2/29/2016

la horangel

siempre lo mismo ...

Resolver la deuda en default "nos pone en la línea de largada para el crecimiento", aseveró Prat Gay

El ministro de Hacienda resaltó que si el acuerdo con los fondos buitre se hubiese logrado hace cinco años "habría generado posibilidades de empleo para dos millones de argentinos".

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Prat-Gay: "Hasta acá llegamos, ahora le toca actuar al Congreso"

El ministro de Hacienda celebró el acuerdo alcanzado con “los cuatro fondos más duros, que representan al 85 por ciento de los acreedores", adelantó que los 4653 millones de dólares involucrados no se pagarán con reservas del Banco Central sino con nuevos bonos, “que significarán un ahorro adicional para la Argentina (…) que de esta manera sale del default”. Calificó la sentencia original del juez Thomas Griesa y la cautelar posterior que frenó los pagos realizados por el país a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 como parte del “ajuste embrionario que nos dejó el gobierno anterior”, y afirmó que la conclusión del conflicto con los buitres es “la línea de largada para el crecimiento”.

crónica de un fracaso anunciado

La política económica de Macri: deseos, ideología y realidad



Los primeros días del gobierno del presidente Macri pusieron de manifiesto, a través de sus discursos y de las medidas anunciadas, el sesgo ideológico previsible, pero también, lo que es más preocupante, una visión entre ingenua y voluntarista de la realidad, cuyas consecuencias pueden ser negativas para su gobierno y para toda la sociedad.
El discurso:
El discurso es consistente pero ingenuo.  Las medidas ni siquiera gozan de la primera virtud.
Tomar medidas que apunten a sostener y aumentar la ganancia empresaria para incentivar la inversión y la producción, es consistente con el discurso de la ganancia empresaria como motor de la economía. También es un poco ingenuo ya que está demostrado que la lógica del capital reconoce la necesidad de la inversión cuando dicha decisión es capaz de producir un aumento de la ganancia esperada. Si la ganancia se expande sin estar atada a una expresa decisión de inversión, en realidad lo que se abre es un interrogante respecto a cómo se comportará ésta en definitiva. Pero sigamos con la argumentación oficial.
Se busca sostener y aumentar la ganancia empresaria cuando se eliminan los derechos de exportación de productos agropecuarios, con excepción de la soja (que se reducen en un 14%, del 35% al 30%).
Se busca sostener y aumentar la ganancia empresaria cuando se eliminan los derechos de exportación de los productos industriales, señalando además que la exportación se debe fomentar en lugar de castigar. 
Es consistente con sostener y aumentar la ganancia empresaria afirmar, sin mayores precisiones, que el estado va a desarrollar “el plan de obras de infraestructura más ambicioso de la historia”, tendiente a disminuir los costos de transporte y distribución de mercancías.
La consistencia acompañada de ingenuidad aparece también cuando el discurso oficial afirma que, a cambio, el sector  privado invierta y produzca, que pague los impuestos, que cuide el medio ambiente, que genere puestos de trabajo y que remunere a los trabajadores de acuerdo al aumento de su productividad.  Incluso es consistente anunciar que el Estado estará presente y que será muy severo con el descuido del medio ambiente, con la evasión impositiva y con el aprovechamiento desmedido de alguna posición dominante de mercado, con relación a los aumentos de precios.
Otras medidas anunciadas, que indirectamente apuntan a sostener y aumentar la ganancia empresaria, tienen que ver con la eliminación de trabas al funcionamiento de los mercados que redundan en aumentos de costos, como las declaraciones juradas de autorización de importaciones.  Eliminar esas limitaciones no arancelarias en casi todas las posiciones, y sólo conservarlas en un pequeño número de bienes, en la lógica del gobierno, hará que fluyan las relaciones comerciales y productivas. En ese mismo sentido apunta la eliminación de los encajes que se aplicaban a un porcentaje de los ingresos de capitales del exterior, y que debían permanecer depositados durante un año.
Por último, aunque no menos importante, liberar el mercado de cambios, devaluación mediante, y sostener con una flotación administrada un tipo de cambio que no resulte “explosivo” para el nivel de precios interno, es otro de los compromisos del gobierno para que se liberen las fuerzas de la inversión y la producción.
Para el gobierno, (para nosotros y para la lógica del capitalismo argentino no es así) la ganancia genera inversión, la inversión genera producción, la producción genera empleo, el empleo genera ingresos, y con los ingresos se elimina la pobreza. Y si el valor del trabajo se actualiza según los incrementos de la productividad, la masa salarial no amenaza la tasa de ganancia. Así se alcanzará el objetivo de “pobreza cero”, uno de los tres compromisos públicos del gobierno. Los otros dos compromisos: la lucha contra el narcotráfico y la unidad nacional, pertenecen a una agenda que no es sólo socioeconómica.
Esta es la visión socioeconómica del gobierno, sus principios y sus soluciones: un discurso sencillo y consistente pero, como se verá, poco realista.
Las medidas y su impacto previsible
En relación al objetivo de unificar el mercado de cambios y terminar con el “cepo”, la recomposición de la ganancia de productores y exportadores agropecuarios ha redundado en un acuerdo según el cual, si se cumple, se liquidarán 400 millones de dólares diarios durante las primeras tres semanas, alcanzando la cifra de 6.000 millones de dólares.  El ingreso de ese volumen de divisas en las arcas del Banco Central resulta necesario para alcanzar el objetivo, pero no es suficiente.
Otro recurso conseguido por el nuevo gobierno para unificar el mercado de cambios a un tipo de cambio estimado de 14 pesos por dólar, es un préstamo de aproximadamente  8.000 millones de dólares de bancos privados internacionales.  Para obtenerlo, el Banco Central pondrá como garantía tres bonos del tesoro que recibirá para cancelar la letra de 9.600 millones de dólares que el mismo tesoro le colocó compulsivamente en 2006, a cambio de los dólares que necesitaba para cancelar la deuda con el FMI.  Debe consignarse que este acuerdo implica un cambio cualitativo del endeudamiento público: de deuda interna con el sector público, a deuda externa con acreedores privados.
Por su parte, el BCRA no deberá hacer uso inmediato de reservas para que los importadores puedan cancelar las deudas en dólares que acumularon con sus proveedores del exterior en el último tramo del gobierno de CFK, ya que aceptaron a cambio un bono en dólares o un cronograma de pagos. El nuevo endeudamiento público producto de este acuerdo rondará entre 5.000 millones de dólares (según declaraciones de Prat Gay) y 8.000 millones de dólares (según declaraciones del presidente de la Cámara de Importadores).
Además, las autoridades anunciaron el aval de la República Popular China para cambiar por dólares en la plaza financiera internacional los yuanes del SWAP suscripto con ese país. Esto aumentará la composición en dólares de las reservas internacionales del BCRA, sin alterar su monto total, en el corto plazo, pero se incurrirá en un costo financiero que impactará negativamente sobre las reservas en el futuro.
En el mismo sentido, el gobierno alcanzó un acuerdo para morigerar el impacto de los seguros de cambio que otorgó el Banco Central en la última etapa de la gestión Vanoli, mediante el mecanismo de los contratos de dólar a futuro.
Este acuerdo representa un ahorro de la compensación que el BCRA tendrá que asumir con sus contrapartes gracias a la aplicación de un coeficiente de descuento variable que irá desde $ 1,25 hasta $ 1,75 por cada  dólar asegurado, dependiendo de la fecha de contratación del seguro de cambio.
Estimando una diferencia de cotización promedio de $ 4 y una multa promedio de $1,5 por cada dólar asegurado, el ahorro promedio será del 37,5%, aplicable sobre un monto aproximado de 12.000 millones de dólares por seguros de cambio contratados a través del ROFEX, (este acuerdo no se aplica a los 5.000 millones de dólares de seguros contratados a través del MAE).  Con estos datos, el BCRA deberá compensar (y por lo tanto emitir) por un valor de $ 20.000 millones a quienes contrataron seguros a través del MAE, y por $ 30.000 millones (en lugar de $ 48.000 millones) a quienes contrataron seguros a través del ROFEX.
A ello se añade el compromiso de los bancos privados de vender toda su posición financiera en divisas.  Además, el estado captará en concepto de anticipo a cuenta de impuesto a las ganancias el 35% de lo que cobren los beneficiarios de los contratos a futuro que sean personas jurídicas, como compensación de la diferencia de cambio.
El stock de intervención conseguido con estos acuerdos, añadido a las reservas que dejó la gestión de CFK, se debe utilizar para: a) normalizar el flujo futuro de importaciones, b) asegurar las remesas de utilidades al exterior de las empresas extranjeras, que se considera factor crítico para el flujo de inversiones y créditos externos, y c) abastecer la demanda interna de los ahorristas.  Todo ello, según la aspiración del gobierno, en un mercado de cambios unificado y libre a un tipo de cambio que no supere los $ 15 pesos por dólar (si pasa esa barrera el BCRA  deberá vender dólares de sus reservas).
No deja de ser llamativo el hecho de que se produce un importante incremento del endeudamiento externo, en simultáneo con una apertura de la economía, y con la más amplia liberalización de los flujos de capitales, es decir, se da la paradoja de que, para aumentar las reservas de divisas en poder de la autoridad monetaria, se fomenta la llegada de capitales golondrina y la volatilidad de los flujos financieros externos.
Con los datos disponibles, aún si se lograra alcanzar esa meta en el corto plazo, para dar a “los mercados” la señal de que las variables están “bajo control”, la pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo se podrá sostener el tipo de cambio al nivel deseado con esa capacidad de intervención del Banco Central? Veamos:
Antes de los anuncios, la relación circulante/reservas netas según el balance del BCRA era de 25,3[1]. Considerando los anuncios, la relación circulante/reservas resultante se acercará a 18,35[2]. Esto permite afirmar que la devaluación del 40% (que surge de los primeros días de funcionamiento del mercado libre de cambios) no será suficiente para frenar la presión alcista del tipo de cambio, a menos que otras medidas sobre la economía real o sobre el mercado de dinero incrementen la demanda de pesos.  De no ser así, durante 2016 se producirán nuevas devaluaciones, con sus conocidos impactos sobre precios y actividad.
