La vieja receta de la rebaja de aportes
Por Tomás Lukin
La iniciativa establece una reducción de los costos laborales por un período de tres años. Los beneficios no tienen límite de edad en el norte del país. La tradicional receta fracasó en los 90, provocando el desfinanciamiento de la seguridad social.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para combatir la informalidad y promover la contratación de trabajadores jóvenes a través de la reducción de los costos laborales. La iniciativa anunciada ayer por Mauricio Macri propone una reducción decreciente de las contribuciones patronales durante tres años y el pago de subsidios para las empresas que incorporen personal. Los beneficios fiscales del primer empleo se mantendrán aunque el plazo transcurra en dos o más compañías diferentes. Para las firmas radicadas en el norte del país el acceso a los beneficios fiscales no reconocerá límite de edad y los incentivos económicos serán mayores. El lanzamiento del Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal busca amortiguar las crecientes tensiones en el mercado de trabajo asociadas a las políticas económicas del Poder Ejecutivo. Asimismo, pretende contrarrestar la propuesta legislativa impulsada por todo el arco opositor para preservar los niveles de empleo. Hasta fines de 2017 ese proyecto prohíbe los despidos sin causa, crea procedimientos administrativos para concretar desvinculaciones y garantiza el pago de una doble indemnización cuando los trabajadores acepten la terminación del vínculo laboral.
Las principales problemáticas que exhibe el mercado de trabajo argentino se exacerban entre los jóvenes: el desempleo asciende al 19,1 por ciento, tres veces más que el nivel general, y la precariedad laboral afecta al 59 por ciento de los jóvenes, casi el doble del promedio nacional. A lo largo de los últimos años se implementaron distintas medidas para enfrentar esos problemas, como el plan Progresar. En sintonía con una propuesta realizada durante la campaña, el presidente Macri enviará en los próximos días su proyecto para promover la incorporación y formalización de trabajadores jóvenes. Los resultados, prometió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, llegarán a partir del segundo semestre.
Los beneficios fiscales no son una herramienta inválida en una política integral de combate al trabajo no registrado. La estrategia desplegada por el kirchnerismo en 2014 para hacer frente al núcleo duro de la informalidad contempló, para algunos casos, la reducción de las contribuciones patronales. Sin embargo, esa medida es insuficiente para estimular la demanda de empleo formal. La experiencia internacional evidencia que esas políticas deben ser acompañadas por acciones de control que desincentiven la contratación de trabajo no registrado. Sin ese tipo de instrumentos es imposible penetrar sobre el núcleo duro de la precariedad laboral. Pero, fundamentalmente, el éxito de esas políticas está directamente asociado a un desempeño virtuoso de la actividad económica que promueva la creación de empleo de calidad.
El proyecto
La iniciativa anunciada ayer propone una reducción escalonada de las contribuciones patronales y el pago de subsidios durante 36 meses para las empresas que contraten trabajadores de entre 18 y 24 años. Las firmas accederán al beneficio a lo largo de tres años cuando contraten individuos que inician su primer empleo. Los jóvenes que hayan trabajado en relación de dependencia pero registren menos de 36 aportes a la seguridad social, sean continuos o discontinuos, también serán “elegibles”. En esos casos, las menores cargas se extenderán hasta completar el período contemplado en la ley. Asimismo, la magnitud de la reducción en las contribuciones patronales y los incentivos se achicarán, hasta llegar a cero, a medida que pasen los meses. Para evitar que las empresas reemplacen trabajadores adultos y mayores por jóvenes, los beneficios solo estarán disponibles cuando las firmas incrementen sus plantillas de personal.
A lo largo de la historia argentina las reducciones de las contribuciones patronales no sólo no promovieron el crecimiento del empleo registrado sino que desfinanciaron los sistemas de la seguridad social en un contexto de crecimiento de la informalidad. La propuesta electoral de Cambiemos extendía la exención a los aportes personales profundizando esos riesgos. Si bien todavía no se conoce el mecanismo previsto, desde el Gobierno sostienen que “los trabajadores tendrán garantizadas las contribuciones patronales durante todo el período en el que estén amparados en este régimen y realizarán sus aportes personales al igual que cualquier trabajador”.
En la actualidad, los beneficios más generosos y permanentes (reducción del 50 por ciento en las contribuciones) están dirigidos a las microempresas, donde existen elevados niveles de evasión previsional. Seis de cada diez trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos. El esquema previsto para las firmas de mayor tamaño alcanza aquellas unidades productivas con menos de 80 trabajadores. En ese caso, los incentivos duran solo dos años y la rebaja es menor. Las reducciones de las contribuciones patronales del proyecto de ley macrista son universales –es lo mismo una fábrica multinacional de galletitas que un taller en Villa Crespo–, pero la magnitud del beneficio diferencia entre dos grupos de empresas. Cuando la firma tenga hasta 200 empleados estará exenta del 100 por ciento de las contribuciones patronales durante los primeros 12 meses y a partir de entonces se reduce: será 60 por ciento entre los meses 13 y 24 meses para bajar al 40 por ciento desde el mes 25 hasta el 36. Para las empresas de más de 200 empleados las exenciones serán del 80 por ciento los primeros 12 meses, del 40 por ciento de 13 a los 24 meses y del 20 por ciento hasta los 36 meses.
Nota Relacionada
Ley de contrato del primer empleo de Francia
La ley de contrato de primer empleo de Francia (en francés contrat première embauche - CPE) era un tipo de contrato laboralsin límite de duración, destinado a personas menores de 26 años de edad en empresas con más de 20 empleados. Además, según este contrato, el jefe puede despedir a un empleado sin tener que justificar motivo alguno, algo que rompe con una medida de 1973 incluida en el Derecho laboral.
