La gran apuesta
Por Alfredo Zaiat
Una pregunta que ha empezado a recorrer con intensidad en el mundo de
los hombres de negocios es si puede funcionar la estrategia económica del
gobierno de Mauricio Macri. La definición de “funcionar” la refieren a ubicar a
la economía en un sendero de crecimiento con preservación de una tasa de
rentabilidad elevada, disminución de la inflación y estabilidad social. No es
que extrañan lo que despectivamente mencionan como “populismo”. Conseguido el
objetivo de desplazar el proyecto político que rechazaban, incluyendo al
repudiado “intervencionismo estatal” en la dinámica de la actividad privada,
empiezan a emerger dudas sobre las perspectivas de la economía en general, y de
su empresa en particular. La promesa oficial es que superado el conflicto con
los fondos buitre, última estación del ajuste que denominan “sinceramiento” que
recorrió las paradas de la megadevaluación, el daño fiscal autoinfligido con la
eliminación de retenciones, el tarifazo y la apertura comercial, comenzará la
recuperación de la economía. La cuestión que no tiene respuesta oficial, dado
que el consumo interno tiene una relevancia central en la economía doméstica,
es cómo lograrán encender los motores del crecimiento luego de provocar una muy
fuerte regresión distributiva del ingreso castigando el salario y beneficiando
al complejo agroexportador, sectores industriales exportadores, empresas de
servicios públicos y al sistema financiero local e internacional.
La economía transita el peor momento del ciclo, tranquiliza el gobierno
y promete que a partir de ese piso comenzará la recuperación. La duda que
atraviesa al sector empresario es si el presente ajuste es sólo un trago amargo
o el inicio de uno mayor porque se abrieron las puertas a un círculo vicioso de
deterioro. En estos meses ha habido inflación elevada provocada por la
megadevaluación, el tarifazo y la eliminación de las retenciones conviviendo
con salarios viejos en muchos sectores a la espera de las negociaciones
paritarias. Coexistiendo además con altas tasas de interés del Banco Central,
cuya conducción asegura que las seguirá sosteniendo en esos niveles hasta tanto
no haya señales de reducción de la inflación. Así ha aumentado el costo
financiero y disminuido el acceso a préstamos.
Si bien el canal dinamizador del crédito es limitado debido a su escasa
relevancia en la economía, representando apenas el 12 por ciento del PIB, las
tasas altas enfrían aún más esa demanda para el consumo y las empresas. En lo
que va del mes, ha habido un importante retroceso en el promedio mensual del
stock de los Adelantos en cuenta corriente, la financiación vía Documentos y a
través de Tarjetas, según las estadísticas proporcionadas por el BCRA. Hasta el
año pasado el crédito productivo estaba impulsado por líneas subsidiadas que el
Banco Central restringió.
La gran apuesta del Gobierno a la inversión privada queda entonces
condicionada a una tasa de rendimiento esperada casi imposible de competir con
el costo de oportunidad del capital al 38 por ciento anual de las Lebac del
BCRA. Las inversiones se postergan además por el enfriamiento del mercado
interno, la debilidad del crecimiento del comercio internacional y la
pronunciada recesión brasileña.
Inversión
Existe una notable disociación en los protagonistas del mundo
empresario entre la ideología y las condiciones materiales para permitir su
desarrollo. Con una estrategia económica “populista” crecía su actividad pero
no tenían “libertad”; ahora tienen libertad pero su negocio no prospera. Antes
criticaban a los subsidios porque significaban derroche de recursos públicos, y
ahora cuando se aplica una reducción de ese beneficio reclaman porque registran
un aumento de sus costos asfixiante. Son propagandistas del liberalismo pero
cuando se aplica esa receta se sienten amenazados por la apertura económica que
facilita la colocación de productos de China o excedentes de producción de
países en crisis, como Brasil, en el mercado local. El argumento de la
“herencia recibida” es de corto trayecto político y sólo podrán seguir
manteniéndolo aquellos que padecen el Síndrome CCL (Capacidad de Comprensión
Limitada).
