a los desbordes inflacionarios de la salida de la hiper a inicios de los 90’.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se fortalecerá la provisión de alimentos, con entregas programadas en puntos de encuentro que guarden una prudente condición de aislamiento entre personas, pero que al mismo tiempo garantice el abastecimiento para gran cantidad de gente cuya ingesta diaria, al menos la más importante, transcurre en comedores comunitarios. En ese sentido se expresaron los intendentes de las zonas más castigadas en la última reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos, donde hicieron saber lo fundamental de mantener esta asistencia para una efectiva contención social sobre estos universos poblacionales.

En cuanto a obra pública, el foco principal está puesto en la consagración de obras que ayuden a alojar personas cuando en una semana se expandan los picos de infección, de manera de no sobresaturar las camas disponibles y evitar situaciones de desborde. Al mismo tiempo, se prevé el relanzamiento del Plan Procrear, pensado para impulsar el sector de la construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares, un sector que activa rápidamente la ocupación laboral y donde quienes trabajan son mayormente individuos de sectores medios o medios bajos.

Para el sector pyme, también castigado por el parate, se prevé una serie de iniciativas asociadas a la exención o prórroga de algunos impuestos y a la obligación para las prestadoras de servicios públicos de no interrumpir el suministro frente a la falta de pago. Al mismo tiempo, tal como venían reclamando las entidades agrupadas en CAME, el Banco Central dispuso reactivar el clearing bancario antes del 1 de abril, para que los bancos tengan liberados unos 250 mil millones de pesos que les permitan financiar pymes a una tasa del 24% anual y poder, así, garantizar el pago de sueldos.

Retos de gestión pública y desarrollo: la capacidad de respuesta a los frentes internos y externos

Todas estas iniciativas están pensadas, como ya se dijo, para los sectores que mayor impacto están acusando por efecto de la cuarentena. Pero es cierto que frente a una coyuntura de este tipo, diferentes ramas industriales, el campo, y algunos servicios también empiezan a demandar atención, porque además buena parte de estos venían con una inercia recesiva importante. Por ejemplo, las productoras de hidrocarburos ya han dejado trascender la idea de restituir un “barril criollo”, es decir, un precio por encima del que se remunera a nivel internacional- que actualmente se ha desplomado a unos usd 30 por barril- para garantizar producción y, consecuentemente, puestos de trabajo en provincias donde emplea a muchos trabajadores y en donde hay localidades que viven casi exclusivamente de su actividad (Las Heras en Santa Cruz; Comodoro Rivadavia en Chubut; solo por citar algunos casos). 

Lo que se resuelva para reactivar el sector no es menor dada la incidencia que tiene la producción de energía para la economía, pero ya hay algunos antecedentes que pueden servir de registro para lo que se viene: en los dos años que duró la implementación del precio sostén durante el último gobierno de Cristina Fernández, las petroleras recibieron unos usd 9.900 millones, que en el escenario actual resulta un desembolso prácticamente imposible de imaginar más allá de la presión que generen empresas y provincias productoras, cuyos ingresos por regalías dependen precisamente de ese precio.

Todos los frentes que se le abren a la actual administración, entonces, pondrán a prueba la capacidad de respuesta y la sensibilidad política de la coalición gobernante para monitorear una coyuntura que se avizora compleja, disruptiva y desafiante. Lo que se observa hasta ahora es una estrategia destinada a contener a los más humildes y a transmitir el día a día de la pandemia con información y tranquilidad, buscando minimizar el pánico que fenómenos de este tipo ocasionan.

El desafío para la gestión pública pasa por tener capacidad de respuestas, lograr una coordinación interinstitucional que consagre acciones rápidas en territorio y manejar el frente externo persuadiendo a los acreedores a una negociación de la deuda que permita refinanciar vencimientos y aplazar pagos. Si bien se trataba de una estrategia a impulsar, y de hecho ya había conversaciones a tal efecto, ahora se impone como condición necesaria para permitir una salida lo más rápida posible de una pandemia de la que hoy, todavía, no se sabe cuándo se podrá salir.

Péndulos, gestión pública y estratos sociales en Argentina

Ahora bien, a esto debe sumarse el aditivo de nuestra historia. En contextos extremos, las sociedades despliegan fortalezas que mucho tienen que ver con recorridos históricos, trayectorias y procedencias. No hay situaciones idénticas, pero las vivencias van dejando rastros en la memoria colectiva que ayudan a sobreponerse y actuar. Los grandes desastres naturales, hechos que salen de lo normal y rompen las barreras de la cotidianeidad y lo previsible, son momentos donde se fortalece el tejido social si, precisamente, las sociedades consiguen enhebrar lazos de solidaridad que disuadan o minimicen al extremo las diferencias.

Argentina, en ese sentido, es singular. Caracterizada por una clase media que ha podido sobreponerse a los péndulos de los ciclos económicos y a las inestabilidades del sistema político, nuestro país experimentó en su trayectoria de consolidación como estado procesos que tendieron a disuadir desigualdades étnicas y culturales. Acorralados por atributos de estatidad que combinaron cooptación y violencia, como bien afirma Oscar Oszlak, los pueblos y las expresiones de una cultura disonante y originaria fueron minimizadas y prácticamente diluidas de todo registro y percepción. Eso, sin embargo, no borró una “marca de origen”, en la medida en que el pueblo argentino desciende en más de un 50% de pueblos originarios (como lo demostró en 2005 un estudio de la UBA que identificó el “mapa genético” poblacional) contrariando el incomprobable lugar común de “somos descendientes de los barcos”. Ello quizás ayude a identificar una característica singular que, evitando falsos nacionalismos o empoderaciones absurdas, permitan explicar cierta capacidad de resiliencia de la sociedad argentina para aventurar, con algo de optimismo y buena dosis de esperanza, que esta será una crisis más de la que este país conseguirá recuperarse.

Naturalmente que esto no obstruye las desigualdades propias del sistema. Las inequidades distributivas del modelo de acumulación ubican a alrededor de un 35% de la población como la potencialmente más damnificada por la pandemia, más allá de que los casos registrados de infección efectiva en el país al momento de esta nota abarquen, paradójicamente, a sectores medios o medios altos. Los efectos de la cuarentena y su inevitable prolongación implican una caída en la actividad económica que es la que más debate provoca a la hora de tomar este tipo de medidas preventivas en todo el mundo.

Por eso, más allá de las fortalezas anímicas que la sociedad argentina despliegue en momentos de angustia como este, de la calidad de los profesionales de la salud y de un sistema público que, pese a los ciclos estructurales de ajuste y a la mercantilización del sistema, todavía no consigue desmembrarse, parece claro que la iniciativa de la gestión pública de cara a lo que viene debe reorientar las prioridades de agenda y ubicar a los sectores vulnerables como la principal prioridad, sin descuidar su imbricación con el tipo de desarrollo que queremos.

Precisamente, muchas medidas tomadas o en vías a tomarse van en ese sentido, pero deberá verse en la práctica cómo logra apuntalarse y generar un plafón de fuerzas suficientes para avanzar en esta nueva agenda que requiere atender lo urgente sin descuidar el mediano plazo, al fin de cuentas un gran condicionante también de lo inmediato.