Horacio Rovelli desagrega y analiza los distintos aspectos del proyecto ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso bajo el nombre de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, el cual contiene el paquete de medidas que incluyen el blanqueo de capitales, el pago de juicios a los jubilados, la reforma del impuesto a los Bienes Personales y la devolución del 15 por ciento de coparticipación a los gobernadores, entre otras.
El sistema previsional fue creado para garantizar un ingreso digno a aquel que trabajó toda su vida, aunque en sus comienzos, por la misma conformación del régimen en que aportaban los trabajadores en actividad para aquellos que se iban a jubilar, permitió al Estado que era su administrador, contar con esos fondos para gastos presentes, sabiendo que se debía responsabilizar del futuro.
En nuestro país, si bien es cierto que existían algunas cajas previsionales y para alguna actividad (por ejemplo los trabajadores ferroviarios), lo cierto es que el gran impulso y su generalización se logró entre los años 1944 y 1945 cuando el peronismo se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con la creación de las cajas de empleados de comercio, primero, y de trabajadores de la industria, después, y una vez asumida la Presidencia de la República, la creación de la Caja de los trabajadores rurales e independientes, profesionales y empresarios, y por último la Caja de los trabajadores del servicio doméstico.
El Estado garantizaba que los asalariados y productores podrían al fin de su vida laboral, percibir un ingreso que le permitiera vivir y hacer frente a los gastos que le demande no poder trabajar. La sociedad entendía que era justo y existía un principio de solidaridad; hoy aporta parte de sus esfuerzos para poder solventar a los que no pueden trabajar (y lo hicieron antes), para que cuando se tenga la edad (y los años de aportes) se pueda gozar del mismo beneficio.
La esencia misma del capitalismo, y máxime en su faz financiera, sacrifica el principio de solidaridad por el del negocio. Esa es la razón por la que el actual gobierno, cuyo único fin es maximizar las ganancias y minimizar los costos en el presente y sin importarle el futuro inmediato (y mediato), envía al Congreso de la Nación, en un proyecto ómnibus, número 15 del Poder Ejecutivo, varias leyes en una: a) Una reforma previsional que denomina “reparación histórica”; b) Una “privatización” encubierta de las acciones de importantes empresas que están en poder de la ANSeS y que conforman el Fondo de Garantía Sustentable de las jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino); c) Un sistema de “blanqueo” (declaración) de capitales que es una auto amnistía; d) La eliminación de los gravámenes a los activos de las personas (Impuesto a los Bienes Personales) y de las empresas (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), que en el dictamen de las comisiones debió morigerar; e) Un planteo de regularización de deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras; y f) Legitimar los acuerdos de distribución del 15% de la masa de pre coparticipación que hasta el año pasado se apropiaba la ANSeS y ahora debe ir a las provincias.
Obviamente el Proyecto era el objetivo de máxima del macrismo y a los efectos de ser consensuado por el Frente Renovador (encabezado por Sergio Massa) y por el bloque justicialista, cuya dirección recae en el ex titular de la ANSeS de Cristina Fernández de Kirchner, Diego Bossio, y de esa forma tener los votos necesarios para su aprobación, se morigera, entonces el Art. 12 del proyecto 15 del PE que planteaba un sistema integral y universal, tuvo que agregar, en el dictamen que salió por la mayoría de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, que sea público y de reparto, con lo cual frena de entrada la idea de Macri de volver al sistema de capitalización (que es la base de la creación de las AFJP), pero que no lo evita, como va a pasar al aprobarse y hacerse ley el “maremágnum” remitido al Congreso de la Nación, que como el sistema va a ser deficitario, va a permitir que los que puedan (la denominada crema previsional, los de mayores ingresos) opten por una previsión privada. Para evitar que eso pase, el mencionado Art. 12 del Proyecto, debe decir que el régimen previsional argentino es y debe ser exclusivamente de reparto y público.