Es una gran apuesta del oficialismo que el sector privado invierta y
actúe como motor del crecimiento. Todas las medidas económicas que ha
implementado son procíclicas, o sea agudizan las condiciones internas y
externas desfavorables para la economía. El empresariado invierte cuando tiene
perspectivas de aumento de la demanda por el crecimiento económico; la relación
causal es inversa a la que postula el Gobierno. El panorama no es el más
favorable para reclamar inversiones y cuidar el empleo como interpeló el
presidente Macri a los dueños y principales ejecutivos de las grandes firmas
que operan en el país. El comercio mundial no muestra señales positivas, Brasil
está en una profunda recesión y el mercado interno ha sido castigado por la
suba de la tasa de interés y el shock inflacionario que deprimió la capacidad
de compra del salario.
Como la inversión privada no muestra la vitalidad reclamada, el
Gobierno se abraza el salvavidas del ingreso de capitales financieros
especulativos luego de firmar la capitulación en el juzgado de Griesa y
posterior pago a los fondos buitre. Pero la tranquilidad transitoria que esos
fondos puedan brindar junto al período de mayor liquidación de divisas de la
cosecha, sigue sin ofrecer un horizonte que permita prever la salida de la
actual recesión hacia un sendero de recuperación del Producto Interno Bruto. En
ese tránsito, si los dólares especulativos no son suficientes, la opción
prevista para el segundo semestre es un nuevo blanqueo de capitales. De ese
modo la gran apuesta es que la acumulación financiera se convierta en el factor
dinamizador del crecimiento, aunque los antecedentes de esa estrategia no son
muy alentadores en ese sentido.
El objetivo oficial de corto plazo, pensando en las elecciones de medio
término de 2017, es alcanzar una tasa de inflación anualizada similar a la de
octubre del año pasado. O sea, llegar al mismo punto de partida previo al nuevo
gobierno, aunque concretando en el trayecto una impresionante transferencia de
ingresos. Con una tasa de inflación de abril estimada del 6,5 al 8,0 por
ciento, la acumulada en lo que va del año sumará 20 por ciento, y del 27 al 29
por ciento desde fines de octubre. Los aumentos de precios empezaron a
filtrarse por la expectativa de megadevaluación luego del resultado en la
primera vuelta y por la declaración de Alfonso Prat-Gay referida a que la
modificación de la paridad cambiaria no iba a impactar en los precios. No fue
así y el shock inflacionario ha provocado una caída del 16 al 20 por ciento en
el salario real en apenas cuatro meses.
Tarifazo
El titular de Techint, Paolo Rocca, trasmitió el siguiente reclamo en
un Encuentro Multisectorial organizado por IDEA, el jueves pasado: existe “la
necesidad de que el gobierno vaya mostrando ‘senderos’ que permitan a los
empresarios acelerar la planificación y los proyectos de inversión”. En áreas
del gobierno y en ámbitos del poder económico (IDEA y AEA) existen lapidarias
críticas a la falta de coordinación en el equipo económico, que promete saldar
con la presentación del programa fiscal-financiero (Prat Gay) y monetario
(Sturzenegger). Esa falta de coordinación –”senderos” para Rocca– en la gestión
de gobierno quedó más en evidencia con el manejo del tarifazo. Por un lado, el
ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumando irritación en las semanas
previas al anuncio y confusión luego de informarlo. Por otro, el ministro de
Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mostrando su costado humorístico al
indicar que el ajuste sería gradual y cuidando el bolsillo de la población para
luego desmentir a su colega de Energía acerca de que no habrá una segunda
vuelta.
La consultora de Miguel Bein realiza en su último informe una
observación crítica acerca del fuerte ajuste aplicado a la tarifa de gas.
Considera que los aumentos en los servicios (luz, gas, agua, transporte y
naftas) no pueden calificarse de “graduales” (estima que en forma directa suma
8 puntos porcentuales a la tasa de inflación en abrilmayo). Indica que la
devaluación aumentó los costos en pesos de los subsidios energéticos, y advierte
que el tarifazo en gas priorizó la transferencia de recursos a las petroleras
en lugar de disminuir la carga en las cuentas fiscales. Estimó que de los 3500
millones de dólares que implican el nuevo precio que pagarán familias y
empresas, sólo una tercera parte reducirá las erogaciones del fisco, mientras
que el resto irá a las arcas de las petroleras. Menciona, como es previsible,
que el aumento del gas impactará en los costos (competitividad) de las empresas
(por ejemplo, en las petroquímicas) y también en los costos de generación de
energía eléctrica. Entonces especula con que si no se modifica ese sesgo del
ajuste subirá la cuenta de los subsidios o habrá un nuevo aumento de las
tarifas eléctricas.