En el mercado de dinero, se busca alentar la demanda de pesos por la vía del fuerte aumento de la tasa de interés. En un contexto de estancamiento como el que atraviesa la economía real, el encarecimiento del crédito interno impactará negativamente en la inversión, con lo que se deja abierta la puerta para el cambio de una fase de estancamiento a otra de recesión.
El impacto de la devaluación sobre los precios de todos los productos finales e intermedios importados, y sobre los precios internos de los bienes exportables producidos en el país, se potenciará con la disminución de los derechos de exportación, que operan como una herramienta para desvincular los precios internos de los precios externos de los bienes comercializables. Está ampliamente difundido en política económica la aplicación de derechos de exportación para moderar el impacto inflacionario de las devaluaciones, al menos en bienes que inciden en la canasta básica.  En este caso, sin embargo, se anuncian simultáneamente dos medidas con impacto inflacionario: la devaluación y la eliminación de los derechos de exportación.
El aumento del nivel de precios internos provocará una caída en los ingresos reales de los trabajadores y de las empresas no ligadas al comercio exterior, lo que redundará en una disminución de la demanda agregada de los sectores productores de bienes y servicios destinados al mercado interno. El impacto de la disminución del mercado interno repercutirá negativamente en la creación de puestos de trabajo en los sectores productivos de los respectivos bienes y servicios.
A falta de una expansión del mercado interno capaz de absorber un hipotético incremento del producto, la recomposición de la ganancia empresaria fomentada por el gobierno sólo impactará en nuevas inversiones y en aumento de producción ligada a la demanda externa.
En el caso de la producción agropecuaria y el complejo agroindustrial, la eliminación de los derechos de exportación de las materias primas opera como una des-incentivación a la incorporación de éstas a un producto elaborado. Esto es así porque el diferencial de derechos de exportación que había entre materias primas y productos elaborados beneficiaba la agregación de valor a las materias primas en el país, (a mayor valor agregado, menores derechos de exportación). La reducción a cero de los derechos de exportación tanto para materias primas (salvo soja) como para productos elaborados favorecerá, en términos relativos, la exportación de productos de bajo valor agregado (los ingresos brutos de los exportadores de esos productos aumentan más). Esto reforzará las tendencias de los últimos años hacia una reprimarización del aparato productivo, en lugar de tender a revertir este proceso para aumentar el valor agregado y el trabajo incorporado a la producción exportable.
La oferta argentina en los mercados internacionales de materias primas no determina los precios de estos mercados, y no puede incidir en las cuotas de mercado disponibles, razón por la cual este esquema podrá servir para mejorar la tasa de ganancia de los productores y exportadores que operan en el país, pero no para alterar de modo significativo los volúmenes de producción y exportación de estos commodities, salvo por lo que pueda aportar la ampliación de la frontera agropecuaria. Pero en la última década esa frontera ha crecido como nunca antes en la historia, y no cabe esperar un aumento adicional significativo, sino marginal.
Además de los factores endógenos ya comentados, otras limitaciones a la demanda internacional de commodities son provocadas por los cambios que se están produciendo en el rumbo económico de China, el principal comprador mundial. Por lo que se refiere a otros productos argentinos de exportación, tampoco hay buenas perspectivas debido a que Brasil, el otro principal comprador de nuestro país, atraviesa una fase desfavorable de su ciclo económico.
En este marco parece exagerada la transferencia de ingresos que el nuevo gobierno ha impulsado hacia el segmento exportador de la economía. La quita de retenciones podría haber sido una estrategia dirigida a aminorar por vía de una devaluación fiscal la magnitud de la devaluación. Luego, con una devaluación que se ubica en torno al 40%, resulta discutible la necesidad de quitar retenciones amplificando el impacto en precios y resignando unos 2500 millones de u$ en términos de recursos fiscales que bien necesarios resultan en el contexto actual de las cuentas públicas. A los efectos de tener una noción del tipo de redistribución (regresiva) que estas medidas suponen presentamos el cuadro que sigue donde calculamos el ingreso adicional para los exportadores de soja, girasol, maíz y trigo.
Puede observarse que para una cosecha total de 107 millones de toneladas el ingreso adicional que por ambas medidas acapararán los exportadores alcanzará a los 128.868 millones de pesos que representan casi un 3% (2,8%) del PBI nacional.
Dada la magnitud y el sentido de la transferencia de ingresos puesta en marcha, el razonable impacto en precios que ya tuvo en noviembre y que se extenderá en diciembre y enero, y el deterioro que esto supone sobre el poder adquisitivo, es obvio que la demanda en el mercado interno se resentirá. Dado que esto está acompañado, como ya señalamos, por una suba significativa de la tasa de interés y en un contexto de estancamiento de la demanda mundial, el “combo” de las medidas hasta ahora anunciadas tiene un claro efecto recesivo. Queda por saber todavía cómo se manejarán las nuevas autoridades respecto a algunos capítulos que claramente faltan para completar la presente estrategia de política económica. Habrá que ver qué se plantea en lo relativo al ya anunciado “acuerdo de precios y salarios”; cómo se manejará la cuestión crediticia y de qué modo se organizará el cuadro fiscal de ingresos y egresos. Decimos esto porque todas estas cuestiones pueden compensar los efectos recesivos de las medidas hasta hoy anunciadas.
En concreto, el acuerdo de precios y salarios puede plantear un sendero de recuperación del poder adquisitivo perdido, o bien estructurarse en torno al criterio de “metas de inflación” (al que son afectos tanto Prat Gay como Sturzenneger) y buscar hacerlo en base a la meta de inflación futura donde los salarios se transforman, de hecho, en variables de ajuste de la estrategia antiinflacionaria. En materia crediticia no es igual que la tasa de interés actual se combine con estrategias de crédito dirigido vía banca pública hacia consumos y producciones específicas que reciban un aliento especial en función de objetivos, por ejemplo, de vivienda y/o producción. Cierto es que la idea de direccionar y subsidiar el crédito no es un criterio al que sean proclives los actuales hacedores de la política económica. Por último, el modo en que se encare la cuestión impositiva así como la reorganización del gasto y los subsidios, puede profundizar la recesión o amortiguarla.
En este sentido, un motor posible para la demanda y el empleo internos puede ser, de acuerdo con uno de los compromisos públicos asumidos por el presidente, un plan de obras de infraestructura que estará a cargo del estado. Se desconoce aún la magnitud de la inversión involucrada en ese plan, así como la distribución de la misma a lo largo del tiempo, ya que no será igual el impacto en el empleo y en el volumen del PBI, según cómo se definan estas dos variables.
Desde el punto de vista de la capacidad fiscal para ejecutar ese plan, hasta ahora todas las medidas anunciadas tienden a disminuir los ingresos públicos (disminución del impuesto a las ganancias para los trabajadores, aumento de las escalas de tributación, eliminación de los derechos de exportación), a excepción de la disminución de los subsidios a la energía, cuyo alcance todavía está por definirse, y que de todos modos no compensan las caídas en los ingresos públicos de las otras medidas.  Además, este único aspecto positivo desde el punto de vista fiscal, tiene un impacto inflacionario por el aumento de las tarifas internas de los servicios públicos.
Por lo tanto, sólo parece posible financiar el anunciado plan de infraestructura con nuevo endeudamiento público, que se sumará al ya gestionado y comprometido para unificar el mercado de cambios.
En un contexto de devaluaciones recurrentes, y con tasas de interés internacionales en alza (en la última semana la Reserva Federal anunció un aumento de las tasas de interés de los Estados Unidos, que afectará a todo el sistema financiero internacional), el impacto del capital y los intereses de la nueva deuda, denominada en dólares y contraída con acreedores del exterior, podría llevar las cuentas públicas y las cuentas externas del país a una situación compleja en el corto plazo.
El paquete económico en curso confía en que el efecto recesivo sea corto y que luego se relance la actividad económica con eje en las exportaciones y en la inversión.
La coyuntura mundial no es la más interesante para cifrar expectativas en una salida exportadora. Pero además la idea del borun inversor también choca con las señales de precio que esta política está dando. El establecimiento de una banda de flotación para el tipo de cambio, acompañada de un elevado nivel para la tasa de interés, junto con el retorno a la libre movilidad de los capitales (eliminación de encajes para los capitales de corto plazo y libertad para salir sin inconveniente), propicia la realización de rentas especulativas en divisas que siempre resultan más atractivas que el desarrollo de la inversión productiva tanto para el capital financiero como para los capitales que han resultado ganadores en la transferencia de ingresos hecha hasta el momento por el gobierno nacional. Cuestión esta que además, en tanto se sostenga en el tiempo, multiplica el costo fiscal de la deuda publica ya que esta se ajusta en relación con la nueva tasa de interés.
Por todas estas razones es que miramos con preocupación las medidas adoptadas, que en lugar de ayudar al objetivo de “pobreza cero” alentarán que “la pobreza suba” en lo inmediato tanto por pérdida de poder adquisitivo como por el impacto negativo sobre el empleo. Hacemos votos para que el gobierno recién iniciado abandone la ingenuidad y la ilusión ideológica, y se decida por un análisis realista. ¿Estará en condiciones de hacerlo, o se enamorará de este nuevo “relato”?[3]
Diciembre de 2015
Notas:

[1]           620.000/24.500 = 25,3
[2]           Se calcula que el circulante aumentará en 50.000 millones por la monetización de las compensaciones por seguros de cambio, mientras que las reservas aumentarán en 12.000 millones como producto del préstamo de bancos internacionales (8.000 millones) y del saldo de los anticipos de los exportadores (6,000 millones), netos de pagos por nuevas importaciones (2.000 millones). 670.000/36.500 = 18,35
[3]    Al momento de finalizar este trabajo el gobierno nacional puso en marcha la primera medida compensatoria del ajuste hasta aquí anunciado. Se trata de una suma de $400 por única vez para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, embarazadas que reciben la AUE y jubilados y pensionados que cobran la mínima. Esto involucra a 8.099.455 de personas y representa una erogación de 3239,781,890 millones. Esta decisión representa una transferencia del 0,1% del PBI oficial del 2015. En este trabajo se demuestra que los ingresos originales transferidos a los exportadores de granos representan unos 128.000 millones  de pesos que no son por única vez, que tienen carácter permanente y que representan el 2,8% del PBI. Los niños, los abuelos y las embarazadas reciben solo el 0,1% por única vez. Los más vulnerables están percibiendo apenas el 2,5% de la monumental transferencia que de manera permanente recibieron los exportadores, y encima, por única vez. Indudablemente la equidad no parece ser el signo de los nuevos tiempos


economista, diputado nacional por Unidad Popular.
AAVV 
Bruno Costas, Jaime Farji, Horacio Fernández, Agustina Haimovich, Roberto Larosa, Gustavo Lahoud, Ariel Penissi, Tomás Raffo, Ana Rameri, Alejandro Rascovan y Alejandro Joel Ventura, miembros de la mesa de coyuntura del IPYPP.