La supuesta “reparación histórica” que plantea el proyecto de ley del PE es que, para un conjunto de beneficiados que estiman en unas 2.250.000 personas, que estarían cobrando menos de lo que realmente deberían cobrar, ajustarles la remuneración e incluso pagarle en forma retroactiva en determinados casos, y los dividen en tres:
a) Los que tienen sentencia firme que serían alrededor de 70.000 casos, a quienes se les pagaría el fallo judicial, la mitad al contado con la aceptación de la propuesta y la otra mitad en 3 –tres- años, con pagos trimestrales, ajustables por el índice de movilidad (Que habría que ver lo que dice textualmente el proyecto de ley, dado que no sería el actual, y podría ser reemplazado por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE, que en todo este tiempo fue mucho menor).
b) Un segundo grupo son los que tienen su juicio en trámite (hay unos 380.000 expedientes), también se les pagará el 50% al contado y el resto en 3 –tres- años, ajustables. En estos casos, el monto reclamado tendrá una quita o tope porque se les reconocerá hasta 4 –cuatro- años del total de años reclamados (esto podría implicar una quita sobre el reclamo, que depende de su antigüedad). También hacia delante, los haberes serán ajustados
c) Finalmente, el plan apunta a quienes no hicieron un reclamo judicial (pero la ANSeS entiende que cobran menos de lo que deberían percibir), serían 1.800.000 beneficiados que no hicieron juicio, pero tienen los mismos derechos que los que sí lo hicieron. No se les reconocerá el retroactivo porque no hicieron el reclamo, pero se les reajustará hacia delante el haber si renuncian a realizar el reclamo judicial.
El Gobierno calcula que en promedio el reajuste de los haberes de los que acepten la oferta oficial sería del 45%. Los que rechacen la oferta no tendrán ningún reajuste de haberes y deberán seguir con los juicios o iniciar uno nuevo. El proyecto de ley contemplaría la retención del impuesto a las Ganancias, pero el descuento sobre la oferta retroactiva se calculará por los valores devengados de cada año.
Para poder pagar el 50% al contado en este año para los casos a) y b) y seguir manteniendo el sistema, el gobierno debe disponer como mínimo de $ 100.000 millones para el corriente año 2016, que se suma a lo que se viene abonando a los jubilados y pensionados nacionales, que fue de $ 535.697 millones durante el año 2015 (suma que debe actualizarse por la ley de ajuste previsional). A los que además, según ponderaciones del titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, se le debe agregar los gastos que demandaría la política de reparación de los haberes previsionales, propuesta que significarían unos $ 85.000 millones (a valores de junio 2016) por año.
El dinero para hacer frente a esos pagos saldrá de los rendimientos anuales líquidos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, más las partidas asignadas en el Presupuesto para el pago de sentencias, pero como no va a alcanzar para pagar el monto de ajuste total, se autorizará al Fondo a vender las acciones que tiene en su poder, y allí reside una de las claves del sistema propuesto.
En efecto, cuando Maurizio Macri sostiene que se financiará con el impuesto que le cobren a los que “blanqueen” los recursos que tienen en el exterior, está por verse cuanto será el capital en “negro” declarado, y qué tasas de recargo finalmente abonaran, pero seguramente lo recaudado será en este año 2016 ( y en el mejor de los casos) menos del 15% de los $ 200.000 millones iniciales para poner en funcionamiento el sistema, y después no alcanzará al 30% de los $ 85.000 millones con los precios de junio de 2016, que infieren las autoridades de la ANSeS que se gastará por año, y ante ese nuevo fracaso y para cumplir con la que ya será ley de “reparación histórica” de los jubilados y pensionados, se empleará la venta de las acciones que tiene el FGS.