Contrariamente a lo que su nombre indica, un empleado puede entrar en el régimen propuesto por este contrato sin que se trate de su primer empleo (en el caso que tuviere un contrato de duración determinada - CDD). A semejanza del contrato de nuevo empleo(en francés contrat nouvelle embauche - CNE) pasado en agosto de 2005 por el primer ministro Dominique de Villepin, este es un contrato de duración indefinida combinado con un "período de probación" de dos años. Pero a diferencia del CNE, en el CPE durante este período el jefe está facultado para despedir a su empleado sin motivo jurídico alguno.
El jefe del gobierno francés Dominique de Villepin, que anunció su creación el 16 de enero de 2006, afirma que gracias a este contrato se reducirá la tasa de desempleo entre los jóvenes, que en 2006 se encuentra en un 23%, superior a la de la media de la población que se sitúa alrededor del 9%. Este proyecto ha suscitado una vivaz oposición entre los sindicatos, los partidos políticos de izquierda y un número importante de estudiantes de nivel medio, que consideran que dicho contrato facilitará los despidos abusivos y la precariedad laboral. Han surgido también posturas en contra al respecto entre organizaciones de derecha y la patronal.
El 10 de abril el presidente Jacques Chirac y el primer ministro de Villepin, anunciaron de forma conjunta, la retirada del CPE y la aplicación en su lugar de otras medidas para reducir el desempleo juvenil.
Protestas
Las acciones de protesta comenzaron con movilizaciones de estudiantes en las grandes ciudades francesas. El martes 7 de febrero de 2006, 520.000 personas (según la policía, 700.000 según la Confederación General del Trabajo - CGT) manifestaron su oposición al contrato de "primer empleo". En algunas universidades, como la Universidad de Rennes II, se produjo un paro estudiantil.
Un mes más tarde, el 7 de marzo de 2006, se organizaron nuevas manifestaciones en toda Francia en las que participaron 400.000 personas según la policía (más de 2.000.000 según la CGT).
Por esas fechas el movimiento comenzó a ampliarse al organizar los estudiantes "Asambleas Generales" en las aulas magnas de las universidades. En ellas votaron la interrupción de los cursos. El 10 de marzo algunas decenas de universidades (84 según los movimientos estudiantiles, alrededor de una veintena según el ministerio del interior) fueron bloqueadas por los estudiantes. En la noche del 10 al 11, la toma de la Sorbona fue finalizada por las fuerzas del orden antes de que terminara la tercera noche de ocupación por parte de los estudiantes que abogaban por la abolición de la ley.
El martes 14 de marzo con 41.000 manifestantes (fuente policial) y 447.000 (según la policía, de 500.000 a 800.000 según organizadores) el 16 de marzo continuaron las manifestaciones llevadas principalmente por estudiantes universitarios y de nivel medio.
El viernes 17 de marzo, el gobierno intentó reanudar el diálogo sobre el CPE. Recibió a representantes de los sindicatos, mas ellos se negaron a negociar en tanto que el contrato no fuera retirado.
El sábado 18 de marzo tuvo lugar una jornada nacional de protesta en la que 503.000 manifestantes, según la policía (1,5 millones según la CGT), desfilaron en 160 pueblos de Francia. Hubo enfrentamientos con la policía al fin de la jornada. El sindicalista Cyril Ferez fue hospitalizado en estado de coma.
Una huelga inter-profesional en todo el territorio de Francia tuvo lugar el 28 de marzo durante la cual se movilizaron 1.055.000 personas según la policía (2.700.000 según los sindicatos). Hubo más manifestantes que durante la huelga general de diciembre de 1995 en contra de la reforma de las jubilaciones que de por sí había sido remarcable.
Un "preaviso" de huelga fue dispuesto por los sindicatos llamando, para la jornada del 4 de abril, a grandes manifestaciones inter-profesionales en toda Francia. Si bien el número de huelguistas pareció ser menor que los de las jornadas del 28, el número de manifestantes pareció ser similar. Se produjeron en 32 ciudades reducciones en el servicio público de transportes, 40% de las escuelas primarias y el 25% de las secundarias vieron sus actividades perturbadas, paralizando parcialmente las actividades del país. Durante la jornada hubo más de un millón de manifestantes en las calles según la policía y 3,1 millones según los sindicatos.
Cabe recalcar que decenas de facultades fueron cerradas y/o movilizadas en todo el territorio nacional. Muchas de ellas cerraron sus puertas a raíz de votaciones estudiantiles luego de previa convocación de asambleas. Algunas facultades de tradición social (Ciencias Humanas) tuvieron una participación activa en las marchas, sin embargo las facultades de economía y Derecho también se unieron a las protestas, en el caso de la Facultad de Derecho de Nantes está fue cerrada por decisión estudiantil de manera inédita. Aunque nunca hubo líderes que se destacaran dentro de estas manifestaciones, si existió una organización completamente autogestionada por cada facultad (comisiones de acción, comunicación, de problemas internos...). En algunos casos el financiamiento se organizaba a través de actividades (fabricación de comidas), pero también por el pedido de contribuciones a los estudiantes o bloqueando rutas a los automovilistas.
Esta falta de organización fue posiblemente la que provocó, que luego de que el gobierno renunciara al Contrato Primer Empleo (CPE), las manifestaciones y las acciones en las Universidades cesara, aunque el Gobierno mantuviera el Contrato Nuevo Empleo (CNE) que se aparentaba al CPE (por cláusulas parecidas en las dos leyes).
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