quita de retenciones ...


una pena

“Oferta mala para el país”

“Se aceptaron todas las condiciones que nos hicieron. Es una pena porque el país se encontraba en una situación que no era tan mala con respecto a sus finanzas”, sostuvo el profesor emérito de la UBA. También criticó ceder a las exigencias de Griesa.
“A los fondos buitre se les hizo una oferta que es mala para el país. Se aceptaron todas las condiciones que nos hicieron. Es una pena porque el país se encontraba en una situación que no era tan mala con respecto a sus finanzas”, aseguró ayer el economista Aldo Ferrer. Este profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires aseguró consideró además que el acuerdo que el gobierno del presidente Mauricio Macri negocia con los holdouts afecta la división de poderes del país, al cuestionar que el entendimiento se encuentre supeditado al fallo de un juez de Nueva York que reclama la derogación de una Ley que fue votada por el Congreso. “No es posible que un juez de Nueva York (Thomas Griesa) le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo. Eso afecta la soberanía nacional y la división de poderes”, denunció.

Ferrer ya había advertido a mediados de enero sobre los riesgos que implicaba la negociación con los buitres desde una posición de debilidad. “La negociación con los fondos buitre debe encararse sin miedo y desde una posición soberana, en la defensa de nuestros intereses. No se debe aceptar cualquier arreglo para retornar al mercado internacional de capitales”, sostuvo pocas horas después de que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, iniciara las negociaciones con los buitres en Nueva York. Ahora que el acuerdo está cerca, Ferrer volvió a manifestar su preocupación por una estrategia que consideró errada. “Se aceptaron todas las demandas sin negociar nada”, remarcó. No sólo cuestionó lo que se les está ofreciendo a los buitres sino también la cesión de soberanía que se acepta como parte de la negociación. El juez Griesa condicionó días atrás el levantamiento de la cautelar que le impide a Argentina pagarles a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, a la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Para este referente del pensamiento económico nacional, el Congreso debería primero analizar el acuerdo al que arribó la actual administración, ya que se trata de “una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos”. “Lo primero que debería hacerse con ese arreglo es someterlo a la evaluación del Congreso. Ahí debería aprobarse y recién después analizar como Estado independiente y soberano si corresponde derogar una norma”, observó el economista.

En cuanto a las políticas implementadas por el gobierno, Ferrer apuntó que se llevó a cabo “una gran transferencia de recursos” desde los sectores asalariados a los más favorecidos. “En estos 70 días hubo inflación, devaluación y se generó una regresiva transferencia del ingreso de los sectores populares a los más ricos. Ahora el Gobierno debe aplicar políticas para ver cómo evoluciona la economía en el futuro”.

contradicciones en el seno del pueblo: un lenguaje que la gente entienda



LA GIGANTE AT&T ANALIZA INGRESAR AL MERCADO ARGENTINO

Aguad: “No alcanzan dos telefónicas, necesitamos tener cuatro operadores”

El ministro de Comunicaciones y el titular del Enacom, Miguel de Godoy, se reunieron con inversores en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil.

Desde Barcelona

El Congreso Mundial de Telefonía Móvil (MWC, por sus siglas en inglés) reunió aquí a los principales funcionarios y empresarios del sector en un foro ministerial. Este año hubo una inédita participación argentina con la presencia del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, quienes se reunieron con los principales operadores de telefonía del país (Telefónica y Telecom), con líderes de empresas como Samsung, Facebook y Ericsson, en busca de inversiones. “Estamos en una discusión importante para tratar de que mejore la telefonía móvil en el país. Eso depende fundamentalmente de la inversión. No se ha hecho lo suficiente en el pasado”, le dijo Aguad a PERFIL...

Del letargo comunicacional al plan canje

“Estar acá en el congreso móvil, ver hacia adónde está yendo el mundo, nos abrió la cabeza. Argentina había quedado en un letargo importante en materia de comunicaciones, sin tener una visión real de lo que estaba pasando en el mundo. Hoy no podríamos pensar en cualquier otra cosa que no fuera la convergencia”, le dijo De Godoy a PERFIL.

También el ministro Aguad esta semana en declaraciones radiales se había manifestado “sorprendido por lo que se viene en materia digital”, algo que le valió gastadas en las redes sociales. “Tengo que hablar en un lenguaje que la gente entienda”, se justificó más tarde.

En tanto, explicó que el proyecto de plan canje de equipos de 2G y 3G por otros 4G demandará una inversión de entre US$ 100 millones y 150 millones. “Macri quiere ese plan para las personas que no pueden acceder a esa tecnología”.

todos a dieta


por eso , tranquilo, manso y tranquilo ....

Las grandes empresas piden mayor seguridad jurídica para invertir y esperarán hasta 2017

Antes de lanzarse a concretar nuevos desembolsos, las compañías quieren ver cómo el Gobierno atraviesa el primer semestre. Arreglar con los holdouts es clave

NATALIA DONATO ndonato@cronista.com

Las concretadas visitas del primer ministro italiano, Matteo Renzi; y del presidente de Francia, François Hollande, así como la programada para fin de mes del mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, reimpulsaron las relaciones bilaterales, políticas y económicas, con la comunidad internacional. El cambio de rumbo planteado por el gobierno de Mauricio Macri y su vocación por reinsertarse en el mundo despertó un fuerte interés de sus pares y también en las empresas, que ya comienzan a mirar con otros ojos a la Argentina. Pero por ahora sólo observan.

El año de las inversiones, si todo marcha bien, será 2017, coinciden empresarios y analistas.

A las compañías no les alcanza con que haya cambiado el gobierno y que Macri se muestre más amigable con el sector privado.

Aplaudieron decisiones como la eliminación del cepo cambiario, la quita de las retenciones a las economías regionales y a la minería; la recomposición tarifaria para la energía eléctrica y el desmantelamiento del sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), pero estas señales no son suficientes como para que las empresas decidan ingresar dólares al país para invertir.

