4/05/2016

#panamapapers : hacia el tercer ciclo de valorización financiera, endeudamiento externo y fuga de capitales



El cambio de régimen iniciado el 10 de diciembre de 2015 implica una deconstrucción de los mecanismos de integración social y distribución del ingreso puestos en forma a partir de mayo del año 2003 y una alteración drástica del funcionamiento de la economía donde el endeudamiento y la fuga de capitales consecuente ( ver gráfico) , cobran nueva relevancia. 

Una perspectiva histórica de los contrastes entre el régimen de valorización finaciera y el sustitutivo y mercadointernista abierto por el kirchnerismo se lee en el estudio DEUDA EXTERNA, FUGA DE CAPITALES Y RESTRICCIÓN EXTERNA. DESDE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR HASTA LA ACTUALIDAD  trabajo realizado para - el clausurado por Macri - CEFID-AR por los investigadores del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO del que extraemos sus conclusiones:

Durante los últimos 40 años la deuda externa, ya sea por su inédita expansión o por su posterior y no menos relevante disminución, ocupó un lugar central en el comportamiento macroeconómico de la economía argentina. Ciertamente, la dictadura militar en 1976 puso en marcha un patrón de acumulación de capital contrapuesto a la sustitución de importaciones que había predominado desde la década de 1930. 

En ese nuevo planteo económico, social y político que perduró hasta el 2001, el papel de la deuda externa estatal y privada, y la fuga de capitales locales al exterior que operó como su contracara, fueron insustituibles para plasmar el nuevo proceso de acumulación de capital. No caben dudas que el sector privado fue decisivo en el nuevo funcionamiento económico al concretar el proceso de valorización financiera sustentado en el circuito conformado por diversos momentos sucesivos: el endeudamiento externo, la valorización financiera en el mercado financiero interno y la fuga de recursos al exterior. Sin embargo, no se trató de una creación que fue resultado únicamente de la dinámica del “mercado” sino de una imposición desde el Estado cuya naturaleza se modificó drásticamente por parte de una nueva alianza dominante, cuyo núcleo estuvo conformado por el capital financiero internacional y los grupos económicos locales. 

La acción del Estado -tanto de la administración central como de las provinciales, las empresas públicas y el aparato represivo- fue determinante por varios motivos: a) produjo desde el mismo momento del golpe de Estado una inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores que marcó una nueva matriz distributiva en el largo plazo y se perfeccionó durante la década de 1990 mediante la irrupción de un desempleo masivo; b) impuso como parte de su política económica la apertura en el mercado de bienes y de capitales; c) proveyó mediante su propio endeudamiento las divisas que hicieron posible la fuga de capitales al exterior; d) determinó a través de su endeudamiento en el mercado interno la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna y la internacional que permitió la valorización financiera de los sectores oligopólicos; e) estatizó la deuda externa privada mediante los seguros de cambio durante la década de 1980; f) enajenó el patrimonio nacional mediante la transferencia de la propiedad de las empresas públicas a los grupos económicos locales y empresas extranjeras durante la década de 1990. 

En este contexto, es ineludible señalar que todas estas transformaciones socialmente tan regresivas fueron inicialmente posibles por el inédito aniquilamiento de las organizaciones populares mediante la represión estatal y luego por una modificación del sistema de representaciones basado en el “transformismo gramsciano” que cobró forma durante los gobiernos constitucionales que le sucedieron, cuando los sectores de poder integraron a su área de influencia a los dirigentes de los sectores subalternos pero sin otorgarles ninguna concesión a sus respectivas bases sociales. 

Desde el 2003 en adelante, la deuda externa siguió siendo decisiva pero estuvo signada por un proceso contrario al que tuvo en el patrón de acumulación anterior, es decir, por el desendeudamiento y el cambio de la composición de la deuda pública. Estas 80 modificaciones tan relevantes se desplegaron en un contexto en el que la política económica privilegió la expansión de la economía real impulsando el consumo y la industrialización, logrando tasas de crecimiento desconocidas por sus altos registros. Ciertamente, durante la primera gestión del kirchnerismo se constató en la economía internacional una reversión en los términos del intercambio que habían imperado a lo largo del largo ciclo de la industrialización sustitutiva, lo cual fue importante para expandir las exportaciones y el nivel de actividad. Sin embargo, todo parece indicar que lo decisivo para garantizar ese elevado crecimiento fue la expansión del consumo interno y de la inversión bruta fija. 

El hito fundamental en términos del desendeudamiento fue el canje con quita consumado en 2005, mientras que el posterior realizado en 2010 fue complementario pero destacable porque permitió incrementar el monto de la deuda que adhirió al canje por encima del 90%. En cambio, en la modificación de la composición de la deuda externa fue decisiva la estatización de los fondos jubilatorios que pasaron a ser administrado por la ANSES, lo cual permitió incrementar la deuda externa en manos del propio sector público y disminuir, en consecuencia, la tenencia del sector privado. Estas políticas que fueron complementarias entre sí, se desplegaron en dos etapas dentro del ciclo del kirchnerismo que mantuvieron diferencias que pueden entenderse como significativas en términos políticos y económicos. 

