4/10/2016

solicitada

El poder corporativo está tomando revancha contra las mayorías populares de la Argentina, y contra los militantes y funcionarios que dirigieron las políticas de inclusión social entre 2003 y 2015.

El pueblo es castigado con una catarata de medidas de política económica que apuntan a reducir los ingresos reales de los trabajadores, poner en jaque el empleo y recortar la acción del Estado allí donde repara y atiende las necesidades de los más humildes.
Este programa de ajuste, que ya produce un dramático deterioro en las condiciones de vida de vastos sectores de la población, viene acompañado con una cínica explicación sobre su inexorabilidad.

El planteo extorsivo del Presidente Macri es: “sin ajuste no se crece, sin ajuste no baja la inflación, sin endeudamiento no hay recursos para las Provincias, sin endeudamiento y ajuste no habrá inversión…”.

Las consecuencias sociales y políticas de una espiral de ajuste, endeudamiento y transferencia de riqueza a los sectores concentrados ya las conocemos en la Argentina. Son la pobreza, el desempleo y la disolución nacional. Ni las inversiones, ni el empleo ni el bienestar.

Pero el mensaje extorsivo es repetido al unísono en las cadenas de comunicación orgánicas del poder corporativo.

En la saga revanchista se despide a trabajadores del Estado por su adhesión política y se los estigmatiza cruelmente como “ñoquis”.

Porque la pretendida construcción de legitimidad de este latrocinio social tiene como rasgo principal la persecución y demonización de aquellos que ejercieron la función pública con el objetivo de garantizar un programa de desarrollo inclusivo para la Argentina.

No perdonan las políticas desplegadas para limitar la voracidad de los sectores del privilegio y la concentración, durante la década pasada y pretenden hacer un daño que impida la recuperación del poder del Estado por parte del proyecto nacional.

Como tantas veces en la historia de la Argentina, las corruptas clases dominantes, asociadas con las no menos corruptas corporaciones multinacionales, intentan lanzar una efectista campaña de higienización entre la dirigencia política, con el fin de explicar las reconocidas carencias que todavía sufre nuestro pueblo a partir de un hipotético robo de los dineros públicos.

Mientras reconstruye el entramado vil e inmoral para la exacción sistemática de la riqueza nacional, el poder económico compra mano de obra judicial para realizar la persecución a militantes populares.

Medios de comunicación que convierten en “dadores de ética” a funcionarios que conforman un verdadero consorcio off shore de sociedades y cuentas para evadir impuestos y fugar capital. El Presidente, su Ministro de Hacienda, el Presidente del Banco Central y el Presidente del Banco Nación, están todos inscriptos en episodios de fuga y endeudamiento que, sabemos en la Argentina, son dos caras del mismo drama nacional desde nuestra independencia.

Es así que a cuatro meses del cambio de gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los directores del Banco Central son acusados por un sistema judicial comprado por la mafia mediática y financiera de, sencillamente, hacer política económica interviniendo en el mercado cambiario.

Absurdo y prepotente planteo, agravado cuando se verifica que los eventuales hechos imputados fueron concretados por la administración de Macri.

José “Pepe” Sbatella también es víctima de una persecución judicial, como si se lo quisiera escarmentar por su compromiso en la lucha contra el lavado de activos, desarrollada en su gestión al frente de la Unidad de Información Financiera. Hoy la UIF se encuentra en proceso de desmantelamiento, a manos de sus nuevos funcionarios, provenientes de bancos y entidades financieras denunciadas por maniobras de fuga de capitales y lavado de activos.

Es por esto que nos solidarizamos con estos Compañeros y Compañeras que están siendo perseguidos por haber cumplido las funciones que les tocaron, con dedicación y honestidad, para defender siempre los intereses populares en la trinchera de la Patria.
No podemos decir que nos sorprende: las fuerzas populares en la Argentina, sus militantes, en muchas etapas de la historia, fueron, y ahora son, objeto de persecución.

Por ello, nos manifestamos en orden a:

Repudiar la citación de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, el ex secretario de Finanzas, Pablo Lopez y los directores del Banco Central en el marco de una causa abierta a partir de una denuncia de dos diputados de Cambiemos: Federico Pinedo y Mario Negri, en noviembre del 2015, en plena campaña electoral.

Repudiar el procesamiento y la persecución judicial de José Sbatella que, desde la dirección de la Unidad de Investigación Financiera, desarrolló el poder de regulación y control estatal para mitigar las consecuencias del comportamiento fugador y fraudulento de gran parte del capital concentrado de la Argentina.

Denunciar el desmantelamiento de la UIF por parte de la actual gestión. Macri nombró a una funcionaria del Banco HSBC, de connotadosantecedentes como lavador de activos, facilitador de la evasión impositiva, la fuga de capitales y la violación de las normas regulatorias del sistema financiero en la Argentina y en el mundo.

Rechazar el uso corporativo y político del Poder Judicial, y la manipulación de la información desde los medios hegemónicos para ocultar y proteger al gobierno de Cambiemos de la crisis económica producida por el ajuste a la economía del país. Las consecuencias sociales y políticas de una espiral de ajuste, endeudamiento y transferencia de riqueza a los sectores concentrados ya las conocemos en la Argentina. Son la pobreza, el desempleo y la pérdida de soberanía nacional. Ni las inversiones, ni el empleo ni el bienestar.

Repudiar el comportamiento antiético de Mauricio Macri, conocida la filtración de documentos de la firma de abogados de Panamá, donde consta la titularidad de empresas off shore del Presidente Macri, al que se suman copiosamente su familia, el actual Intendente de Lanús del PRO y muchos de sus funcionarios, con sociedades radicadas en paraísos fiscales. La creación de sociedades de estas características responde a la intención de ocultar dinero de origen ilícito, evadir impuestos, la fuga de capitales y el lavado del dinero.

Reclamar la presencia de Mauricio Macri ante el Congreso Nacional para aclarar su vinculación con las empresas fantasmas en el paraíso fiscal de Panamá, respondiendo las preguntas de los diputados allí presentes.

Denunciar el comportamiento de Claudio Bonadío, que arrastra decenas de denuncias por un escabroso cúmulo de actos impropios para un juez de la Nación. Actitudes como la de Bonadío se inscriben en una decidida estrategia de amedrentamiento de las fuerzas populares y de acoso a su máxima dirigente, estrategia que, en otras etapas de la historia argentina, siempre culminó con violencia contra el conjunto del pueblo.

ADHESIONES:

Ricardo Aronskind
Alejandro Rofman
Arnaldo Bocco
Guillermo Wierzba
Mercedes Marco Del Pont
Fernando Porta
Emmanuel Álvarez Agis
Roberto Feletti
Damián Panigo
Gerardo De Santis
Andrés Asiain
Augusto Costa
Javier Rodríguez
Federico Bernal
Alejandro Robba
Mariano Kestelboim
Carlos Bianco
Mariana González
Juan Fal
Federico Pastrana
Jorge Beinstein
Felisa Miceli
Martin Burgos
Estanislao Malic
Nicolás Arceo

Horacio Rovelli
(sguen las firmas)

2 comentarios:

Anónimo dijo...

que este Felisa Miceli entre los nombres no es muy divertido

Artemio López dijo...

jajaja