Macri deberá sortear este año varios temas clave para garantizar que podrá corregir los desequilibrios internos y ganar credibilidad.

El conflicto con los holdouts se ubica en primer lugar, pero también debe garantizar gobernabilidad en el Congreso y mostrar que puede encaminar las negociaciones paritarias sin desbordes.

“Primero son palabras de amor y después vienen los actos. Las empresas están esperando. Quieren ver cómo Macri resuelve las paritarias, la relación con el Congreso y los fondos buitre. El tema de la deuda parecería que la están cerrando bien”, aseguró el economista Dante Sica, de la consultora abeceb.com. Sica agregó que el sector privado “está testeando la gobernabilidad, que Macri les gusta, pero van a esperar a ver cómo resuelve todos estos temas en el primer semestre y a partir del año próximo van a empezar a desembolsar”.

Las delegaciones empresarias que llegaron días atrás con el italiano Renzi y Hollande, de Francia, se volvieron a sus países con la sensación de que la Argentina se volvió hoy un destino nuevamente interesante para invertir, mucho más teniendo en cuenta que Brasil está en caída. Pero con la historia que tiene el país, de permanente cambio en las reglas de juego, las empresas quieren asegurarse bien de que la actual gestión será diferente y que el país se encarrillará. “Todo eso no cambia rápido. Las reglas de juego actuales parecen buenas, pero no sé si después todos van a invertir.

Lo importante hoy es que se está generando un clima de negocios positivo”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio Franco-Argentina, Jean- Edouard De Rochebouët.

Lo mismo había planteado días atrás el CEO de la cámara norteamericana Amcham, Alejandro Díaz, quien enfatizó que si bien se esperan anuncios de inversión para este año, “el grueso de los desembolsos se espera para 2017”. La posibilidad de normalizar el giro de utilidades, además de saldar el stock de dividendos y deuda comercial, es otra de las ventajas que este Gobierno le dio a las empresas.

Sin embargo, todavía el permiso es a cuentagotas, ya que la oferta de dólares es todavía muy escasa. La promesa que recibieron los empresarios es que en junio se normalizará la situación y podrán girar los dólares que deseen, pero dependerá del éxito que tenga el Gobierno en la resolución con los holdouts y de cuántas divisas obtengan luego vía colocación de deuda en el exterior.

También influirá el ingreso de dólares por la cosecha gruesa a partir del mes próximo, aunque existe mucha cautela en el sector por factores climáticos.

En el caso del sector de hidrocarburos, un reciente informe de la consultora KPMG planteó que el consenso de la industria es que se requiere de “un shock de inversiones productivas para revertir el cuadro de estancamiento” y que, por ello, “las medidas que se tomen desde el Gobierno, en especial aquellas orientadas a alcanzar un acuerdo de precios que permitan mejorar la rentabilidad del sector, serán determinantes para recuperar la confianza perdida y la previsibilidad en un negocio cuyos resultados se ven siempre en el mediano y largo plazo”.

El estudio también sugiere que “la explotación de recursos no convencionales aparece como una solución a los problemas de abastecimiento energético”, pero al mismo tiempo “las inversiones y costos que deben afrontarse para su extracción son significativamente mayores a las necesarias para la producción de convencionales, por lo que resulta prioritario articular políticas que busquen mejorar el clima de negocios, fomentar las inversiones y contrarrestar los efectos negativos de la caída en los precios internacionales”.

En el sector minero, donde también hay mucho por invertir y recientemente fue beneficiado por la eliminación de las retenciones, tampoco prevén desembolsos rápidos.

siempre igual

LA CONSIDERAN UN PASO CRUCIAL A LA POLÍTICA DE CIELOS ABIERTOS
Alarma sindical por la estrategia de déficit cero que se aplicará en Aerolíneas 


Titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, le presentará al presidente Mauricio Macri su estrategia “déficit cero” para la empresa de bandera nacional. El plan, previsto para aplicar en cuatro años, ya despertó la reacción de los gremios aeronáuticos.

Según los cálculos que se manejan en la empresa, para 2016 se requerirá asistencia del Estado por unos $15.000 millones para afrontar las operaciones.
La idea de la ex CEO de General Motors es dejar de volar a ciudades como Barcelona, Nueva York o Roma. Dicha cuestión ya fue denunciada, en plena campaña electoral 2015, por el sindicato de Pilotos (APLA). Su jefe Pablo Biró, consideró que el perfil neoliberal de Cambiemos apunta a concretar una política de “cielos abiertos”, lo cual se traduce en globalización y retroceso en Aerolíneas, con los consiguientes perjuicios para los trabajadores.

Desde esa organización aseguran que “no se quedarán de brazos cruzados” ante la intención del Gobierno. También la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) convocó a sus afi liados a una “reunión informativa sobre los rumores de ajuste qué se viven por estas horas en el Grupo Aerolíneas Argentinas”.

Su titular, Juan Pablo Brey aseguró que “existe por estas horas una fuerte puja en el interior del gobierno para recortar un 30 % la dotación laboral de la aerolínea de bandera”.

Constantini, antes de entregar los papers sobre su esquema para la reducción de costos a Macri, se entrevistará con el ministro de Transportes de la Nación, Guillermo Dietrich.

En los gremios vinculados al transporte aéreo, tal cual sucede en APLA y la AAA, ya comenzó a ofrecerse un panorama de lo que puede acarrear la táctica de “achique” que promueve el Gobierno para Aerolíneas.

Incluso algunos voceros, cuando este diario los consultó sobre la promesa electoral que ofreció Macri en el último tramo de la campaña del balotaje para “no modificar lo bueno que se realizó en Aerolíneas”, solo esbozaron una sonrisa irónica.

De hecho, cuando Scioli y el candidato de Cambiemos pusieron a consideración sus propuestas para el sector, Biró fundamentó el respaldo de su gremio al “compromiso de garantía para el desarrollo” de la empresa nacional que había ofrecido el ex candidato del FpV.

Con la marcha del primer trimestre de gestión de Macri, se verificó que algo más que un matiz “liberal” se cierne y avanza sobre Aerolíneas.

Incluso descreen que el capítulo de “la pesada herencia recibida” del kirchnerismo tenga chances de aplicación en la empresa de bandera.

De allí que ratifiquen, como en el caso de APLA, que el regreso al mundo planteado, sólo es posible de la mano de la globalización y los “cielos abiertos”.

tanta gloria ...


Despidos en cervecería Quilmes y protesta en Siderca 


Las “definiciones” y reglas de mercado, costo laboral incluido, alientan despidos por estas horas en Cervecería Quilmes.

En fuentes sindicales trascendió que las últimas semanas se efectiviaron más de 200 cesantías, entre el personal no destinado a la producción del producto. Areas de planificación, ventas, promoción y marketing conforman el núcleo de la reducción.