El primero de esos gobiernos tuvo una impronta decididamente nacional que se expresó en múltiples medidas (canje con quita de la deuda externa, pago al FMI para lograr autonomía en la política económica, mantenimiento del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, etc.). Si bien como parte de ese enfoque se consideró que los grupos económicos locales, que habían ejercido la hegemonía durante el patrón de acumulación anterior, formaban parte constitutiva y relevante de la burguesía nacional, es decir, del bloque social popular. Sin embargo, al mismo tiempo abandonó el “transformismo” y se retomó al planteo clásico en el cual se efectúan concesiones efectivas a los sectores populares tales como fueron el retorno a las negociaciones salariales mediante las paritarias o la notable recomposición del sistema de jubilaciones, etc. La segunda etapa de este ciclo de gobiernos (2008 en adelante) implicó un cambio cualitativo porque en esos años se concretó una forma de Estado específico de carácter “nacional y popular”. 

El punto de inflexión entre una y otra etapa lo señaló el histórico conflicto de 2008 con el agro pampeano, a raíz de la Resolución Nº 125 sobre las retenciones móviles, que le permitió al kirchnerismo reconfigurar el bloque de poder de la valorización financiera que aparecía fragmentado a fines de ese modelo bajo la propuesta devaluacionista (asociada a los grupos económicos locales y el capital extranjero industrial) y la que proponía la dolarización de la economía (vinculada a los acreedores externos, al capital extranjero ligado a los servicios públicos privatizados y al sector financiero). A partir de allí, el gobierno intensificó el tutelaje estatal sobre los sectores populares -mediante medidas que buscaron incrementar la participación de los asalariados en el ingreso y también a través de institucionalizar reivindicaciones de minorías diversas-, redoblando al mismo tiempo sus esfuerzos encaminados para disciplinar a las diferentes fracciones del 81 capital dominante que formaban parte del bloque de poder de la valorización financiera, incluyendo también a los grupos económicos locales. Ambas etapas presentan además diferencias significativas en términos económicos y del contexto internacional en que se desenvolvieron. 

Mientras que en la primera de ellas se registró un inédito crecimiento económico, en la siguiente la expansión fue considerablemente más reducida pero ese hecho no dio lugar a la aplicación de políticas ortodoxas destinadas a garantizar una creciente rentabilidad del capital oligopólico, sino que por el contrario se propuso seguir mejorando las condiciones de vida de los sectores populares. Visto en perspectiva se puede asumir como hipótesis de trabajo que el gobierno, en el marco de la segunda etapa del kirchnerismo, entre el último trimestre de 2011 y diciembre de 2013, llevó a cabo su intento más profundo para “desdolarizar” la economía argentina. Más allá de los errores que puedan atribuírsele a la forma de implementar esa política, lo que sí permitió confirmar ese enfrentamiento con el poder económico y político establecido fue que la elevada dolarización de la economía tenía profundas raíces estructurales. En primer término, esa característica está estrechamente vinculada con el elevado grado de concentración y extranjerización de la estructura productiva, ya que obviamente esta importante fracción del capital define su rentabilidad en términos de divisas. 

Sin embargo, en este mismo sentido hay otro factor trascendente que consiste en la acentuada dolarización que actualmente exhibe la burguesía nativa. El tema de la dolarización del portafolio por parte del capital extranjero es indiscutible porque se trata de un proceso de larga data sobre el cual hay múltiples diagnósticos e interpretaciones, pero no ocurre lo mismo con la expansión de ese fenómeno a la burguesía local y por lo tanto es necesario analizarlo brevemente. 

Una de las consecuencias del patrón de acumulación que puso en marcha la dictadura militar fue que al impulsar la fuga de capitales locales al exterior mediante la apertura del mercado de capitales, instaló como rasgo estructural la internacionalización financiera no sólo del núcleo central de la burguesía local (los grupos económicos locales) sino también de los estratos sociales de altos ingresos en general. Esta internacionalización se expresó de una manera contundente en la composición de la fuga de 2001 y las evidencias parciales que sobre la misma se identificaron durante la última década (la composición de los depósitos en el BNP Paribas; el contenido de la denuncia de Hernán Arbizu que fue funcionario del J. P. Morgan en Nueva York y la composición de los depósitos en la sucursal suiza del HSBC que le transfirió el gobierno francés a las autoridades argentinas). Este nuevo rasgo estructural tiene múltiples y relevantes consecuencias, entre las que se encuentra ser uno de los factores que caracteriza la actual restricción externa que afecta al funcionamiento de la economía argentina. Ello, por la vía de la fuga de capitales locales al exterior y la remisión de utilidades del capital extranjero. Junto a esta problemática converge la disminución del saldo comercial resultante de un conjunto de factores que es conveniente tener en cuenta. 

Un primer fenómeno es la crisis mundial que se inició a fines de 2008 y continúa en la actualidad. Si bien su importancia es indudable no se trata del único proceso que restringe los resultados de la balanza comercial ya que también en ese sentido inciden 82 algunas actividades que se constituyen como las más dinámicas de la producción industrial -automotriz y los aparatos eléctricos y electrónicos ensamblados en Tierra del Fuego- y que son, al mismo tiempo, las que generan un mayor déficit en el sector externo. A ellos se les suman las importaciones energéticas (fundamentalmente gas natural) que tuvieron un déficit relevante y creciente desde 2011 en adelante debido a la falta de inversión por parte del oligopolio sectorial. Finalmente, cabe destacar que la situación del sector externo se vio agravada por el intento de extorsión de los “fondos buitre” que contaron con la complicidad no sólo del juez Griesa sino también del conjunto del sistema judicial norteamericano. Se trata de un conflicto internacional en el que la Argentina cuenta con el apoyo de un amplio espectro de organismos internacionales y que no es pasible de ser negociado ya que no solamente están en juego ingentes recursos económicos y el resguardo de la equidad respecto a los acreedores que accedieron al canje, sino principalmente la soberanía nacional.

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