Aprovechando que ya hasta el Vasquito Mendiguren anda con ganas de restituir a los trabajadores lo que legitimamente! les corresponde, proponiendo por caso que el Estado ya no los grave con el Impuesto a las Ganancias, leemos en la misma línea de restitución histórica a la masa laboriosa , que por algo es la columna vertebral del movimiento al que pertenecemos todos y todas, incluído Massita, sin ir más lejos!
Recalde presentará un proyecto para recomponer los aportes patronales
El legislador del Frente para la Victoria explicó que la propuesta apunta a aumentar las contribuciones laborales de aquellas compañías que tienen ganancias "extraordinarias”.
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| Recalde el bueno injustamente apartado de La Cámpora |
El diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, detalló ayer en diálogo con Tiempo Argentino su proyecto de ley para incrementar las alícuotas de las contribuciones patronales reducidas en los 90 bajo la gestión del entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo.
El legislador kirchnerista aseguró que el objetivo de la normativa es invertir una situación que derivó en "una enorme transferencia de fondos en detrimento de la seguridad social" a partir de la reforma impulsada en la década de los 90 por el menemismo.
El primer artículo del proyecto al que tuvo acceso este medio establece un incremento en las alícuotas "para los empleadores que registren en el ejercicio anual ganancias netas que superen el 10% de los ingresos netos del período".
Así, a un empleador que registre ganancias entre el 10 y el 12%, se le incrementará la alícuota en un punto porcentual; en tanto que un patrón que tenga beneficios entre el 12 y el 15%, experimentará una suba de dos puntos; a su vez, el que tenga una ganancia de entre el 15 y el 18% deberá pagar tres puntos porcentuales más; los que obtengan márgenes entre el 18 y el 20% verán su alícuota incrementada en cuatro puntos porcentuales.
Finalmente, quienes perciban beneficios por más del 20% deberán pagar sus contribuciones con subas de cinco puntos porcentuales, precisó el proyecto.
En los considerandos, Recalde puntualiza que "el segundo artículo del proyecto establece una implementación gradual del incremento a fin de no desestabilizar los planes de negocios de corto plazo con el aumento".
De esta manera, Recalde se anticipa a las críticas que seguramente formularán los empresarios en el sentido de que el aumento de los costos laborales pone en peligro su estrategia en el país.
El texto aclara que las asociaciones sindicales, las obras sociales, el Sistema Nacional de Seguro de Salud y las entidades que no facturen más allá del límite que define a una pequeña empresa quedarán exentas de responder a la normativa.
El incremento se aplicará de manera "escalonada y progresiva, a razón de un 25% del incremento por cada trimestre" a partir de la entrada en vigencia de la norma, con el objetivo de completar el incremento total a los 12 meses de la aprobación.
Consultado por Tiempo, el autor del proyecto de ley aseguró que en principio, la legislación es para todas las empresas pero resaltó que la aplicación tendrá un carácter paulatino, decreciente y gradual: "a mayores ganancias, mayores alícuotas y, a menor ganancia, más suave la recuperación", graficó.
El laboralista comparó el proyecto con la ley que hizo remunerativos los denominados tickets canasta en 2007. En el proceso de la discusión de esa ley, Recalde y su hijo Mariano, actual titular de Aerolíneas Argentinas denunciaron que empresarios del sector les ofrecieron una coima millonaria para "cajonear" el proyecto o aprobar otro que extendiera los tickets a un número mayor de trabajadores.
Con la ley aprobada, el proceso de remuneración de los tickets se fue aplicando "a razón de un 10% de su valor pecuniario por cada bimestre a partir de la entrada en vigencia" de la norma, expresó entonces Recalde a la prensa argentina.
Con aquella modificación, los tickets "empezaron a pagar aportes y contribuciones por todo el sueldo" recordó el abogado, quien agregó que "la transferencia de recursos fue de U$S 21 mil millones desde 1999 hasta 2007", indicó.
Antes de los cambios de los 90, los aportes patronales alcanzaban un 33% de la remuneración del trabajador, señala el proyecto en sus fundamentos.
En la actualidad, agrega el texto, las tasas son del 23% o 27%, "incluyendo el pago de los aportes para Obra Social". Sobre esa base, Recalde subrayó que el proyecto busca generar un canal redistributivo que mediante aportes de las empresas más rentables, permita fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones.
La iniciativa, definió el autor en contacto telefónico con este medio, "ayudará a que el Estado recupere recursos que empezó a perder con Cavallo, que dijo que la reforma era para apuntalar el empleo y terminó en otra medida para desfinanciar al Estado".
El ex abogado de la CGT aseguró que la intención es "evitar comprometer" la competitividad de las empresas y destaca la "implementación gradual del incremento a fin de no desestabilizar los planes de negocios". No obstante, advirtió sobre las posibles repercusiones cuando evaluó que "todo lo que aumenta el costo laboral va a tener resistencia pero como nosotros cuidamos a la pyme, las de grandes ganancias van a tener menos argumentos", vaticinó.
El retroceso de los aportes empezó en agosto del 93 con la firma del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, al que suscribieron los gobiernos nacional y provinciales. Con el objetivo puesto en "disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el coste laboral" el gobierno de Menem sancionó el Decreto 2069/93 que bajó las contribuciones patronales en los ámbitos del agro, de la industria, de la construcción, entre otros.
La reducción de contribuciones estuvo destinada "a recomponer la rentabilidad de los sectores productores de bienes comerciables ante la caída en sus precios relativos", recordó el investigador de CEPAL, Oscar Cetrángolo, en un informe que realizó para el Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE). "Anteriormente –contextualizó el economista– se habían derogado, entre otros, los impuestos sobre los débitos bancarios, divisas, combustibles (excepto naftas), energía y sellos cobrado por la Nación". Todo ello contribuyó a desfinanciar al Estado y facilitó el proceso de desguace que le dio más potestades a las empresas. «
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