Deuda y atraso cambiario
En el esquema del ajuste ortodoxo del Gobierno, el endeudamiento es el
puente para cruzar hacia el camino del crecimiento ayudado con el ingreso
estacional de dólares por el período de mayor ritmo de liquidación de la
cosecha. El atraso cambiario también empieza a ser evaluado como un atajo para
disminuir la tasa de variación de los precios y frenar la caída de la economía.
No deja de sorprender la capacidad de adaptación discursiva de la ortodoxia.
Durante los últimos años ha cuestionado lo que evaluaban como una política de
atraso cambiario y ahora, luego de padecer la perturbadora experiencia de la
megadevaluación, terminan apelando a esa misma estrategia de estabilización.
¿No será que la mejora de la competitividad de la economía argentina requiere
de otras variables que no sea el tipo de cambio? ¿No será que quienes insisten
con la competitividad-tipo de cambio, en realidad, lo que están buscando son
rentas extraordinarias para sus capitales dolarizados? Mientras la ortodoxia
sigue confundida en su laberinto conceptual, continúan las expectativas de una
mayor devaluación en los principales actores económicas, por ahora contenidas
con una tasa del 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA.
Luego de la megaemisión de deuda y si Prat-Gay cumple con lo prometido,
no habrá nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional. El
financiamiento para pagar deudas y cubrir el desequilibrio fiscal –una parte se
atenderá con adelantos del BCRA– será entonces con emisión de deuda en pesos y
en dólares en el mercado doméstico. La estimación es que el gobierno requerirá
de 13.000 a 16.000 millones de dólares para cerrar las brechas fiscal y
externa.
El desafío de este objetivo es doble: la escasa profundidad de la plaza
local para absorber el monto requerido para cubrir esas necesidades, que
desplazará el escaso crédito al sector privado para destinarlo a financiar al
Estado, y la alteración de la confianza inversora luego de manipular el índice
de actualización de bonos atados al CER (fue reemplazado el IPC-CABA, elegido
inicialmente por Economía, por el IPC-San Luis, que se ubica por debajo del
primero). En su momento, cuando comenzaron los cambios en el indicador de
precios del Indec, en 2007, expertos en finanzas aseguraron que se trataban de
un nuevo default y que, por ese motivo, empezó a subir el riesgo país –la tasa
de interés que debía pagar Argentina para emitir deuda–. Si bien en otro
contexto político, no aparecen ese tipo de análisis que más que técnicos se
revelan ahora que tenían una clara intencionalidad política de obturar el
acceso del anterior gobierno al financiamiento en el mercado de capitales.
Si bien la apertura de la cuenta capital puede ayudar a financiar la
transición propuesta por el macrismo, con un menor costo en términos de
inflación y recesión, no es condición suficiente para asegurar el lanzamiento
de un vigoroso proceso de inversión privada. Más aún cuando existe un fenómeno
estructural de la economía local que lo limita: la fuga de capitales. En el
primer trimestre de este año sumó de 3500 a 4000 millones de dólares,
información que el Banco Central conoce y no difunde. La restricción del
desarrollo no es la existencia de un cuestionamiento social a que los
empresarios ganen mucho dinero, como se lamenta el establishment, sino a que gran
parte de las ganancias la fugan.
El esquema macroeconómico del macrismo está basado fundamentalmente en
domesticar la puja distributiva para alentar la inversión privada. Para ello
impulsa una ola de despidos masivos (público y privado) que no debe ser frenada
por ley para que una tasa de desempleo creciente discipline a los trabajadores
en sus reclamos salariales. Es un supuesto muy fuerte teniendo en cuenta la
historia económica argentina, el elevado piso desde donde parten las
condiciones materiales de los trabajadores y la tradición de resistencia de
sectores gremiales.
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