La empresa desarrollaría la mayor parte de la actividad de ésas áreas en México. La razón es cálculo puro, en nuestro país esos trabajadores, promedio, percibien 500 dólares, en la nación azteca, 100, para cumplir la misma tarea. La preocupación también se respira en esa compañía ligada desde hace décadas a la producción nacional y la exportación.

Otro conflicto convocará en la mañana de hoy a una protesta en la rotonda de Campana, de la autovía panamericana en esa localidad.

300 contratistas metalúrgicos no tendrán renovación de sus contratos de empleo en Siderca, hecho que movilizará a la UOM para exigir la continuidad laboral.
Según trascendió anoche otros gremios de la CGT que lidera Antonio Caló participarán de la protesta.

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cómo será el pib mundial hacia el año 2030? - an american dream -


sanata y fe: asado contemporizador


Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Los socios radicales prácticamente le exigieron a Macri que en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso el martes 1º de marzo dé a conocer el inventario del país que recibió. “Hay que contarle al país la herencia que nos dejó el kirchnerismo”, impulsó el santafesino presidente del radicalismo nacional José Corral.

Con el estrés post traumático de 1989 y 2001, los boinas blancas quieren ponerse a resguardo del inmenso costo político de tener que bancar la parada de una inflación del 4% por mes desde que se inició el tormentoso 2016; las vacilaciones en ganancias; los vaivenes en la normalización del INDEC (donde terció peligrosamente Elisa Carrió) y el disuasivo protocolo anti piquetes que, por los efectos anteriores, seguramente se multiplicarán.

El economista rosarino Salvador Distéfano ensaya que el manejo político del gobierno no es el mejor, no tiene atado los acuerdos parlamentarios; la tasa sube, el dólar se dispara, y las paritarias se demoran. El gasto del consumidor esta en baja. La especulación financiera ahoga las posibilidades de inversión productiva con ganancias financieras del 10 % en dólares y bonos que pagan 6% anual, cuando en el mundo la renta es del 1%.

De todos modos, no todas son pálidas: Argentina volvería pronto a financiarse con el mundo, una gran noticia para el país, que seguramente la aprovechará para vivir de prestado un tiempo y, si hay raciocinio, usarlo con prudencia y aplicarlo en infraestructura.

Una vez más la central empresaria santafesina Fisfe salió a advertir que el aumento de los costos de producción como consecuencia de la brutal política de adecuación tarifaria eléctrica de hasta 700 veces más, mata toda posibilidad de producir con rentabilidad. El Vicepresidente Alejandro Taborda le explicó a la Secretaria de Energía de la Provincia Verónica Geese que sin créditos productivos (mas allá del ambicioso plan lanzado por la Provincia) y con tasas de interés “que están por las nubes”, el panorama es oscuro.

Geese le respondió lo obvio: la Provincia no puede hacer nada al respecto de los costos, porque eso lo fija el gobierno nacional. Para peor, el tan temido fenómeno climático El Niño se hizo esperar pero llegó con destructiva intensidad, y los mayores costos – operativos y políticos – caen sobre la EPE (los temporales de los viernes 19 y 26 le insumirá un par de centenas de millones de pesos).

La Secretaría de Estado de Energía, desde la gestión del radical NEO Jorge Alvarez en el anterior gobierno viene trabajando para instalar en el inconsciente ciudadano la idea de apelar a las energías renovables; por ahora sólo es docencia, que la actual funcionaria del área Verónica Geese milita con hechos concretos como el reciente lanzamiento de una línea crediticia de 20 millones de pesos “para potenciar el desarrollo de energía renovables, en un contexto de aumento de las tarifas, que pueden generar mano de obra y desarrollo productivo”, describió la esperancina, quien ante la apertura del país al mundo auguró inversiones para el sector.

Pensar que la falta de energía eléctrica domiciliaria por horas, como sucedió tras la fenomenal tormenta del viernes 19 podría ser subsanada con energía alternativa tales como paneles fotovoltaicos, es actualmente ilusoriamente carísimo. Solo la energía generada por la bío masa (maíz, sorgo) podría ser conducente a mediano plazo.

La docencia pone a prueba la paciencia de Lifschitz

El fenomenal rechazo con una insólita huelga de 48 horas de los maestros santafesinos a la propuesta paritaria de un básico de casi 12 mil pesos del gobierno de Miguel Lifschitz, es una carga de profundidad que pondrá a prueba a la gestión de Miguel Lifschitz, quien asegura que Santa Fe paga a sus maestros (sin contar el aumento ofrecido y rechazado) uno de los mejores sueldos del país.

La híper democrática Asamblea de Amsafe (que una vez votada una propuesta es imposible revisarla por parte de la Comisión Directiva hasta otra votación provincial) clausuró cualquier posibilidad de que el viernes el gobierno sentara a los docentes para intentar destrabar el conflicto.

Hoy día un docente santafesino inicial gana $ 9.400 y el ofrecimiento gubernamental lo elevaba a casi 12 mil pesos. El gremio pide un básico de $ 13.000. Cada punto de aumento salarial a los gremios estatales (porque ahora vienen ATE y UPCN) le significa a las arcas del Estado 90 millones de pesos. El aumento ofrecido a todos los estatales (unos 200 mil) le insumirían al gobierno más de nueve mil millones de pesos.

La bronca de Lifschitz nace de la aceptación de la gremialista docente santafesina Sonia Alesso de un básico de $ 8.500 a nivel nacional como dirigente de CETERA y el rechazo como titular de AMSAFE de un sueldo inicial de 12 mil pesos en Santa Fe. En Entre Ríos con un básico de $ 8.300 las clases comienzan este lunes; lo mismo que en que Santiago del Estero con un básico de $ 8.200, ó Buenos Aires con $ 9.000 y CABA con $ 10 mil.

Lo que mata es el porcentaje:

La escrutadora asamblea de Amsafé mostró que de cada diez docentes que votaron en las escuelas, nueve lo hicieron por el rechazo a los casi 12 mil pesos de básico para un maestro inicial a cobrar en Julio. Los maestros santafesinos piden mejorar lo que Bonfatti les había otorgado el año pasado: entre el 31 % y el 35 % también entre marzo y julio.

En términos porcentuales, más allá del impacto visual de un sueldo inicial superior en más de tres mil pesos a lo pactado en la paritaria nacional, Santa Fe ofreció un aumento de “tan solo” del 30,5 en julio, además de una suma fija de 1.300 pesos para febrero. Lifschizt llegó hasta ahí porque su antecesor le había dejado la vara alta. Los sindicalistas van por el 35 al 40 % de aumento con el solapado argumento de que “Santa fe tiene plata”.

