El poder
corporativo está tomando revancha contra las mayorías populares de la
Argentina, y contra los militantes y funcionarios que dirigieron las políticas
de inclusión social entre 2003 y 2015.
El pueblo es
castigado con una catarata de medidas de política económica que apuntan a
reducir los ingresos reales de los trabajadores, poner en jaque el empleo y
recortar la acción del Estado allí donde repara y atiende las necesidades de
los más humildes.
Este programa de
ajuste, que ya produce un dramático deterioro en las condiciones de vida de
vastos sectores de la población, viene acompañado con una cínica explicación
sobre su inexorabilidad.
El planteo
extorsivo del Presidente Macri es: “sin ajuste no se crece, sin ajuste no baja
la inflación, sin endeudamiento no hay recursos para las Provincias, sin
endeudamiento y ajuste no habrá inversión…”.
Las consecuencias
sociales y políticas de una espiral de ajuste, endeudamiento y transferencia de
riqueza a los sectores concentrados ya las conocemos en la Argentina. Son la
pobreza, el desempleo y la disolución nacional. Ni las inversiones, ni el
empleo ni el bienestar.
Pero el mensaje
extorsivo es repetido al unísono en las cadenas de comunicación orgánicas del
poder corporativo.
En la saga
revanchista se despide a trabajadores del Estado por su adhesión política y se
los estigmatiza cruelmente como “ñoquis”.
Porque la
pretendida construcción de legitimidad de este latrocinio social tiene como
rasgo principal la persecución y demonización de aquellos que ejercieron la
función pública con el objetivo de garantizar un programa de desarrollo
inclusivo para la Argentina.
No perdonan las
políticas desplegadas para limitar la voracidad de los sectores del privilegio
y la concentración, durante la década pasada y pretenden hacer un daño que
impida la recuperación del poder del Estado por parte del proyecto nacional.
Como tantas veces
en la historia de la Argentina, las corruptas clases dominantes, asociadas con
las no menos corruptas corporaciones multinacionales, intentan lanzar una
efectista campaña de higienización entre la dirigencia política, con el fin de
explicar las reconocidas carencias que todavía sufre nuestro pueblo a partir de
un hipotético robo de los dineros públicos.
Mientras
reconstruye el entramado vil e inmoral para la exacción sistemática de la
riqueza nacional, el poder económico compra mano de obra judicial para realizar
la persecución a militantes populares.
Medios de
comunicación que convierten en “dadores de ética” a funcionarios que conforman
un verdadero consorcio off shore de sociedades y cuentas para evadir impuestos
y fugar capital. El Presidente, su Ministro de Hacienda, el Presidente del
Banco Central y el Presidente del Banco Nación, están todos inscriptos en episodios
de fuga y endeudamiento que, sabemos en la Argentina, son dos caras del mismo
drama nacional desde nuestra independencia.
Es así que a cuatro
meses del cambio de gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof,
Alejandro Vanoli y los directores del Banco Central son acusados por un sistema
judicial comprado por la mafia mediática y financiera de, sencillamente, hacer
política económica interviniendo en el mercado cambiario.
Absurdo y
prepotente planteo, agravado cuando se verifica que los eventuales hechos
imputados fueron concretados por la administración de Macri.
José “Pepe”
Sbatella también es víctima de una persecución judicial, como si se lo quisiera
escarmentar por su compromiso en la lucha contra el lavado de activos,
desarrollada en su gestión al frente de la Unidad de Información Financiera.
Hoy la UIF se encuentra en proceso de desmantelamiento, a manos de sus nuevos
funcionarios, provenientes de bancos y entidades financieras denunciadas por
maniobras de fuga de capitales y lavado de activos.
Es por esto que nos
solidarizamos con estos Compañeros y Compañeras que están siendo perseguidos
por haber cumplido las funciones que les tocaron, con dedicación y honestidad,
para defender siempre los intereses populares en la trinchera de la Patria.
No podemos decir
que nos sorprende: las fuerzas populares en la Argentina, sus militantes, en
muchas etapas de la historia, fueron, y ahora son, objeto de persecución.
Por ello, nos
manifestamos en orden a:
Repudiar la citación
de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Ministro de Economía,
Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, el ex
secretario de Finanzas, Pablo Lopez y los directores del Banco Central en el
marco de una causa abierta a partir de una denuncia de dos diputados de
Cambiemos: Federico Pinedo y Mario Negri, en noviembre del 2015, en plena
campaña electoral.
Repudiar el procesamiento y
la persecución judicial de José Sbatella que, desde la dirección de la Unidad
de Investigación Financiera, desarrolló el poder de regulación y control
estatal para mitigar las consecuencias del comportamiento fugador y fraudulento
de gran parte del capital concentrado de la Argentina.
Denunciar el
desmantelamiento de la UIF por parte de la actual gestión. Macri nombró a una
funcionaria del Banco HSBC, de connotadosantecedentes como lavador de activos,
facilitador de la evasión impositiva, la fuga de capitales y la violación de
las normas regulatorias del sistema financiero en la Argentina y en el mundo.
Rechazar el uso
corporativo y político del Poder Judicial, y la manipulación de la información
desde los medios hegemónicos para ocultar y proteger al gobierno de Cambiemos
de la crisis económica producida por el ajuste a la economía del país. Las
consecuencias sociales y políticas de una espiral de ajuste, endeudamiento y
transferencia de riqueza a los sectores concentrados ya las conocemos en la
Argentina. Son la pobreza, el desempleo y la pérdida de soberanía nacional. Ni
las inversiones, ni el empleo ni el bienestar.
Repudiar el comportamiento
antiético de Mauricio Macri, conocida la filtración de documentos de la firma
de abogados de Panamá, donde consta la titularidad de empresas off shore del
Presidente Macri, al que se suman copiosamente su familia, el actual Intendente
de Lanús del PRO y muchos de sus funcionarios, con sociedades radicadas en
paraísos fiscales. La creación de sociedades de estas características responde
a la intención de ocultar dinero de origen ilícito, evadir impuestos, la fuga
de capitales y el lavado del dinero.
Reclamar la presencia
de Mauricio Macri ante el Congreso Nacional para aclarar su vinculación con las
empresas fantasmas en el paraíso fiscal de Panamá, respondiendo las preguntas
de los diputados allí presentes.
Denunciar el comportamiento de
Claudio Bonadío, que arrastra decenas de denuncias por un escabroso cúmulo de
actos impropios para un juez de la Nación. Actitudes como la de Bonadío se
inscriben en una decidida estrategia de amedrentamiento de las fuerzas populares
y de acoso a su máxima dirigente, estrategia que, en otras etapas de la
historia argentina, siempre culminó con violencia contra el conjunto del
pueblo.
ADHESIONES:
Ricardo Aronskind
Alejandro Rofman
Arnaldo Bocco
Guillermo Wierzba
Mercedes Marco Del Pont
Fernando Porta
Emmanuel Álvarez Agis
Roberto Feletti
Damián Panigo
Andrés Asiain
Augusto Costa
Javier Rodríguez
Federico Bernal
Alejandro Robba
Mariano Kestelboim
Carlos Bianco
Mariana González
Juan Fal
Federico Pastrana
Jorge Beinstein
Felisa Miceli
Martin Burgos
Estanislao Malic
Nicolás Arceo
Horacio Rovelli
(sguen las firmas)
2 comentarios:
que este Felisa Miceli entre los nombres no es muy divertido
jajaja
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