El proyecto beneficia a quienes tuvieron mejores trabajos, mayor jubilación y más posibilidades de hacer juicio, en el mejor de los casos los 2.250.000 que plantea el macrismo, pero los casi 6.000.000 de jubilados y pensionados restantes del SIPA van a seguir igual, por un lado, y por el otro, ofrecen una “pensión a la vejez” que cobrarán el 80% de la jubilación mínima que está en junio 2016 a $ 4.959.-por mes, con lo que cobrarían mensualmente $ 3.967.- y cuando (hombres y mujeres) cumplan 65 años
EL BLANQUEO DE CAPITALES
Con un dólar cuya híper devaluación fue absorbida por el crecimiento de los precios internos, demostrando que los empresarios formadores de los mismos lo escuchan a Macri como oír llover, y no dejan sus negocios y sus altas rentas por más que Macri se los pida, por lo que no tienen motivaciones de mayor poder adquisitivo por cada dólar que traen del exterior para reconocer tenencias de activos no declarados y traerlos al país. Esa es una de las razones por la cual el “blanqueo” de Macri les permite declarar los activos y no traerlos al país, pagar la multa y de esa manera quedan expuestos
Y la exposición de los mismos se hace tras el “descubrimiento” de los “panamá paper” y cuentas off shore en la Bahamas, y los argentinos titulares y apoderados de cuentas secretas en el HSBC, como es el mismo Presidente de le República, Maurizo Macri, y de su ministro de hacienda y finanzas, Alfonso Prat Gay, seguidos por participación en esas sociedades “non sanctas” de Jorge Macri, Gustavo Arribas, Darío Loperfido, Nicolas Caputo, Daniel Angelici, Nestor Grindetti entre los funcionarios (quienes no podrían beneficiarse del blanqueo), pero si el padre los hermanos y el primo Angel Cálcaterra entre la “familia”, quienes no son excluidos de hacerlo (y por lo tanto se benefician del blanqueo tributario) en el proyecto ómnibus del gobierno numerado como 15-PE.
El gobierno estima que de esa manera se declararían U$S 20.000 millones, si la mayor parte abona el 10% en concepto de multa (cuando los mismos sumen más de $ 800.000.- por persona), eso implica unos U$s 1.850 o U$s 1.900 millones de gravamen, al tipo de cambio oficial actual serían unos $ 27.000 millones, que es menos del 15% de lo que deben destinar para pagar los no menos de $ 200.000 millones para el primer año del sistema de reparación previsional del macrismo.
Además del negocio de “blanquear” la plata, le ofrecen la de venderles las acciones de empresas privadas en poder de la ANSES a partir de la nacionalización de las AFJP. Entre otras con acciones en poder de la ANSES figuran empresas del grupo Techint (Siderar); de Aluar; el 9% del paquete accionario del Grupo Clarín; Molinos Río de la Plata; las empresas distribuidora de gas; de energía eléctrica; Endesa; Cresud; Central Puerto SA; IRSA; Ledesma SA; Alpargatas SA; Solvay; Quickfood; Consultatio; Holcim; y Mirgor. Y los bancos Macro (con el 24,6% del paquete accionario), BBVA Francés, Banco Patagonia, Galicia, e Hipotecario; el volumen de acciones en poder del organismo dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) superaría hoy los 90.000 millones, que indefectiblemente será utilizados para ese fin.
En síntesis, el gobierno solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado; no existe, y en ese marco no puede existir, proyectos de inversión productiva, se prioriza lo financiero a costa de un mercado interno que se achica y condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico por el ingreso de dólares, pero insustentable en el tiempo.
El sistema generado por el macrismo y sus beneficiados es insustentable en el tiempo porque no existen ingresos genuinos en el exterior, como sería el superávit comercial en el tiempo, cuando se incurre en un déficit externo creciente para pagar sostenidamente los servicios de una deuda que crece en forma exponencial. En esa desenfrenada carrera se van a llevar puesto también el sistema previsional, y la producción de bienes y servicios para el mercado interno va a ser cada vez menor, y mucho menor la que está ligada a los bienes, salarios y a los jubilados y pensionados que cobran la mínima o en torno a ella, y si es que la cobran.
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*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPA (Economía Política para la Argentina).
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