El Gobierno nacional cedió y no sólo firmó un 40 por ciento de aumento en el piso salarial docente, que agujerea el techo que se había impuesto para las paritarias, sino que comprometió con los maestros más fondos para que las provincias puedan pagar los aumentos. Así y todo, están tres mil pesos por debajo de Santa Fe.

Asado contemporizador en el Frente

Después de una reunión a solas entre los comandantes de NEO y Grupo Universidad Felipe Michlig y José Corral para evitar que la sangre llegue al río, una nueva parrillada reunirá la semana que viene al FPCyS en otro intento de calmar apresuradas ansiedades y encauzar un torrente que tarde o temprano desbordará.

Los socios menores del Frente (ARI, PDP, SI, Pares) ven con preocupación cómo la guerra fría del eje conductor radical socialista podría amenazar la paz interna de la coalición, aunque por ahora solo sean escaramuzas para medir fuerzas, entre los propios radicales y éstos con el socialismo gobernante. Juego de poder y provocaciones mutuas, algunas menos sutiles que otras.

Julián Galdeano, líder del M.A.R. no cree que nadie practique el desquiciado juego de la ruleta rusa en el FPCy S, más allá de algunas desmesuras gestuales. Galdeano coincide con Gabriel Real del PDP en que la suerte de los adherentes a Cambiemos está atada a la del Presidente Macri. Hoy sólo da para apoyarlo ante sus propias e irresueltas vicisitudes. El peronismo, una vez reorganizado es como las bacterias: se multiplican dividiéndose y van por todo. Macri necesita ganar tiempo. Y muchos diputados nacionales el año que viene.

Miguel Del Sel nos confesó antes de partir rumbo a Panamá para hacerse cargo de la Embajada (en la cual esperará el 8 de marzo a la Vicepresidente Gabriela Michetti y el 14 al Ministro Prat Gay), que no descarta armar las valijas el año que viene para competir por la diputación nacional.

Cierta bravura política del intendente de Santa Fe José Corral empuja al socialismo a igualar la partida. Antonio Bonfatti, futuro presidente del socialismo nacional en reemplazo de Hermes Binner, ante ciertos escenarios no suele practicar la mesura dialéctica de Miguel Lifschitz (quizás sea una estrategia acordada) por lo que no anduvo con ambages: el socialismos jamás formará parte de Cambiemos, clausuró.

El ex Vicegobernador de Bonfatti y actual diputado provincial por el radicalismo NEO Jorge Henn también marcó su férrea línea discursiva en contra del PRO: “Si hay que elegir curación, matemos a varios. Es mejor que matar a todos” parece ser la reflexión que ejercitan los economistas PRO, lejos de cualquier piedad ni problemas de conciencia. O sí, pero no importa mucho, porque argumentos y excusas les sobran”, escribió.

Bonfatti arrancará el 19 de abril su definitiva proyección política nacional en reemplazo del hasta ahora líder del socialismo Hermes Binner, quien seguramente asumirá el académico rol de un destacado hombre de consulta de la centro izquierda nacional, celoso custodio de la doctrina socialista, apalancando las aspiraciones de su delfín.

Lifschitz mientras tanto semblantea a propios y extraños para la anunciada reforma de la Constitución santafesina ¿con reelección?. Habló con el hoy líder natural del peronismo santafesino Omar Perotti, y testea a los actuales senadores y diputados, quienes deberán votar la necesidad de llamar a elección Constituyente el año que viene, coincidentemente con la elección de término medio nacional y provincial en comunas y concejalías. Con reparos, en líneas generales hay consenso entre las mayorías para empezar a conversar.

Peronismo sin la impronta K

“Si no existe una unidad con contenido y para activar el PJ, no para plancharlo, no estamos en contra de ir a internas”, pregonaron a dúo los diputados Julio Eggimann y Claudia Giaccone, quienes llegaron a sus bancas cosechando 70 mil votos con la lista Juntos por Santa Fe compartiendo el inter bloque peronista de 11 legisladores, y hoy recorren la Provincia con su distintiva “Mística Peronista”.

El senador por Castellanos Alcides Calvo piensa que para las elecciones internas del 8 de mayo hay que “unir a todas las fuerzas internas del PJ”, apelando a un “amplio desarrollo territorial y a la militancia”; pero no se anima a presagiar unidad o interna.

Luis Rubeo, a diferencia de su ex jefe político Agustín Rossi quien preconiza la unidad, milita la interna para “escuchar a los afiliados y tener autoridades legítimas”. La diputada nacional santafesina Silvina Frana, elegida para integrar la Junta Electoral Nacional Justicialista, postula que “las elecciones deben servir para que todos los peronistas se sientan representados”.

A Nivel nacional, el Congreso del peronismo ratificó lo que fuera el botón de muestra de la reunión del Consejo Ejecutivo: reducir al kirchnerismo a su mínima expresión militante para poder encarar el escarpado camino hacia la recuperación del poder. La unidad con el sanjuanino José Luis Gioja como estandarte para la presidencia del PJ nacional trastabilla ante la idea de no pocos –entre ellos Cristina Fernández- que apuestan al fracasado candidato a Presidente Daniel Scioli.

En Santa Fe las cosas no son muy distintas, con la diferencia de que no existe un Gioja para empezar a conversar la unidad. Pero tampoco hay dando vueltas diez o quince millones de pesos para sostener una interna provincial. El que “la ponía” (Agustín Rossi) quiere lista de unidad.

El Presidente del Partido José Luis Freyre estuvo el jueves en esta capital escuchando opiniones de las distintas vertientes y se llevó la sensación de que, una vez hallado el candidato del consenso, la lista de unidad prevalecerá.

Cuando la semana que viene redactemos estas líneas, el Presidente Mauricio Macri ya habrá despejado muchas dudas y arrimado esperanzadas certezas a los argentinos en su esperado discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso. Ahí comenzará el verdadero gobierno de Cambiemos.

2/28/2016

nueva chicago en vivo




Por la fecha 5 del Torneo Nacional B 2016, Chicago visita a Estudiantes de San Luis. Lo podes ver en vivo 18HS.

venezuela: a 27 años del rechazo al ajuste neoliberal ¿un nuevo caracazo?



En los últimos días, sobre todo a partir del anuncio del presidente Nicolás Maduro, de la decisión de aumentar el precio de venta de la gasolina en el país, se ha venido especulando mucho sobre la posibilidad de repetición de una explosión social, de la magnitud ocurrida en febrero de 1989. Cabe preguntarse ¿Qué de verdad tiene esté planteamiento? ¿Están planteadas las condiciones para tales protestas? ¿Es la misma circunstancia política y económica de entonces, repetida en el hoy?.

