La Doctrina Macri, ¿un búmeran contra PRO?
Por: Juan Rezzano | Para Letra P
En 2006, el partido del Presidente sostuvo la teoría que hizo caer a Aníbal Ibarra por la tragedia de Cromañón. Ahora el fiscal Delgado pide indagar a funcionarios de Larreta por la fiesta electrónica
Cuando, este lunes, introdujo la palabra Cromañón en el pedido de detención de uno de los organizadores de la fiesta trágica de Costa Salguero, el fiscal federal Federico Delgado produjo un cimbronazo en el edificio del Gobierno porteño, ubicado en el barrio de Parque Patricios. A 7 kilómetros de ahí, en Plaza de Mayo, una réplica sacudió, también, el despacho principal de la Casa Rosada. Pero los temblores fueron más fuertes este martes, cuando Delgado, que investiga la muerte de cinco jóvenes de entre 20 y 25 años en la llamada Time Warp, pidió que sean citados a declaración indagatoria funcionarios de la administración que encabezaHoracio Rodríguez Larreta. La Doctrina Macri, que permitió la destitución de Aníbal Ibarra en el año 2006 porque estableció que el entonces jefe de Gobierno era responsable de las fallas en los controles que habían convertido al boliche de Once en una trampa letal para los asistentes al recital deCallejeros, amenaza ahora, diez años después, con volvérsele en contra al partido del jefe de Estado.
El martes 7 de marzo de 2006, la Legislatura porteña destituyó al entonces titular del Ejecutivo local por “mal desempeño en sus funciones”. De los diez votos que eran necesarios para voltear a Ibarra, el 70 por ciento fue aportado por representantes de las fuerzas políticas que hoy integran el frente gobernante Cambiemos: cuatro del PRO (por entonces, todavía Compromiso para el Cambio), dos de la Coalición Cívica de Eisa Carrió y uno de la UCR. El debate del proceso de juicio político contra el ex diputado del Grupo de los 8 había girado en torno a una controversia central: si el titular del Gobierno era responsable de las acciones de sus funcionarios de tercera y cuarta líneas. O sea: si había posibilidades reales de que una sola persona tuviera influencia directa en todas las decisiones que tomaba la administración y, en consecuencia, si era razonable imputarle todas las faltas que pudiera cometer el gobierno que encabezaba.
El dato que cobra relevancia ahora es éste: en aquel proceso, el principal acusador y, por tanto, el principal promotor de la teoría que sostenía que la cabeza de la administración era responsable de las acciones y decisiones de sus terceras y cuartas líneas, fue el PRO. Y el vocero más importante de esa fuerza fue su fundador y líder, el por entonces diputado nacional y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, que, en virtud de esa proactividad, fue acusado, en el frenesí de la discusión política, de promover un golpe institucional contra el alcalde frepasista, con quien había perdido –en segunda vuelta- en las elecciones porteñas de 2003.
Por aquellos días, el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba aconsejaba despegar a Macri y a la fuerza que lideraba de la promoción del juicio político. Y Rodríguez Larreta, por entonces vicepresidente de partido, se hamacaba en una delgada cuerda: señalaba que el macrismo prefería que Ibarra siguiera gobernando los dos años que le quedaban, hasta finalizar su mandato, pero también admitía: “Si se abriera el juicio político, se trata de un mecanismo previsto en la Constitución de la Ciudad".
Dijo Macri, por ejemplo, dos días después de la destitución de Ibarra:
“Lo único que ha movido a los legisladores es la verdad. La verdad es que si se hubiesen hecho bien las cosas se habría evitado Cromañón”.
El ahora primer mandatario fue coherente con esa postura hasta, al menos, hace dos años. Sostuvo en 2014, consultado por la prensa a propósito del décimo aniversario de la tragedia:
"Lo que pasó (el 30 de diciembre de 2004 en Cromañón) no fue un hecho mediático; esto pasó y fue muy doloroso. Lo que pasó fue una enorme responsabilidad de todos los que estuvieron en el lugar, de los dueños, los músicos, de los que encendieron la bengala y de los que tenían a cargo los controles. Fue una confluencia de demasiadas fallas de un sistema que nos pasó la factura de forma muy dolorosa".
INDAGATORIA. Según informó este martes el portal Infobae, el fiscal Delgado le pidió al juez federal Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la causa por la tragedia de la fiesta electrónica, que llame a declarar, en calidad de imputados, a efectivos de Prefectura, a responsables del predio de Costa Salguero, a empleados de la empresa de seguridad privada y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
El fiscal, según ese medio digital, tienen elementos para sospechar que existió "connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina" para permitir la venta de drogas dentro del predio, que habría sido “una especie de `zona liberada”. Además, intentará determinar si las condiciones del lugar "hicieron posible la tragedia que resultó con cinco muertes".
Además de pedir “de manera urgente” que se cite a indagatoria al prefectoAlberto Gabriel Pandiani, al subprefecto Adrián Álvarez, a la cabo segundaIvana Gómez, al encargado de la seguridad interna de la fiesta apodado "El Chino" –previa identificación de su nombre–, a Ezequiel Venturino, de la empresa SISEG, responsable de la seguridad privada; a Carlos Garat, a cargo del plan de evacuación; a Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero, y aMaximiliano Ávila, apoderado de Dell Producciones, la empresa organizadora de la fiesta, le requirió a Casanello que convoque a "los representantes de la Dirección de Fiscalización y Control del GCBA", uno de ellos de apellido Fontanellas, según indicó Infobae.
En su requerimiento, el fiscal señala la existencia de las firmas de los acusados en un acta firmada el día de la fiesta (viernes 15), a las 19, por la Gerencia Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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