Por Francisco Cantamutto * y Martín Schorr **
La semana pasada se cerró el acuerdo con una parte de los fondos buitres, tras la aprobación en el Congreso de los términos propuestos por el gobierno argentino. La propuesta implica ganancias exorbitantes sobre el capital invertido y fue aceptada por la mayor parte de los litigantes. Persisten holdouts no representados en el tribunal de Griesa, por lo que se desconoce si procederán a nuevos juicios. De hecho, el fondo Greylock, que había ingresado en la reapertura de 2010, ya presentó un reclamo por el trato desigual recibido. El arreglo no garantiza per se el cierre de la conflictividad por los bonos del default de 2001 y sus arreglos sucesivos.
El canje de 2005 y sus reaperturas implicaron una mejora en la gestión de la deuda, al prometer pagos atados al crecimiento de la economía. Pero dieron continuidad a la cesión de soberanía al reconocer tribunales externos como ámbito de resolución de diferendos. Más aún, la negativa a auditar la deuda permitió la renovación de un ilícito, viciado en origen y en cada reestructuración. Así, los casi 200 mil millones de dólares pagados durante los gobiernos kirchneristas no impidieron un nuevo episodio de presión.
El gobierno de Cambiemos, que incluye varios funcionarios provenientes de la banca acreedora, tomó una actitud de negociación complaciente y aceptó los reclamos de la minoría litigante. Como se dijo, la posibilidad de nuevos juicios no está cancelada. El monto autorizado por el Congreso alcanza los 15 mil millones de dólares, que en la licitación de la semana pasada tuvo ofertas por 67 mil millones con un interés promedio superior al 7 por ciento. La abundancia de prestamistas y el “desendeudamiento” heredado abren las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento.
La importancia de la deuda es central para el programa económico en curso, como el propio gobierno aceptó (“no hay plan B”). La quita de retenciones y otras reducciones de impuestos implican una caída en la recaudación real. Por el lado de los gastos, el supuesto ahorro a través de los despidos masivos, la cancelación de programas sociales y la quita de subsidios a los servicios públicos deberán competir con el aumento de la carga de intereses. A esta tensión fiscal debe agregarse el aumento del déficit cuasifiscal, debido a la colocación de letras del Banco Central a tasas que orillan el 40 por ciento y han resultado un negocio formidable, al margen de que no han tenido utilidad alguna en materia de contención inflacionaria (mostrando, una vez más, las falacias de las tesis monetaristas).
Además de cubrir ese creciente descalce, la toma de deuda, articulada con otras medidas, otorgan un lugar central al capital financiero, que se erige como una de las fracciones más favorecidas. Pero los beneficios no se restringen a esta fracción del gran capital.
Para el conjunto de la cúpula empresaria el nuevo ciclo de endeudamiento abre una oportunidad ostensible. Porque se ha beneficiado fuertemente con la devaluación sin mayores impactos negativos sobre su patrimonio. Y por la existencia de “dólares fáciles” para alimentar, por caso, la remisión de utilidades y la fuga de capitales, ahora reactivadas ante la supresión de los controles cambiarios.
Además de utilizar la deuda como elemento articulador de intereses entre las distintas fracciones del poder económico (capital financiero, empresas extranjeras y grupos económicos locales), el gobierno tiene posibilidades de lograr la anuencia de sectores medios y así ampliar su base de sustento social. Estos sectores, normalmente asociados a empleos formales, pueden participar de los beneficios del nuevo esquema de políticas. En caso de que la inflación se logre reducir, la mejora real de sus ingresos puede impulsar un nuevo ciclo de consumo. A su vez, resultarían beneficiados por la apertura comercial, al tiempo que podrían acceder a dólares con motivo de ahorro, sin controles o regulaciones. La probabilidad de galvanizar el apoyo o la indiferencia de los sectores medios al gobierno se incrementa en caso de reanudar el crédito. Así, la urgencia del gobierno por restablecer los mecanismos de endeudamiento no tiene por único fin satisfacer las demandas del capital concentrado, sino que potencialmente puede ofrecerle un mecanismo de legitimación más allá de esta clase social.
En tanto la nueva deuda no se destine a cambios en la estructura productiva, es esperable que los pagos de capital e intereses generen complicaciones en la balanza de pagos, al tiempo que el costoso arreglo presionará sobre las cuentas fiscales. Ambos motivos permiten suponer la renovación de la deuda con nueva deuda, en una lógica con elevado riesgo de acabar en una nueva crisis.
* Doctor Flacso-México.
** Investigador Idaes.
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