Comenzamos por afirmar, que si bien al realizar un análisis comparativo, en término de formas de descontento y protestas, encontramos circunstancias similares, en cuanto a desánimo, incertidumbre ante el futuro inmediato, estas similitudes pierden alcance cuando analizamos las condiciones económicas bajo las cuales se presentó la protesta popular en febrero de 1989. Sostenemos, que es esté el elemento principal que permite indicar y señalar la diferencia entre 1989 y las actuales circunstancias del país entre 2015-2016.

Veamos en detalle a lo que nos referimos. Entre 1979 y 1989, el país entre en una década marcada por el deterioro social. En ese período el PIB cayó 35%, de hecho contrasta el promedio de 0,82% de crecimiento del PIB en el período 1981-1990, con el 2,02 de la década 1991-2000. El ingreso real promedio de los venezolanos disminuyó un 59%, el número de hogares pobres se incrementó en un 156%, y el número de hogares en situación de pobreza crítica en un 337%. El ingreso real cayó en un 63%. El empleo informal había aumentado en más de 60%. 

Ese deterioro, era consecuencia de un conjunto de procesos y acciones. Principalmente (y por eso los intentos de establecer una analogía apretada con el hoy) debido a la disminución de los ingresos petroleros, la decisión de dedicar casi la mitad de los disminuidos ingresos petroleros al pago de la Deuda externa, la consecuente reducción del gasto público, en materias de salud y educación, así como de subsidios. La consecuencia, el incremento de las desigualdades y la exclusión y la acumulación de frustraciones, anhelos y desesperanza, sin opciones políticas claras, pues el sistema bipartidista, continuaba sumido en una lucha encarnizada, que no priorizaba la atención de la calidad de vida del venezolano.

Al leer lo que escribo, pudiera cualquiera decir que hay semejanzas preocupantes del ayer (1989) con el hoy (2015-2016). Mi respuesta diría que sí, pero no. Sí, en cuanto a la caída de los ingresos petroleros y el impacto que tiene sobre la actividad pública. Sí, en cuanto a la dependencia de calorías y proteínas provenientes de la importación alimentaria. No obstante, hay diferencias importantes en lo relativo al accionar de la gestión de gobierno. Hay sin duda una similitud, pues el precio del petróleo disminuyó, reduciendo la capacidad fiscal del Estado para realizar gestión pública, pero – y ahí radica la diferencia- en el hoy, la política del Estado ha insistido en la permanencia –con un gran esfuerzo fiscal- de las políticas sociales relativas al sector alimentario, salud, educación, trabajo, entre otros.

Hoy escuchamos a sectores provenientes del área industrial agroalimentaria hablar que nunca antes habíamos importado tanto, que en anteriores períodos la producción agrícola abastecía las necesidades internas. Habría que mostrarles la relación importación/exportación agrícola en el período 1990-1998. En 1990, se importó 756 millones US$ y se exportó 358. En 1991, la relación fue 1064/334 millones US$. En 1992, 1290/371 millones US$. En 1993, 1319/430. Y así se mantiene una tendencia hasta el día de hoy. Este dato, es significativo para demostrar que la crisis alimentaria del mercado interno venezolano, no es una acción asignada exclusivamente a las políticas económicas del proyecto Bolivariano (y esto no significa que neguemos los errores cometidos en su diseño), sino que se corresponde con el comportamiento rentista e improductivo de ese sector agrícola productor (así como el industrial).

La diferencia esencial y que explica la diferencia entre el climax de la protesta ayer y la posibilidad real que ocurra hoy, es el tema de la relación ingresos petroleros/pago de deuda/reservas internacionales. Ayer, entre 1986-1989, como hoy 2015-2016, tienen en común una abrupta caída de los precios del petróleo. La diferencia estriba en el monto destinado al pago de la Deuda, que en 1983-1989 llegó a representar casi el 50% de los ingresos, mientras que en el actual período 2013-2016 no llega al 20%. Esa diferencia, se manifiesta en el mantenimiento de políticas de gasto social en la actualidad y en la contención de un potencial foco conflictivo. En lo que respecta a las reservas internacionales, el punto de comparación es más extremo. Las reservas que en el año 1985 tuvieron un aproximado que rondaba los 13.000 millones US$, bajaron a 9.000 millones US$ en 1987, y a 6.500 millones US$ en 1989. Entre 2011-2015, las reservas internacionales no se han visto tan afectadas, a pesar de la creciente inversión social realizada por el Gobierno. En 2011, fue de 28.000 millones US$; en 2012 cerró casi en 29.000 millones US$, en 2013 se redujo a 21.000 US$, 2014 cerró en 22.077 millones US$ y en 2015, 16.358 millones US$.

Se puede decir, que en ambos momentos la movilidad social y la protesta es elevada, pero como bien lo hemos demostrado, la protesta social en el período 1989-1998 tuvo su expresión en el impacto social y económico que produjo la política de ajuste neoliberal (privatización, reducción del tamaño del Estado, aumento de servicios, eliminación o reducción de programas sociales, entre otros), acumulando frustración, rabia y marcó el despertar político de los sectores excluidos e invisibilizados, por esas políticas neoliberales. Hoy, esos sectores están siendo afectados, en conjunto con la clase media, por una sistemática política enmarcada en acciones de Guerra psicológica, que desaparecen productos, acapara, especula y produce presiones sociales, como bien lo ha demostrado el detallado trabajo de la economista Pascualina Curcio Curcio (desabastecimiento e inflación en Venezuela), buscando con ello impulsar un clima de protesta social que desestabilice al actual Gobierno de Nicolás Maduro. En este aspecto, y como último elemento de esta comparación, las protestas sociales y colectivas de 1989, no tuvieron una direccionalidad política, por parte de los actores opositores del momento (los partidos de izquierda desde el MAS, Causa R, PCV entre otros); al contrario de lo acontecido hoy (2014-2016), cuando los actores opositores se encuentran detrás de la protesta (en términos de organización y movilización).

Finalmente, nos lleva a concluir, que las condiciones de explosión social que nos permiten entender el estallido de febrero de 1989, tanto en términos económicos como sociales, están bastante distantes de lo ocurre hoy, incluso con el impacto que genera una inflación en el 2015 de 186%. A pesar, el mantenimiento de las políticas sociales, luce como un factor de contención, aunque sin duda, el tiempo social se le agota al Presidente Nicolás Maduro, sobre todo ante un colectivo-pueblo que exige acciones efectivas y concretas. Es un punto de no retorno para el proyecto bolivariano, formulado desde 1992. Se profundiza en la construcción de la idea del buen vivir o se fracasa en el intento, abriendo la puerta a una nueva oleada neoliberal, cuyo impacto es incalculable.


Dr. Mgs. DEA. Juan Eduardo Romero Jiménez
*Director Nacional Centro de Investigación y Estudios Políticos y Estratégicos (CIEPES)*
*Historiador e Investigador*
*Universidad del Zulia*
*Maracaibo-Venezuela*

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