Tras la revelación de Letra P, admitió que revisaria el decreto que penaliza la divulgación patrimonial de funcionarios públicos. Luego anunció la derogación de los artículos cuestionados.
A través de una reforma –publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense- al decreto que establece la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales a los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, se establece sanciones a la utilización indebida de los datos presentados por los declarantes. Aquellos que “vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por el Código Penal". Más precisamente, prisión. Luego de la polémica sucitada a partir de la revelación de Letra P, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, tuvo que salir a ractificarse y reconocer que el decreto podía ser "revisado". Una hora y media después, la Gobernación emitió un comunicado en el que anunció que serán derogados los articulos cuestionados, y por la noche la mandataria fue al programa "A dos voces", de la señal Todo Noticias, donde aseguró que desde el Estado provincial "no se persigue a periodistas" y describió como "un error" el decreto que desató la controversia -un error que ya estaba en el proyecto nacional de blanqueo de capitales y había sido eje de una ruidosa polémica mediática-, al tiempo que destacó como una buena noticia que esa disposición haya estado vigente "menos de 24 horas".
"Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente", explicita el artículo 5 bis del decreto de Vidal (el 647). Tras la controversia desatada, ahora la mandataria admitió que "si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada".
La aclaración fue realizada a través de la cuenta de Twitter de la mandataria. Si bien en uno de sus tuits sostiene que ella y su gabinente ya presentaron sus declaraciones juradas y que las mismas son de acceso "público y para todos", con la modificación conocidas este miércoles se introduce el “carácter reservado” de las presentaciones patrimoniales de carácter integral, siendo únicamente de acceso a la ciudadanía en general las declaraciones juradas “sintéticas”. Es decir que la accesibildiad a la ciudadanía en general será un resumen del patrimonio. No se notará, por ejemplo, los bienes que poseen los conyúges de funcionarios.
DERGACIÓN. A las 19.30 de este miércolés, la Gobernación informó, a través de un comunicado, que "antes las dudas" surgidas por el decreto de la polémica, "el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo".
"Por lo tanto -agregó-, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público."
El artículo 1 es el que incorpora el artículo 5 bis, que es el que establece que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”
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